Miguel Ferre abandona Kreab por su imputación en el ‘caso Montoro’: quiénes son los otros 27 involucrados en la trama de Hacienda

Miguel Ferre, quien fuera Secretario de Estado de Hacienda entre 2012 y 2016, se ha visto obligado a dejar su puesto en la consultora Kreab, donde ejercía desde el año 2020 como Senior Partner de Asuntos públicos, debido a su imputación en el ‘caso Montoro’. Ambas partes han acordado la suspensión de sus funciones con efecto inmediato, tal y como ha detallado Europa Press.

Los informes policiales incluidos en el sumario del caso apuntan que Miguel Ferre mantuvo relaciones y recibió pagos por parte de Equipo Económico, el despacho fundado por Cristóbal Montoro, antes de que asumir su cargo en el Ministerio de Hacienda.

El Tribunal de Instrucción número 2 de Tarragona está llevando a cabo una investigación centrada en el exministro Montoro, otros ocho altos cargos públicos, los socios de Equipo Económico y varios directivos del sector privado y empresarial.

El juez atribuye a esta red la finalidad de obtener beneficios económicos mediante reformas legales “a la carta”, dictadas para favorecer a empresas gasistas que, a cambio, habrían abonado contraprestaciones al despacho legal vinculado a Montoro.

Durante su etapa en Hacienda, Ferre desempeñó un papel clave en la elaboración de reformas fiscales que presuntamente beneficiaron a las empresas gasistas implicadas. Las evidencias obtenidas a través de intervenciones de correos electrónicos y documentación de los Mossos d’Esquadra, situarían al exsecretario en el centro de la trama investigada.

El detonante del cese de Miguel Ferre en Kreab ha sido su imputación judicial en el ‘Caso Montoro’, motivo por el cual ambas partes han pactado su salida para garantizar la operatoria interna de la empresa y permitir que Ferre pueda centrarse en su defensa.

El comunicado oficial ha subrayado que los hechos por los que se investiga a Ferre no guardan relación con Kreab y ocurrieron hace más de una década. Durante este periodo, la dirección del área de Asuntos Públicos queda en manos de Pablo Vera, socio de la firma.

El sumario destaca que “se ha constatado” que Montoro designó a varios altos funcionarios “estrechamente vinculados” con Equipo Económico. Así, las leyes aprobadas por el Ministerio de Hacienda desde 2014 hasta 2018, podrían haber favorecido los intereses de las empresas específicas, muchas de ellas clientes del despacho.

Una de las piezas determinantes fue la Agencia de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), cuyos pagos coincidieron en el tiempo con los cambios normativos. Además, a la presunta manipulación legislativa se suma la hipótesis de cobro de comisiones, con hasta 28 personas y seis entidades jurídicas bajo investigación.

El círculo más estrecho de Montoro está siendo investigado e incluye a altos cargos nombrados directamente bajo su mandato:

• Miguel Ferre Navarrete y su director de gabinete, José María Buenaventura Zabala (que dimitió en 2014 por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid) ambos señalados por su papel en la redacción de leyes favorables al sector gasista y su relación con el despacho.
• Pilar Platero Sanz, que alternó cargos en el Gobierno y en Equipo Económico, siendo socia directora del bufete de 2009 hasta 2011, y subsecretaria de Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy de 2011 a 2016.
• Los hermanos Felipe y Ricardo Martínez Rico: el primero, exdirector de gabinete de Montoro y subsecretario de Hacienda, y el segundo, presidente ejecutivo y socio fundador de Equipo Económico, también consejero de empresas que realizaron pagos al despacho a la vez que se producían las reformas investigadas.
• Tres socios de Equipo Económico, que pasaron antes por puestos directivos en Hacienda: Salvador Ruiz Gallud (director general de la Agencia Tributaria de 2001 a 2004) y su director de gabinete en aquella época Manuel de Vicente-Tutor, y Francisco Piedras Camacho, director del gabinete del ministro Montoro entre 2003 y 2004.
• Los directores generales de Tributos durante el periodo bajo sospecha: Diego Martín-Abril y José Alberto García Valera, este último posteriormente socio de la consultora EY, identificada como presunta participante en la elaboración de informes que justificaron las reformas.
• Óscar del Amo Galán, que ha sido cesado como subdirector general de tributos locales del Ministerio de Hacienda (bajo el mandato de María Jesús Montero) tras ser imputado por tener contacto con empresas gasistas.
• Los hermanos Rogelio y Santiago Menéndez Menéndez: el primero, hasta ahora director económico financiero de Loterías y Apuestas del Estado, y el segundo, director de la Agencia Tributaria en los momentos clave de la trama, ambos imputados por supuestas relaciones y pagos desde Equipo Económico.

Por parte del despacho, se encuentra también Covadonga Gómez Garrido, responsable administrativa y apoderada de empresas instrumentales ligadas al bufete entre 2009 y 2017, señalada por canalizar facturación y pagos de las sociedades de los socios implicados.

Además de las personas físicas, el caso engloba a directivos y representantes de cinco empresas gasistas (Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos) y la patronal AFGIM. Los responsables de estas seis entidades jurídicas -en total, 14 altos directivos- están imputados, acusados de abonar sumas al despacho legal en paralelo a las reformas fiscales beneficiosas.

El auto judicial subraya que, entre las pruebas, constan correos, informes policiales y registros de pagos que ilustran cómo los cambios normativos requeridos por el sector quedaron reflejados en la legislación fiscal española tras negociaciones e intermediaciones de los ahora investigados.

El propio exministro Montoro, presidente y consejero de Equipo Económico hasta 2008, permanece como figura central del caso, con su círculo de confianza, exsocios y antiguos subordinados bajo la lupa de la justicia, que sigue desgranando conexiones a nivel político, empresarial y profesional.