Instituciones Penitenciarias decide dejar de informar a la Guardia Civil sobre las visitas a Santos Cerdán en prisión

Instituciones Penitenciarias ha decidido finalmente no comunicar a la Guardia Civil las visitas que reciba en prisión el exdirigente socialista Santos Cerdán, incluidas las de sus abogados. La decisión llega después de que el Tribunal Supremo recordara que debe ceñirse estrictamente a la normativa vigente, según consta en un escrito oficial al que ha tenido acceso EFE.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que le informara —preferiblemente con antelación— de todas las visitas a Cerdán en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid). La petición incluía también los encuentros con sus abogados, al considerarlos “de interés para las investigaciones” en curso.

Prisiones accedió inicialmente a la solicitud de la UCO e informó al Tribunal Supremo de que estaba cumpliendo con ese requerimiento, a menos que el alto tribunal ordenara lo contrario. La respuesta no tardó en llegar.

El magistrado del Supremo Leopoldo Puente aclaró en su respuesta que él no había dictado “ninguna resolución judicial” autorizando ese tipo de comunicaciones con la Guardia Civil, y señaló que se debía actuar “en los términos que considere normativamente conducentes”.

Ante esa advertencia, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, remitió un nuevo escrito al tribunal en el que revoca la colaboración con la UCO y declara que queda “sin efecto el cumplimiento” de dicha solicitud.

Fuentes de la defensa de Santos Cerdán, citadas por EFE, han denunciado la solicitud de la Guardia Civil como un “atropello” al derecho de defensa del exdirigente socialista, al entender que vulneraba las garantías procesales básicas en un Estado de derecho.

La vista celebrada este martes en el Tribunal Supremo ha puesto el foco en el recurso de apelación presentado por la defensa de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, quien permanece en prisión provisional desde el pasado 30 de junio. Sus abogados han elevado un duro reproche a la instrucción, denunciando que su cliente está siendo víctima de una “presunción de indecencia”, una inversión del principio constitucional de presunción de inocencia que, según ellos, marca toda la actuación judicial contra él.

“Pasamos de la presunción de inocencia a una presunción de indecencia, como si simplemente por haber ocupado un cargo político ya estuviera contaminado”, expresaron los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo ante la Sala de Apelación del Supremo, integrada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, este último ponente del recurso. La expresión, que ha trascendido ampliamente en medios y redes, resume el sentir de la defensa: que la prisión provisional responde más a un juicio político y mediático que a criterios jurídicos sólidos.

Según expusieron en la vista, el juez instructor Leopoldo Puente podía haber optado por otras medidas cautelares menos gravosas, como registros domiciliarios o la retirada de pasaporte, especialmente desde que Cerdán dejó de estar aforado el pasado 16 de junio. Subrayaron que su teléfono móvil fue entregado voluntariamente a su familia y que se notificó al Supremo de un cambio de domicilio sin que se ordenara ninguna actuación urgente, lo que, a su juicio, contradice la tesis de un “riesgo inminente” de destrucción de pruebas.

La defensa también replicó al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien en su escrito criticó duramente la actitud de Cerdán en su declaración del 30 de junio, calificándola como una “entrevista amable”, e incluso insinuó que fue un “masaje” más que una comparecencia judicial. Los letrados respondieron que Cerdán no se negó a declarar por estrategia dilatoria, sino porque ni el magistrado ni la Fiscalía le formularon preguntas ese día. “No fue un interrogatorio porque no quisieron que lo fuera”, sostuvieron.

Por parte del Ministerio Público, sin embargo, se insiste en que existen “indicios sólidos” de criminalidad y un “riesgo procesal evidente”, dado que todavía quedan elementos clave de la investigación por esclarecer, incluyendo personas presuntamente implicadas que aún no han sido identificadas formalmente. La Fiscalía considera que, al ser Cerdán el presunto nexo político en la trama de adjudicaciones irregulares, su libertad podría comprometer el avance de la instrucción.

El Supremo ha quedado visto para sentencia sobre el recurso. La decisión que adopte podría marcar no solo la situación personal de Cerdán, sino también el tono del desarrollo procesal de la causa en el alto tribunal. Fuentes jurídicas apuntan a que el fallo podría conocerse en los próximos días, y será un indicador claro de si la Sala considera desproporcionada la medida de prisión provisional o si la avala como herramienta legítima para proteger la integridad de la investigación.

Entretanto, el caso sigue tensionando políticamente al PSOE, cuyo secretario general, Pedro Sánchez, aún no se ha pronunciado públicamente desde el ingreso en prisión de quien fue uno de sus colaboradores más cercanos. En el Congreso, el PP ha intensificado la presión, presentando iniciativas de fiscalización parlamentaria que buscan no sólo depurar responsabilidades, sino también vincular al núcleo duro del partido con la trama investigada.