El Congreso se queda sin apellidos para adoptar un lenguaje inclusivo y amplía los casos para que los diputados puedan votar a distancia

La actividad en el Congreso afronta este martes uno de sus últimos coletazos antes del parón por las vacaciones de verano. Aunque julio también es un mes inhábil, la Cámara Baja reúne este martes a sus señorías con motivo del “pleno escoba” extraordinario en el que se debatirá ocho iniciativas legislativas, de las cuales tres son la convalidación de reales decretos del Gobierno: entregas a cuenta a los ayuntamientos, refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón masivo del 28 de abril y la declaración de eventos culturales como de interés público.

Asimismo, aprobará previsiblemente dos importantes reformas del reglamento del Congreso. Una de ellas está orientada a adaptar el corpus jurídico que orienta la organización y el funcionamiento de la cámara al lenguaje inclusivo de género. La otra plantea aumentar los casos en los que los diputados pueden votar telemáticamente e incluye sanciones a los periodistas que “perturben” gravemente la convivencia y el derecho a la información de otros compañeros. Esta última, a petición de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) para hacer frente a la “intimidación” y “faltas de respeto” por parte de personas acreditadas en el Congreso.

La adaptación del reglamento al lenguaje inclusivo, impulsada por las formaciones que sostienen el Gobierno, PSOE y Sumar, prevé la retirada de “de los Diputados”, así como distinguir entre “el rey o la reina” y “el presidente o presidenta del Gobierno”, entre otros cambios. También, amplía la mención a “diputadas y diputados” en lugar del habitual masculino genérico, o la Presidencia, Vicepresidencia y Secretarías para sustituir al término presidente, vicepresidente y secretario.

“El lenguaje sexista es una fuente para perpetuar estereotipos y desigualdades de género, por lo que utilizar fórmulas inclusivas en el Reglamento del Congreso refuerza los principios constitucionales ya mencionados del artículo 14. Así, se busca eliminar expresiones o estructuras lingüísticas que excluyan o invisibilicen a ciertos grupos, como son en este caso las mujeres”, reza el texto.

La propuesta recuerda que las mujeres representan más de la mitad de la población y el uso del masculino genérico en cualquier tipo de texto, incluidos los de tipo legal, “las coloca en una posición de insignificancia”. “Por suerte, la lengua española es tan rica que nos permite emplear múltiples formas para transmitir mensajes similares sin recurrir a la exclusión y con el mismo grado de rigor. La transformación del lenguaje incide directamente en el avance hacia una sociedad más justa e igualitaria. En ese camino, nuestros órganos constitucionales deben ser grandes ejemplos a seguir”, afirma el texto.

En cuanto a la otra reforma reglamentaria, impulsada por el bloque de la investidura (PSOE, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria), plantea ampliar las excepciones a fin de que los diputados puedan solicitar el voto telemático, una modalidad acotada a escasos supuestos desde que en 2011 se pusiera fin a la exclusiva presencialidad exigida hasta entonces a los diputados.

Entre las medidas incluidas en dicha iniciativa está la modificación del apartado 2 del artículo 82, que consiste en la ampliación de las circunstancias para que la Mesa de la Cámara pueda autorizar la emisión del voto por procedimiento telemático. Hasta ahora, esta acción estaba justificada en situaciones de “embarazo, maternidad, paternidad, enfermedad o en situaciones excepcionales de especial gravedad”.

Asimismo, se aplica “a los miembros de las Delegaciones Permanentes de las Cortes Generales en Asambleas Parlamentarias, o a los Diputados y Diputadas que tuvieran compromisos de representación institucional en el extranjero en cumbres europeas, iberoamericanas, de la OTAN, del G-20, así como reuniones oficiales de la Asamblea General de Naciones Unidas, de sus Convenciones, o asimilados, cuando la participación en sus actividades oficiales les impida la asistencia a la votación en sesión plenaria”.

Con la reforma, sus señorías podrán solicitar el voto telemático para casos de adopción o guarda con fines de adopción o acogimiento, así como tratamientos de reproducción asistida. Además de por motivos de salud o accidente, esta modalidad se hará extensible a aquellos diputados que precisen “atender al cuidado del cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como de otras personas dependientes”. Asimismo, abarca otras situaciones recogidas en el estatuto de trabajadores, como el “fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”.

En cuanto a las sanciones a las personas acreditadas que alteren la convivencia en las instalaciones parlamentarias, el texto incorporó durante su tramitación una mayor concreción sobre los comportamientos que son o no admisibles en el Congreso para dar una mayor seguridad jurídica y que haya un régimen de prescripción en las sanciones, de manera que las muy graves prescriban a los seis meses, las graves a los tres y las leves al mes.

El objetivo es establecer un código de conducta para evitar “el comportamiento de algunas personas acreditadas en el Congreso, que continúan alterando o impidiendo el funcionamiento normal de las ruedas de prensa de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, y que distorsionan el derecho a recabar y trasmitir información veraz”, tal como denunció la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

La medida pretende poner fin a una serie de situaciones anómalas que se viven en el Congreso desde la entrada de agitadores ultras acreditados como periodistas, que han sido objeto de protesta por parte de los profesionales de la comunicación.