El plan de oposiciones del Gobierno para altos funcionarios no convence a los inspectores de Hacienda: “Será imposible asegurar la objetividad”

El último planteamiento del Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública sobre los procedimientos de acceso a la Administración General del Estado (AGE) ha generado una reacción contundente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Una de las críticas más destacadas por este colectivo de altos funcionarios se centra en lo que consideran como “un papel lleno de ambigüedades, palabras incomprensibles y vacías, incongruencias y conclusiones que entrañan un gravísimo peligro para el futuro de la función pública española”, según el comunicado difundido por la propia IHE.

La principal queja de la IHE es la supuesta tendencia del Gobierno a introducir criterios que, según el colectivo, pondrían en riesgo los principios de objetividad e imparcialidad que históricamente han caracterizado el acceso a la función pública. “La captación de talento no puede implicar, bajo ningún pretexto, que se introduzcan criterios que se traduzcan en una desaparición de la actual objetividad que emana de nuestros sistemas de acceso a la función pública o en una rebaja de criterios para el acceso a la misma”, ha declarado la IHE.

La propuesta oficial, presentada este lunes por el Gobierno, en pleno periodo estival y mientras buena parte del país se encuentra de vacaciones, pretende transformar el método tradicional de oposiciones. Dicha reforma incluye un nuevo modelo de oposiciones para altos funcionarios del Estado (grupos A1 y A2), que requerirá superar un curso de posgrado de dos años tras el que los mejores lograrán su plaza pública.

Según afea la organización, los aspirantes accederán a una escuela tras superar un examen de conocimientos generales, para posteriormente –una vez conocidos sus nombres y apellidos– ser seleccionados en función de su idoneidad para ocupar cualquier puesto dentro de las áreas competenciales de la AGE. La IHE denuncia que este planteamiento, “previamente diseñado con una ambigüedad que roza el absurdo”, generaría lo que califican como “el absoluto caos en el servicio público”.

La asociación de inspectores destaca especialmente su preocupación por la “imparcialidad” y transparencia del proceso de selección. “El peor peligro es la errática idea de un funcionario seleccionado con un proceso en el cual será imposible asegurar la imparcialidad y la objetividad”, señala el comunicado de la IHE, que también advierte que la denominada “injerencia política será una realidad sin precedentes en la democracia española”.

El Gobierno ha defendido el nuevo modelo como parte de una modernización de la administración pública, bajo el lema de Consenso por una administración abierta. Sin embargo, la IHE rechaza incluso la elección del título del documento, argumentando que “ni ha habido consenso ni se ha querido escuchar a quienes de Administración saben”. Desde la asociación subrayan que los funcionarios superiores de la AGE han expuesto reiteradamente sus posiciones sobre la materia, a pesar de lo cual “han sido ninguneados por los gobernantes”.

Las críticas del colectivo de inspectores no se han limitado a cuestiones técnicas sobre el funcionamiento de las oposiciones. La IHE interpreta el plan como un intento de “demoler la Administración pública a través de la demolición del capital humano”, con el agravante de ejecutar estos cambios desde la Secretaría de Estado de Función Pública, encabezada actualmente por Clara Mapelli. El comunicado sostiene que la reforma permitiría que una “selección” de personas pueda acceder a puestos de responsabilidad sin las garantías actuales de objetividad, lo que para los inspectores constituye una amenaza para el propio Estado de Derecho.

La organización extiende su crítica al debate sobre la cesión de competencias en distintas áreas de la administración, en particular, en la Administración tributaria, que la IHE califica de “crucial para un estado de bienestar”. Al respecto, el colectivo asegura que “el Gobierno, no contento con demoler la función pública a partir de la cesión de competencias que en muchas áreas se está proponiendo, en especial, en el área tan crucial para un estado de bienestar como es la Administración tributaria, sigue adelante con el desmoronamiento de la Administración, del Estado de Derecho y de la función pública española”.

La reacción de la IHE refleja la inquietud existente entre los cuerpos superiores de la administración pública ante los cambios propuestos, especialmente por la percepción de una menor exigencia en la preparación y formación de los futuros funcionarios. En palabras de la asociación, “los funcionarios ya no tendrán, sin duda alguna, la misma preparación que antes”.

Por su parte, el sindicato CSIF considera que el nuevo sistema de oposiciones para altos funcionarios del Estado “no va a solucionar los graves problemas de las administraciones y sus profesionales”. Aunque su presidente, Miguel Borra, tiene todavía previsto analizar la reforma esbozada este lunes por el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha destacado la necesidad de solventar primero el déficit de las plantillas de la Administración, ya que el 60% de los empleados pública se jubilará en la próxima década, así como la elevada temporalidad, que alcanza al 30% de las plantillas.