
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido este lunes en el Congreso la intervención del Gobierno en la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, argumentando que se trata de una actuación “proporcionada” y “alineada con la normativa europea”. El Consejo de Ministros dio luz verde a la operación, aunque con una condición clave: ambas entidades deberán operar por separado durante al menos tres años, con la posibilidad de prorrogar este plazo dos años más.
“Estamos sentando un precedente por el cual se puede generar en este tipo de operaciones valor para los accionistas de ambas entidades sin que ello vaya en detrimento del interés general”, ha defendido el ministro ante la Comisión de Economía del Congreso. “Es decir, que el valor que conlleve o que lleve a esta operación no venga únicamente y exclusivamente de sinergias mal entendidas, como pueden ser las asociadas a despidos o cierre de oficinas”, ha remarcado.
Condiciones del Ejecutivo a la opa
Cuerpo ha explicado que, a juicio del Ejecutivo, no existe justificación económica suficiente para permitir una integración inmediata con recorte de costes agresivo, dado el estado de salud de ambas entidades. “Están perfectamente saneadas tanto en términos de liquidez como de solvencia, con muy buenas perspectivas hacia adelante”, ha señalado. Por ello, ha subrayado que “no están en situaciones problemáticas como puede haberse dado en ocasiones anteriores” que justifiquen medidas drásticas como ajustes de plantilla o cierre de sucursales.
La opa, presentada hace más de un año por la entidad presidida por Carlos Torres, incluía un plan de sinergias que estimaba unos ahorros de hasta 850 millones de euros. De esta cifra, unos 300 millones procedían de menores gastos de personal, otros 450 millones de recorte en costes administrativos y tecnológicos, y los 100 restantes de ahorro financiero. Tras conocer la posición del Ejecutivo, BBVA ha afirmado que podrá seguir adelante con la mayoría de estas sinergias, aunque a un ritmo más lento, y ha anunciado que adaptará sus cálculos en el folleto de la opa que debe aprobar en breve la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Respuesta del Gobierno a Bruselas
La intervención del Gobierno no ha pasado desapercibida en Bruselas. La Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción al considerar que la normativa española utilizada para justificar la actuación del Ejecutivo no se ajusta plenamente al derecho comunitario. En concreto, cuestiona si las bases legales empleadas por el Consejo de Ministros para condicionar la operación vulneran principios de la unión bancaria y la libre circulación de capitales.
Cuerpo ha respondido con firmeza a estas dudas. “La normativa nacional utilizada está perfectamente alineada con la normativa europea tanto en materia de unión bancaria como de libre circulación de capitales”, ha afirmado, subrayando que el Gobierno cuenta con un “elemento de proporcionalidad” a la hora de aplicar su criterio.
Asimismo, ha recalcado que la Ley de Defensa de la Competencia habilita al Ejecutivo a imponer condiciones adicionales “en base a criterios distintos de los ya evaluados por otras instituciones como el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España o la propia CNMC”.
“Lo que pone de manifiesto la decisión de BBVA de seguir adelante con la operación es que puede generarse valor para los accionistas privados de ambas entidades sin que se vea perjudicado el interés general”, ha insistido el ministro.
De salir adelante la opa, el Gobierno se reserva la posibilidad de evaluar, al término de los tres años establecidos, si se han cumplido las condiciones impuestas para preservar el interés general. Esto incluye la protección de los trabajadores, el mantenimiento del empleo y la garantía de inclusión financiera, especialmente en zonas rurales o con menor acceso a servicios bancarios.
Mientras tanto, Banco Sabadell tiene previsto presentar esta misma semana su nuevo plan estratégico, coincidiendo con la publicación de los resultados trimestrales. Será el primer paso del banco catalán para reafirmar su hoja de ruta sin tener en cuenta la división británica TSB, cuya venta al Santander ha sido confirmada recientemente.
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