La promotora QHomes comercializa en estos momentos seis chalés “exclusivos” de 500 metros cuadrados con parcelas que pueden llegar a los 4.000 metros en la lujosa urbanización de Ciudalcampo, situada entre los municipios madrileños de San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, junto al circuito del Jarama. Los precios empiezan en 2,3 millones de euros. Idealista también oferta varias viviendas en esta zona residencial. Todas están entre el millón y los casi cuatro millones de euros. Ciudalcampo se define como “una de las mejores zonas residenciales de Madrid”.
No es de extrañar que su atractivo haya tenido un efecto llamada entre vecinos famosos y con importantes recursos económicos. Allí residen el juez Baltasar Garzón, los cantantes David Bisbal y Aitana, los presentadores Isabel Gemio y Carlos Sobera, la comunicadora Susanna Griso y el empresario Víctor de Aldama (imputado en el ‘caso Koldo’), entre otros destacados empresarios y abogados. Pero hay un problema. Mucho lujo, pero sin agua potable. Así lo reconoce el último Informe de Gestión (al que ha tenido acceso Infobae España) que la Junta Rectora de Ciudalcampo ha entregado a los propietarios de las 1.200 viviendas de la urbanización.
“Casa muy caras, pero no podemos beber el agua que sale de nuestros grifos. Tiene un alto nivel de arsénico. Y nos duchamos porque tenemos filtros”, explica un residente, un importante abogado. El problema viene de lejos, porque la urbanización se creó en 1968. Y tardará en solucionarse. En abril de 2024 se firmó un convenio con el Canal de Isabel II y los Ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo para la redacción de un proyecto de distribución de agua de consumo humano, pero las obras están previstas que culminen en un plazo de diez años. Para liar más la cuestión, la urbanización lleva décadas cogiendo agua de cinco pozos subterráneos, lo que ha provocado un litigio con la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ha impuesto sanciones que suman 4,1 millones de euros. Además, un juzgado de Alcobendas tiene imputados a tres expresidentes y un exgerente de la Comunidad de Propietarios por este motivo, acusándoles de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Lo que se suma a la segunda investigación judicial, adelantada por este diario, contra la urbanización por llevar años tirando aguas fecales sin depurar al río Jarama.
El abastecimiento de agua siempre se ha llevado a cabo mediante un sistema de captaciones subterráneas, cinco pozos bautizados Hexágono, Lozano, Rebeco, Encimas y Merry. Todos ellos, menos el último, ubicados en terrenos públicos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, pero que explota la Comunidad de Propietarios desde diciembre de 2013 gracias a una concesión municipal gratuita. Los cuatro primeros pozos tiene la consideración de aguas privadas, al ser anteriores a la Ley de Aguas de 1985. Pero la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo que depende del Ministerio de Transición Ecológica, no piensa lo mismo.
Sin autorización, multas
La CHT considera que se han modificado las características de los pozos y que, en consecuencia, sus aprovechamientos son ahora públicos y necesitan una concesión. Así que todo este embrollo administrativo se dirime actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Cuál es la situación? La Comunidad de Propietarios ha solicitado la autorización de la concesión, que todavía no ha sido aprobada. En 2023, por tanto, la CHT abrió cinco expedientes sancionadores a la urbanización por seguir usando esos pozos sin permiso y por daños al dominio público hidráulico, con multas que suman 4,1 millones de euros.
Es decir, que sin red de suministro de agua potable en Ciudalcampo residen 1.200 familias, hay promotoras vendiendo importantes viviendas a precios de oro, y el agua que se utiliza se saca de cinco pozos. Un uso, que según la CHT, se está haciendo de manera irregular. Este diario ha intentado, sin éxito, hablar con algún portavoz de la Comunidad de Propietarios o de su Junta Rectora. En su informe, los gestores de la urbanización recuerdan que desde 1985 la ley obliga a los Ayuntamientos a prestar en todo su término municipal “el servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable”. La antigüedad de la red actual que lleva el agua (no potable) de los cinco pozos a las viviendas obliga a reparar continuos tramos. En 2024 hubo 533 averías, más de una al día.
Los datos que maneja la urbanización es que de los cinco pozos es necesario extraer 1,5 millones de metros cúbicos de agua al año para abastecer a la zona residencial. En cuanto a las cinco multas que impuso la CHT por valor de 4,15 millones de euros, cuatro de ellas “ya han caducado”, sin especificar el motivo. Este diario ha preguntado a la CHT las causas de la caducidad de las sanciones. Sin obtener respuesta. Solo sigue en pie una multa, la más leve de todas: 2.132 euros. Pero Ciudalcampo tiene más problemas relacionados con los pozos. Esta vez, judiciales.
El mismo juzgado de Alcobendas que investiga desde el año 2020 a la urbanización por llevar años vertiendo aguas residuales sin depurar al río Jarama, abrió en 2023 otra causa por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales por extraer agua de estos pozos sin la concesión administrativa. El Seprona de la Guardia Civil ya ha pedido la cantidad de agua extraída desde junio de 2015. Ya hay investigadas cuatro personas: tres expresidentes y un exgerente de la Comunidad de Propietarios.
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