Hacienda considera que Montoro ignoró el criterio de los técnicos para sacar adelante las rebajas fiscales a las gasísticas

La Agencia Tributaria ha concluido que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, promovió una rebaja fiscal para las empresas gasistas “contra el criterio de los técnicos”, y que lo hizo tras recibir pagos de estas compañías a través del bufete Equipo Económico, fundado por el propio exministro y gestionado por personas de su máxima confianza.

Según una información adelantada por El País, los agentes sostienen que las reformas legislativas que otorgaron beneficios fiscales a las gasistas se tramitaron con una rapidez inusual y sin transparencia, impulsadas por Montoro y en contra de las advertencias de los técnicos del ministerio.

El análisis de los investigadores, detallado en el informe remitido a la Fiscalía Anticorrupción, se apoya en la revisión de informes internos y correos electrónicos entre responsables del organismo que dirigió entonces Montoro.

El informe subraya que “los beneficios fiscales investigados no habrían sido adoptados de no existir un factor externo decisivo y ajeno al criterio técnico”. La investigación, según El País, se centra en la relación entre Equipo Económico y las empresas agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).

De acuerdo al auto del juez Rubén Rus, del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, estas compañías pagaron 779.705 euros al bufete entre 2013 y 2020. A cambio, lograron ser incluidas en dos reformas clave: una rebaja del impuesto especial sobre la electricidad en 2014 y una reducción en el impuesto de actividades económicas en 2018, ambas durante la gestión de Montoro.

El proceso que llevó a la aprobación de estos beneficios fiscales comenzó tras el fracaso de las vías tradicionales de presión política. En 2013, las gasistas intentaron, sin éxito, que el Partido Popular incluyera una enmienda favorable en la ley que otorgaba una bonificación del 85% del impuesto eléctrico a ciertas empresas.

Tras recibir una negativa, AFGIM decidió contratar al despacho de Montoro Equipo Económico. Un correo hallado en el registro de una empresa de Vila-seca recoge la frustración de Rubén Folgado, directivo del sector, ante la lentitud de los cauces parlamentarios y su preferencia por el bufete: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro”, señaló el escrito citado por este medio.

La investigación policial ha desatacado el cambio de actitud de las empresas gasistas tras contratar a este bufete. Si en 2013 desplegaron una intensa actividad para defender sus intereses, en 2014 dejaron de presentar escritos y de buscar apoyos políticos.

A juicio de los Mossos d’Esquadra, esta “despreocupación” puede ser interpretada como una señal de que, tras el pago de una “buena suma”, las compañías confiaban en tener “acceso directo y capacidad de influencia sobre el Ministerio de Hacienda”.

La cronología de los hechos muestra una “coincidencia temporal” entre los pagos de Carburos Metálicos —una de las empresas beneficiadas— a Equipo Económico y el impulso de la reforma legislativa.

En junio de 2014, Administraciones Públicas advirtió en un informe que la inclusión de las gasistas en la rebaja fiscal tendría un “impacto recaudatorio” para las comunidades autónomas, estimado entre 4,1 y 4,9 millones de euros al año. A pesar de estas advertencias, la Dirección General de Tributos no justificó la decisión ni documentó el análisis de impacto, y los técnicos no han podido localizar expedientes que acrediten un estudio previo.

Los técnicos también alertaron sobre la necesidad de mantener controles estrictos para evitar el fraude. Advirtieron de forma “expresa” que la relajación de los requisitos podría “incentivar u ocasionar grandes bolsas de fraude”. A pesar de ello, el reglamento aprobado eliminó estos controles. Documentos de Ernst & Young citados por este diario señalaban que Carburos Metálicos no cumplía los requisitos “en 2-3 de las plantas”, pero la reforma siguió adelante.

El informe de la Agencia Tributaria atribuye la “toma de decisión estratégica sobre la reforma” directamente al “ministro”. El 11 de julio de 2014, Montoro remitió el texto al Consejo de Estado por la vía de urgencia, omitiendo el dictamen del Consejo Económico y Social. Según la investigación, se “sustrajo información relevante” no solo a este órgano, sino también al Consejo de Ministros y a las Cortes, ya que el contenido de la reforma se ocultó al resto de ministerios del Gobierno de Mariano Rajoy bajo el pretexto de la “confidencialidad”.

Cinco días después de la firma de Montoro, se celebró una reunión entre la patronal y la Dirección General de Tributos, y al día siguiente, Equipo Económico emitió la factura a Carburos Metálicos. La justificación oficial para la reforma fue la necesidad de trasponer una directiva comunitaria. Sin embargo, el Consejo de Estado advirtió que esa directiva “ya estaba” incorporada al ordenamiento jurídico español, lo que refuerza la sospecha de que el verdadero objetivo era beneficiar a las gasistas.

El informe destaca que el beneficio se limitó a este sector, excluyendo a otros como el automóvil o la industria papelera. En los correos de los directivos gasistas, se recoge que el ministro expresó su temor a que la reforma se convirtiera en un “coladero”, lo que, según los técnicos, revela el carácter selectivo de la decisión administrativa.