Los principales implicados en el caso Montoro: casi una treintena de altos funcionarios, empresarios y directivos imputados

Estando todavía en curso la investigación por el caso Koldo-Cerdán, el levantamiento del secreto de sumario y la imputación de Cristóbal Montoro - junto a otros 27 altos funcionarios, empresarios y directivos y seis personas jurídicas - ha revelado una trama de presunta corrupción en la agrupación principal de la oposición, el Partido Popular, por parte de quien fuera ministro de Hacienda en dos ocasiones, durante gobiernos de Rajoy y de Aznar.

Esta investigación, bajo secreto de sumario durante siete años, ha sacado a la luz posibles delitos de cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública, corrupción y falsedad documental en una presunta trama para favorecer de manera irregular a empresas gasísticas a través de cambios legislativos. Estos son los principales implicados en el caso Montoro.

Cristóbal Montoro ocupó el Ministerio de Hacienda entre 2000 y 2004 y de nuevo entre 2011 y 2018. Según el juez, utilizó su posición para “legislar en beneficio de los clientes del despacho Equipo Económico (EE) que había fundado antes de entrar en el gobierno de Rajoy”. El auto especifica: “Ocupó el cargo en esta cartera en los años en los que se tramitaron las normas de referencia, ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación”. También, “hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que aseguraría una ganancia al despacho EE”.

Ricardo Martínez Rico se destaca como socio fundador de Equipo Económico y presidente ejecutivo de la firma desde 2008. Hermano de Felipe Martínez Rico, desempeñó un papel central como responsable de coordinar estrategias dentro de la consultora, según se desprende del sumario.

Miguel Ferré Navarrete fue secretario de Hacienda entre 2011 y 2016, tras ser nombrado por sugerencia de Montoro. El auto subraya su relación con EE y otras empresas asociadas. Los correos internos reflejan su “papel decisivo para que los textos de Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasistas”.

Pilar Platero Sanz, subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011 y 2016, fue designada también a propuesta de Montoro. Antes, había sido consejera y administradora en EE. Según el juez, ejerció influencia directa para que la normativa “recogiera las pretensiones concertadas con las gasísticas”, una labor especialmente relevante por su papel impulsor y coordinador en el Ministerio.

Felipe Martínez Rico, primero director del gabinete de Montoro y luego subsecretario de Hacienda y Función Pública desde 2016, sustituye en el cargo a Platero. De acuerdo con el auto, “ocupó puestos de máxima confianza del ministro” y fue decisivo en la incorporación en los textos normativos de intereses favorables para el sector gasista.

Francisco Piedras Camacho figura como socio director de Equipo Económico, tras haber sido director general del Gabinete Técnico en el Ministerio de Hacienda. Su experiencia y vinculación con Montoro resultaron claves en la supuesta operativa del despacho.

Salvador Mariano Ruiz Gallud es socio director del Área Fiscal en Equipo Económico, habiendo ejercido como director general de la Agencia Tributaria desde agosto de 2001 hasta abril de 2004. Participaba en la dirección de la firma involucrada en las relaciones estratégicas con el Ministerio.

Manuel De Vicente Tutor Rodríguez aparece como socio director de Equipo Económico. Ocupó cargos relevantes en la Agencia Tributaria y fue parte entre 2001 y 2004 del Comité de Dirección como director del gabinete de la dirección general. Desde esa posición, tuvo capacidad para influir sobre decisiones legales y fiscales favorables para la industria del gas.

José Alberto García Valera fue director general de Tributos entre 2016 y 2018, tiempo en el cual se aprobaron reformas legislativas vinculadas a las gasistas. Tras dejar la administración en septiembre de 2018, pasó a ser socio de EY, firma consultora vinculada a la causa. El auto refleja cómo los “mails intervenidos en la causa” muestran su intervención en la redacción de la normativa en favor de este sector.

Diego Martín-Abril Calvo asumió la Dirección General de Tributos entre enero de 2012 y diciembre de 2016 por designación de Montoro. El juez señala que tuvo “un papel decisivo” en la tramitación de normas sectoriales y que los correos electrónicos intervenidos demuestran reuniones y acuerdos con empresas del sector gasístico.

Óscar del Amo Galán, subdirector general de Tributos Locales desde 2011, es señalado por haber mantenido contacto directo con representantes del sector gasista y haber facilitado reuniones y propuestas para cambios en el Impuesto de Actividades Económicas. El auto destaca que tras una primera negativa, tras la intervención de EE, la reforma acabó aprobándose.

Rogelio Menéndez Menéndez trabajó como asesor en el gabinete ministerial entre 2013 y 2015. Participó en la reunión del 4 de marzo de 2014 entre Montoro y la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), mostrando conocimiento directo sobre los objetivos y contexto de dicho encuentro.

Santiago Menéndez Menéndez fue director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria entre 2013 y 2018. Antes de su nombramiento, durante 2010 y 2011, recibió ingresos del despacho Equipo Económico. Desempeñó su cargo en periodos clave para la tramitación de contratos y proyectos legislativos impulsados por las firmas gasistas.

José María Buenaventura Zabala, director de gabinete del secretario de Estado de Hacienda desde 2012, mantuvo reuniones con representantes de empresas gasistas en 2014. Según el auto, solicitó directamente a estas compañías colaboración para la redacción de un artículo legislativo que incorporaría ventajas para el sector y percibió retribuciones tanto de EE como de empresas asociadas.

Covadonga Gómez Garrido, integrante del departamento de administración del despacho EE, recibía ingresos de distintas empresas de los socios y gestionaba la facturación, figurando como apoderada en varias sociedades presuntamente instrumentales vinculadas al entramado.

Patrick Emmanuel Jozon, director general de Air Liquide Ibérica desde octubre de 2012, aparece en correos electrónicos analizados por la investigación. Participó en reuniones y teleconferencias en las que se acordó la contratación de Equipo Económico, estableciendo los términos de pagos e informes ante el Ministerio de Hacienda.

Teresa Rasero Guerrero, presidenta del Consejo de Air Liquide España desde 2016 y secretaria general entre 2012 y 2016, figura en las comunicaciones analizadas, participando tanto en el acuerdo para la contratación de Equipo Económico como en reuniones con el Ministro de Hacienda en 2014.

Jorge Pedrazuela Prieto, director de Contabilidad e Impuestos, fue partícipe en encuentros con la Dirección General de Tributos, junto al director general y el subdirector de Tributos locales.

Eduardo Gil Elejoste, presidente de Nippon Gases Europe desde 2018 y de Praxair Europa entre 2016 y 2018, desempeñó la dirección en PRAXAIR España y Portugal hasta 2016. Los correos reflejan su implicación en la contratación de EE y la negociación de pagos y documentación dirigida al Ministerio.

Carlos Romero Moreno, director de personal y servicios legales de PRAXAIR, así como secretario general de AFGIM, asistió a todas las juntas y reuniones de la asociación profesional durante el periodo investigado.

Jacobina Escámez Esteve, responsable fiscal de la compañía para España y Portugal, preparó textos dirigidos a la Secretaría de Estado de Hacienda y participó en la preparación de documentación en la sede de EE para presentarla ante responsables ministeriales.

El auto recoge igualmente a personas que, mediante sus cargos o representación en AFGIM y empresas gasistas, aceptaron abonar a EE los pagos por la mediación e influencia legislativa. Aparecen en la documentación Rubén Folgado Girón, Karl Andrea Hauck, Francesco Maione, Ahmed Hababou, José Luis Méndez López, José Luis Cañedo Gullón, Juan Baltasar Palanca Llopis e Isidro Abello Riera, conectando todos ellos la relación entre el sector gasístico, el despacho Equipo Económico y la administración pública investigada.