La financiación singular de Cataluña “volaría” el sistema tributario y restaría al Estado ingresos de hasta el 1,5% del PIB

El acuerdo de financiación singular de Cataluña alcanzado esta semana por el Gobierno central y el Govern de la Generalitat no gusta a casi nadie. Ni siquiera convence a los que lo han suscrito, si se tiene en cuenta que María Jesús Montero, vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata del PSOE para la Junta de Andalucía, prefirió no estar en la presentación del nuevo modelo.

Tampoco a los partidos nacionalistas catalanes parece entusiasmarles. A ERC no le “satisface”, según aseguró su presidente, Josep Maria Jové. En la misma línea se manifestó la presidenta de la CUP, Laia Estrada, para quien el acuerdo es una “auténtica troleada”. A las críticas se ha sumado el secretario general de Junts, Jordi Turull, que calificó el modelo de decepcionante, al suponer, según él, la “perpetuación del déficit fiscal” y no responder a un “concierto económico solidario”.

De cómo se ejecutará el nuevo modelo de financiación se sabe poco. No hay ni cifras concretas ni calendario de aplicación. Eso sí, supondrá un giro respecto al modelo actual, ya que se basará en los ingresos generados por las comunidades autónomas en lugar de centrarse en el gasto que deben cubrir. Cataluña, y las comunidades que opten por este modelo, recaudarán la totalidad de los impuestos generados en su territorio. Esta recaudación se integrará en una “cesta de tributos” desde la que se determinará qué parte se queda el Estado para financiar los servicios que le corresponden en Cataluña y qué porcentaje se transfiere a la Generalitat.

Tampoco se ha concretado qué impuestos estarán incluidos en esa cesta ni cuál será el porcentaje de reparto. Tras esa primera fase, el modelo contempla que Cataluña realice una aportación al fondo de solidaridad interterritorial, con el compromiso de respetar el principio de ordinalidad, es decir, que ninguna comunidad que más aporta vea mermada su posición relativa tras la redistribución.

El acuerdo incluye también que, a medio plazo, la Agència Tributària de Catalunya (ATC) recaudará directamente todos los impuestos que se generen en esa comunidad. Actuará de forma independiente de la Agencia Tributaria estatal y no estará supeditada a su tutela.

Estas prerrogativas no han gustado a uno de los colectivos más afectados por el cambio de modelo: los inspectores de Hacienda. Según su asociación (IHE), es “imposible” aplicar el acuerdo alcanzado porque supondrá el inicio de la “desaparición del Estado” si se extiende al resto de comunidades autónomas, también implicaría la “desaparición” de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que quedaría “troceada” y “repartida” entre todas las regiones.

Estos inspectores de Hacienda consideran que si Cataluña recauda todos los impuestos, el resto de comunidades se verían perjudicadas ante la falta de fondos de financiación de servicios públicos, creando ciudadanos “de primera y de segunda”. Es más, inciden en que es “ilegal”, “vulnera los principios de igualdad y solidaridad reflejados en la Constitución” y es fruto de una negociación “por la puerta de atrás” entre partidos políticos para lograr la investidura del presidente de la Generalitat. Hacen referencia a que el modelo se pactó hace un año entre el PSC y ERC para apoyar la investidura de Salvador Illa al frente de la Generalitat de Cataluña.

“El actual sistema tiene sus defectos, pero la solución no es volarlo ni avanzar hacia un sistema federal que no se contempla en la Constitución”, afirma el portavoz de IHE, José María Peláez. Considera que si este modelo se generaliza al resto de comunidades autónomas, supondría “la voladura del sistema tributario” y lo califica como “un modelo federal no contemplado en la Constitución”.

Otros de los riesgos que generaría, en opinión de los inspectores de Hacienda, es que socavaría los fondos de cohesión territorial y la financiación del Estado, además de la participación del gasto en pensiones o la deuda pública, “creando comunidades de dos velocidades”.

En la misma línea se pronuncia Eduardo Rodríguez Temiño, inspector de Hacienda del Estado, para quien “la cesión de los impuestos de mayor calado a otras administraciones territoriales supondrá un aumento de las trabas en muchas facetas, deteriorará la lucha contra el fraude, surgirán complicaciones en el intercambio de información, elevará los costes y la burocracia. En un afán de atraer o privilegiar a los suyos, se concederán ventajas fiscales y mil vicisitudes que romperán los principios sobre los que se asienta nuestro sistema tributario del artículo 31 CE”.

Ante tanta crítica, a la que también se han sumado barones socialistas como los presidentes de Asturias, Adrián Barbón, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la ministra portavoz del Gobierno Pilar Alegría niega que el nuevo modelo de financiación sea un “privilegio” e insiste en que será “aplicable” en el resto de comunidades autónomas.

Otra de las consecuencias de la financiación singular es que supondrá una pérdida de ingresos para el Estado español, “poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal de España y el objetivo de déficit”, según recoge un informe elaborado por los analistas de Morningstar DBRS. Señalan que la transferencia de la recaudación de impuestos clave —como el IRPF, el IVA, los impuestos especiales y el impuesto de sociedades— a la Agencia Tributaria de Cataluña “implicaría una pérdida de ingresos para el Estado central estimada entre el 0,4% y el 1,5% del PIB”, dependiendo del escenario de aplicación.

Por su parte, los inspectores de Hacienda no han querido dar cifras concretas, pero calculan que —basándose en los últimos datos disponibles, que se remontan a 2022— los impuestos catalanes suponen el 19,35% del total nacional. Ese año, el Estado recaudó 255.463 millones de euros, de los que 49.434 provenían de Cataluña.

La merma de recursos que sufriría el Estado por el nuevo sistema limitaría la capacidad del Gobierno central para gestionar el conjunto de las finanzas públicas y puede afectar negativamente al déficit consolidado si las comunidades autónomas no logran mejorar sus saldos fiscales, explica el informe de Morningstar DBRS.

También subraya que la menor influencia del Estado sobre las cuentas regionales podría dificultar la coordinación de políticas fiscales y el control del gasto público, especialmente si otras comunidades autónomas reclaman adherirse al nuevo modelo. La multiplicación de este sistema en varias regiones “aumentaría proporcionalmente el riesgo para el equilibrio fiscal nacional”. El análisis incide en que, aunque la reforma podría beneficiar a Cataluña, el Estado central afronta riesgos fiscales y políticos considerables que podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas si no se establecen mecanismos de control y coordinación efectivos.