La decisión de Barcelona para obstaculizar los cruceros: reducirá de siete a cinco sus terminales portuarias antes de 2030

El Ayuntamiento de Barcelona y el Port de Barcelona han formalizado, tras más de un año de negociaciones, un acuerdo para reducir el número de terminales de cruceros de siete a cinco. Esta medida supone la puesta en marcha de la primera iniciativa que impone límites explícitos al crecimiento de esta actividad en la ciudad. El pacto, presentado este jueves por el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, y el presidente del puerto, José Alberto Carbonell, supone la demolición de las terminales A, B y C en el Muelle Adossat. Las tres se fusionarán en una macroterminal pública, cuya construcción se iniciará en 2027.

Esta futura instalación, que conservará la denominación C, podrá albergar hasta 7.000 pasajeros simultáneamente, a diferencia de la capacidad conjunta de 12.800 personas que sumaban las tres terminales anteriores. El objetivo será concentrar la operativa en infraestructuras más modernas y eficientes, alineadas con criterios de sostenibilidad y calidad de servicio.

La inversión total estimada para este conjunto de actuaciones alcanza los 185 millones de euros, que se suman a los 265 millones que representaron las reformas previas del protocolo firmado en 2018 durante la alcaldía de Ada Colau. En aquel entonces, la ciudad recibía anualmente 2,6 millones de cruceristas y se apostó por concentrar la actividad en el muelle Adossat, alejando las terminales del centro urbano y suprimiendo los espacios para embarcaciones pequeñas.

Este nuevo esquema, que entrará en vigor completamente en 2030, dejará a Barcelona con cinco terminales: cuatro privadas de gestión por parte de grandes navieras (D y E de Carnival Cruceros, H de MSC, y la G de Royal Caribbean, esta última en construcción) y una única pública de gran capacidad. En este contexto, Carbonell enfatizó que, aunque la reordenación permitirá reducir el techo máximo de pasajeros de 37.000 a 31.000 en un mismo momento, raramente se alcanza esa ocupación total. Por tanto, la reforma afecta a la capacidad máxima pero no garantiza por sí sola una bajada en el número anual de visitantes.

Collboni admitió que el efecto inmediato sobre el turismo de cruceros será limitado, ya que la regulación real sobre el número de visitantes depende de acuerdos con las navieras y de la demanda global, más allá de la disponibilidad de infraestructuras. El alcalde insistió que la prioridad del Ayuntamiento será “poner límites” y gestionar el turismo de forma más sostenible, en línea con la voluntad de reconducir la curva de crecimiento, que desde 2018 se incrementó un 20%. Ahora, la intención es lograr una reducción del 16% en la capacidad máxima del puerto, aunque el descenso en la llegada de cruceristas requerirá la colaboración y acuerdo futuro con las compañías del sector.

La hoja de ruta para el despliegue de este protocolo detalla una sucesión de actuaciones: en 2026 finalizará la actividad de la terminal del World Trade Center (con capacidad para solo 1.400 pasajeros) y se procederá a demoler la actual terminal C. Al año siguiente, se iniciará la construcción de la nueva terminal pública y se inaugurará la terminal G de Royal Caribbean. En paralelo, se acometerá la duplicación del puente de la Puerta Europa, incluyendo mayor anchura de acera y nuevo carril bici, mejorando así los accesos y la movilidad en el muelle portuario.

De acuerdo con el calendario presentado, en 2028 la nueva terminal C comenzará a operar y se procederá al derribo de las terminales A y B. Para 2029 está prevista la puesta en servicio de un corredor urbano de gran impacto, que conectará la plaza de Drassanes con la Marina del Prat Vermell bajo la ronda Litoral. Esta vía, dotada de carril bici, permitirá superar las barreras físicas del puerto y facilitará una mejor integración entre distintas zonas de la ciudad.