
Javier Moscoso del Prado, exministro de la Presidencia durante el primer Gobierno de Felipe González y una de las figuras más influyentes en la modernización de la Administración pública en España, ha fallecido esta madrugada a los 90 años en Jávea (Alicante), según han confirmado fuentes del Partido Socialista.
El político riojano deja tras de sí una extensa carrera en el ámbito jurídico y político, marcada por hitos como la reforma de la función pública, la creación de los días de libre disposición para empleados públicos —conocidos popularmente como “moscosos” en su honor— y su paso por la Fiscalía General del Estado. Su figura ha sido reconocida transversalmente por su papel tanto en la Transición como en la consolidación democrática del país.
De Logroño a la Audiencia de Navarra
Nacido en Logroño en 1934, Moscoso cursó estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza y completó su formación con un diploma en Derecho Comparado por la Universidad de Estrasburgo. Tras aprobar las oposiciones de abogado del Estado, se incorporó en 1960 a la Carrera Fiscal, destino que le llevó a Pamplona, donde ejerció durante dos décadas como fiscal de la Audiencia Territorial de Navarra.
Fue allí donde comenzó a forjarse una reputación de jurista meticuloso y de perfil técnico, alejado del estruendo político pero con una clara vocación de servicio público. Esa misma vocación le empujaría a dar el salto a la política nacional en el ocaso de la dictadura.
En las elecciones generales de 1979 obtuvo un escaño como diputado por Navarra dentro de las filas de la Unión de Centro Democrático (UCD). Sin embargo, la descomposición del partido le llevó a fundar tres años después el Partido de Acción Democrática (PAD), una formación efímera que acabaría integrándose en el PSOE. Fue precisamente ese mismo año, 1982, cuando Felipe González le nombró ministro de la Presidencia en su primer Consejo de Ministros.
Arquitecto del nuevo modelo de función pública
Desde ese cargo, Moscoso lideró una ambiciosa reorganización de la Administración General del Estado. Impulsó la Ley de la Función Pública, una norma fundamental que sentó las bases del régimen del empleado público en democracia. Fue entonces cuando se implantaron por primera vez los días de libre disposición para los funcionarios, una medida que acabaría convirtiéndose en símbolo de una nueva era en la relación laboral del Estado con sus trabajadores.
Los empleados públicos bautizaron popularmente esos días como “moscosos”, un apelativo que, aunque inicialmente coloquial, acabó oficializándose y pasando a formar parte del léxico administrativo español.
Terminada la primera legislatura de González, el exministro pasó a encabezar la Fiscalía General del Estado entre 1986 y 1990, una etapa en la que la institución trató de reforzar su independencia y profesionalización en plena consolidación democrática. Moscoso fue uno de los valedores de una justicia más técnica, alejada de los vaivenes partidistas, aunque no exenta de tensiones institucionales.
Años más tarde, ya apartado de la primera línea política, volvió a colaborar con el Ejecutivo socialista. Lo hizo en calidad de miembro de la delegación designada por José Luis Rodríguez Zapatero para participar en las conversaciones dirigidas a buscar una solución dialogada al conflicto con ETA.
En el ámbito privado, Moscoso también destacó como presidente del consejo editorial de Thomson Reuters en España, cargo que ostentó desde 2017 hasta 2024. En ese periodo recibió diversos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.
Su legado continúa también a través de su hijo, Juan Moscoso, quien siguió los pasos de su padre como diputado socialista por Navarra en varias legislaturas.
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