Un juez imputa al exministro Montoro y a sus socios por utilizar la cartera de Hacienda para modificar leyes en beneficio de empresas

Un juez ha imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a varios miembros de su antiguo equipo por presuntamente liderar una “organización” que habría utilizado su posición en el Ministerio para modificar leyes y reglamentos a cambio de contraprestaciones económicas. La causa afecta a un total de 28 personas físicas y seis jurídicas, investigadas por la supuesta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, como ha adelantado La Vanguardia.

En un auto al que ha tenido acceso Infobae España, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona acuerda levantar el secreto de sumario y notificar la condición de investigados a Montoro; a su entonces secretario de Estado, Miguel Ferré; a Pilar Platero, quien ocupaba la Subsecretaría de Estado de Presupuestos y Gastos; Diego Martín-Abril, exdirector general de tributos; su sucesor, José Alberto García; Oscar del Amo, exsubdirector general de tributos locales; Rogelio Menéndez, asesor del ministro; José María Buenaventura, exdirector del gabinete del secretario de Estado de Hacienda; y Santiago Menéndez, quien dirigió la Agencia Tributaria.

También están bajo investigación los socios principales del despacho Equipo Económico –actualmente llamado Global Afteli–, fundado por el propio Montoro: Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, Salvador Mariano Ruiz Gallud y Francisco de Asís Piedras.

Asimismo, figuran entre los investigados las empresas y sus principales responsables de Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Sociedad Española de Carburos Metálicos y la asociación sectorial AFGIM.

En palabras del magistrado recogidas en primicia por La Vanguardia y a las que ha tenido acceso Infobae España, “la investigación pone de manifiesto la existencia de una organización en la que muchos de los intervinientes habrían desempañado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico”.

Según el auto, la operativa consistía en que las empresas interesadas en impulsar una reforma legal en beneficio propio debían contratar los servicios de Equipo Económico (EE). A cambio de “importantes pagos”, y mediante un “presunto abuso del ejercicio de la función pública”, se lograban las modificaciones normativas en plazos reducidos.

El juez detalla que EE percibió entre 2011 y 2019 un total de 779.705 euros provenientes de las compañías gasistas, según reflejan sus cuentas. A esto se añade que las empresas, además, pagaban a la consultora EY por la elaboración de los informes técnicos destinados al Ministerio, tarea que ni siquiera asumía EE directamente.

“Los informes técnicos encargados con la finalidad de argumentar sus pretensiones ante el poder público son elaborados por terceras instancias (EY) y en el mejor de los casos retocados por EE. A pesar de ello, las minutas del despacho investigado pueden multiplicar por diez lo cobrado por las consultoras que confeccionan los informes”, recoge el juez en el auto.

El magistrado fundamenta estas afirmaciones en los correos electrónicos intervenidos, a través de los cuales sostiene que las empresas –en este caso, del sector gasista– solo lograron ver satisfechas sus demandas normativas tras “acudir a la organización”.

“La trama, organización u operativa, gira en torno a la mercantil Equipo Económico así como en torno a los socios de hecho o de derecho de la misma”, subraya el juez en el auto. De momento, las pesquisas se centran en las conexiones entre dicha estructura y las compañías integradas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), que agrupa a Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos.

La investigación se remonta a 2018, cuando un hallazgo fortuito en forma de correo electrónico en otra causa reveló posibles pagos a Equipo Económico con la finalidad de obtener reformas legislativas a medida para las empresas gasistas de AFGIM. Desde entonces, tanto los Mossos d’Esquadra como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han estado practicando diligencias.

Según el juez, las pesquisas han permitido constatar que, al menos en dos ocasiones, las empresas gasistas de AFGIM contrataron a EE “a fin de que hiciese uso de su red de influencias con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones”. Y añade: “En ambos casos, se sigue el mismo modus operandi”.

El principal señalado en la causa es Cristóbal Montoro, quien, como recuerda el auto recogido por La Vanguardia, fue socio fundador, presidente y consejero de EE hasta abril de 2008, y ocupó la cartera de Hacienda durante los años en que se aprobaron las reformas legales investigadas, “ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas de dicha tramitación”.

“Presuntamente hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE”, sostiene el juez.

Añade que “el uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a las sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”.

El magistrado afirma que Montoro colocó en altos cargos a personas “estrechamente vinculadas al despacho EE”, lo que habría facilitado que la redacción y tramitación de proyectos de ley y reglamentos se hiciese “a demanda” de las empresas implicadas, previo pago.

El auto concluye que los nombramientos impulsados por el exministro pudieron permitir que “el control de los órganos con competencia decisiva en la tramitación de las normas de referencia quedase vinculado al despacho”.