Los recortes presupuestarios que ha anunciado el primer ministro francés: congelar las pensiones, reducir el gasto social y eliminar dos festivos

El primer ministro de Francia, François Bayrou, ha presentado un ambicioso plan de ajuste presupuestario de 43.800 millones de euros que comenzará a aplicarse en 2026. El objetivo es claro: frenar el crecimiento de la deuda pública, que podría alcanzar los 100.000 millones de euros en pagos anuales para 2029 y convertirse en la primera partida del presupuesto nacional. Para ello, el Gobierno plantea una serie de medidas que han generado una fuerte polémica entre la oposición y la ciudadanía.

Uno de los pilares del plan es la congelación de las pensiones, que permanecerán en los niveles de 2025 a partir de 2026. Además, se recortará el gasto social y sanitario, limitando el reembolso de tratamientos que no estén directamente relacionados con patologías justificadas y duplicando el copago anual de medicamentos, que pasará de 50 a 100 euros.

También se reorganizarán las compras hospitalarias y se reutilizarán dispositivos médicos como sillas de ruedas o muletas, que actualmente suelen desecharse tras un solo uso, tal y como ha informado la Cadena SER.

En el ámbito laboral, el plan contempla una reducción de 3.000 puestos de trabajo en la administración pública, así como la no sustitución de uno de cada tres funcionarios que se jubilen. Asimismo, se suprimirán dos de los once festivos actuales en Francia, siendo los más probables el Lunes de Pascua y el 8 de mayo (Día de la Victoria sobre la Alemania nazi), con el objetivo de aumentar la productividad del país. “No producimos lo suficiente”, ha justificado Bayrou, según recoge Cadena SER.

El Gobierno también ha anunciado que en 2026 no se permitirá un incremento del gasto estatal, salvo en áreas prioritarias como la defensa y el pago de la deuda. Los ministerios verán controlados sus presupuestos y muchos proyectos se ralentizarán.

El propio presidente Emmanuel Macron ha defendido públicamente esta línea de austeridad y ha pedido a los legisladores que no presenten nuevas mociones de censura que bloqueen el funcionamiento del Gobierno, como ocurrió con el presupuesto de 2025.

En el capítulo de ingresos, Bayrou ha anunciado la creación de una “contribución de solidaridad” para los ciudadanos con mayores ingresos, así como un refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal. El objetivo es recuperar parte de las cantidades defraudadas y lograr un reparto más equitativo del esfuerzo económico. “Todos tendrán que contribuir al esfuerzo”, ha dicho el primer ministro, advirtiendo de que este plan es “la última parada antes del abismo”.

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El líder del Partido Socialista, Boris Vallaud, ha calificado el plan como “brutal e inaceptable”, mientras que Marine Le Pen, de la extrema derecha, ha advertido de que intentarán derrocar al Gobierno si no se modifican las medidas. Por su parte, el partido izquierdista Francia Insumisa también ha amenazado con actuar si el Ejecutivo intenta aprobar el plan sin votación parlamentaria, según recoge RTVE.

Bayrou, veterano político centrista, deberá ahora convencer a una Asamblea Nacional dividida, donde el Gobierno no cuenta con mayoría absoluta. Si fracasa, no solo se expone a una nueva moción de censura, sino también a una crisis política y financiera aún mayor, que podría afectar a la calificación crediticia del país y disparar el coste de la deuda.

Según el primer ministro francés, la deuda pública del país ya supera los 3,3 billones de euros, lo que equivale al 114% del PIB. Cada segundo, esta deuda aumenta en 5.000 euros, lo que supone más de 150.000 millones de euros adicionales al año. Con esta hoja de ruta, Bayrou aspira a reducir el déficit del 5,4% previsto para 2025 al 2,8% en 2029, pasando por etapas intermedias en 2026 (4,6%), 2027 (4,1%) y 2028 (3,4%).

“Es tarde, pero aún hay tiempo”, ha declarado Bayrou, apelando a la responsabilidad colectiva para evitar que Francia caiga en una “espiral de endeudamiento” como la que vivió Grecia hace más de una década. Ahora, el destino del plan dependerá del respaldo que logre en el Parlamento y del pulso político que se avecina.