La imputación de quien fuera ministro de Hacienda con José María Aznar y Mariano Rajoy ha dado una suerte de respiro al PSOE, acorralado en las últimas semanas por el caso de corrupción que afecta a los dos últimos secretarios de Organización designados por Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Este último, en prisión preventiva sin fianza por tráfico de influencias, cohecho e integración en organización criminal en el marco del caso Koldo.
El juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona ha decidido investigar a Cristóbal Montoro y a una treintena de personas (28 personas físicas y seis jurídicas en total) dentro de una causa que examina posibles delitos vinculados con la creación de una supuesta “red de influencias” para favorecer a empresas gasistas. La acusación sostiene que se impulsaron modificaciones legales a cambio de pagos importantes a la consultora Equipo Económico (EE), fundada y presidida anteriormente por Montoro. El magistrado atribuye a los investigados delitos como cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, según ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado Infobae.
El PSOE no ha esperado para pronunciarse al respecto. En un breve mensaje en X, el partido de Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje irónico, en el que ha recordado que los dos ministros de Hacienda del PP, Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, “han acabado imputados. “Y si llegan a poner tres, pues habrían sido tres”, ha sostenido la formación en la red social. “Y luego uno, que tiene una foto de vacaciones con un narco, llama mafia a los demás. Esto es el PP. Genio y figura”, ha añadido el PSOE en alusión a las imágenes del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el narcotraficante gallego Marcial Dorado en un yate.
Cabe recordar además que Rato, también vicepresidente con Aznar, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por las tarjetas black. En febrero de 2021 se le concedió la libertad condicional, aunque en diciembre de 2024 la Audiencia de Madrid le condenó a otros cuatro años y nueve meses de prisión tras considerarle culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares.
La investigación comenzó en 2018 y apunta a que, al menos en dos ocasiones, diferentes empresas del sector del gas contrataron los servicios de Equipo Económico para influir en el diseño de reformas legislativas favorables a sus intereses. Entre las acciones señaladas destaca la tramitación de una bajada del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que habría respondido directamente a las aspiraciones de las compañías involucradas.
Se aprovechó de su posición para favorecer a empresas gasistas
El auto del juez sostiene que Montoro, quien ostentó la cartera de Hacienda entre los años 2000 y 2004 en el Gobierno de José María Aznar, y de 2011 a 2018 con Mariano Rajoy, habría aprovechado las facultades propias de su cargo ministerial para impulsar dichas iniciativas legislativas. El magistrado observa que esta presunta utilización de sus potestades garantizaba beneficios económicos al despacho Equipo Económico.
“El uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”, señala el auto. Así, según el juez, la red de contactos tejida habría funcionado como un canal para trasladar cambios legislativos a medida, con impacto directo en normativas claves del sector energético.
La instrucción mantiene además bajo el foco la relación de Montoro con Equipo Económico, despacho en el que ocupó el puesto de consejero hasta abril de 2008. Posteriormente, y ya como ministro, figuró como uno de los responsables de los procesos legislativos que forman parte de las pesquisas. El magistrado considera que estos hechos abarcan varios ejercicios y normas tramitadas durante la etapa de Montoro al frente de la cartera de Hacienda.
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