Transparencia exige a Presidencia que aclare por qué Begoña Gómez tiene una dirección de correo electrónico del Gobierno si no está contratada

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido una resolución instando al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, a responder a una solicitud presentada por un ciudadano que cuestiona el uso de una cuenta de correo electrónico institucional por parte de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como recoge Europa Press.

La polémica gira en torno a la existencia de una dirección de correo electrónico vinculada al dominio oficial del Gobierno (presidencia.gob.es) que estaría siendo utilizada por Gómez, quien no ostenta ningún cargo público dentro de la Administración. En noviembre del año pasado, un particular presentó una solicitud de información al Ministerio preguntando: “¿Qué cargo ostenta Begoña Gómez para tener un email con dominio de ‘presidencia.gob.es’? ¿Por qué alguien sin cargo tiene un email con ese dominio? ¿Tuvo la esposa del anterior presidente de Gobierno un email con el dominio presidencia.gob.es?”.

Al no recibir respuesta en el plazo legalmente establecido, el solicitante presentó en marzo de este año una reclamación formal ante el Consejo de Transparencia, órgano encargado de garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Pese a que el Consejo remitió la solicitud al Ministerio correspondiente para que respondiera, no obtuvo contestación alguna.

Ante esta situación, el Consejo dictaminó que “la falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública”. En consecuencia, obliga al Ejecutivo a responder en un plazo máximo de 10 días a la persona solicitante, y además enviar una copia de dicha información al propio Consejo.

El organismo recuerda que el derecho a solicitar información sobre la gestión pública está amparado por la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y que el incumplimiento de esta obligación no solo vulnera este derecho, sino que además puede ser objeto de medidas legales y disciplinarias.

Este no es el único expediente relacionado con Begoña Gómez que ha llegado a manos del Consejo de Transparencia. También en noviembre de 2023, otro ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia que aclarase si era cierta la información publicada en medios de comunicación sobre la existencia de una supuesta asesora vinculada a Gómez en el entorno de Moncloa.

En concreto, el demandante pidió conocer si esa persona formaba parte del personal asesor de Moncloa, cuándo fue contratada, y en qué número del Boletín Oficial del Estado (BOE) fue publicada su incorporación, como establece la normativa para los nombramientos en la Administración Pública.

Sin embargo, la Administración volvió a guardar silencio. Ni el solicitante ni el propio Consejo obtuvieron respuesta, lo que ha llevado al organismo a emitir una nueva resolución instando nuevamente al Ejecutivo a responder en el mismo plazo de 10 días. De nuevo, se exige al Ministerio que remita también una copia de la información al Consejo como constancia del cumplimiento del procedimiento.

*Con información de Europa Press