Koldo pide averiguar si la llamada ‘UCO patriótica’ realizó una investigación prospectiva prohibida por ley a través del agente que ahora trabaja para Ayuso

Koldo García, antiguo asesor del ministro José Luis Ábalos, ha pedido al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye la causa por la que está imputado que indague si agentes de la Guardia Civil (que algunos medios han bautizado como ‘UCO patriótica’) pudieron realizar una investigación prospectiva que conllevó tiempo después a la apertura de una instrucción judicial contra él, su hermano y su ex pareja. “En el derecho penal español, las investigaciones prospectivas están prohibidas. Esta prohibición no es una mera formalidad, sino que se sustenta en principios fundamentales de un Estado de Derecho, como el principio de legalidad, el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia”, señala la defensa en un escrito enviado a la Audiencia Nacional este lunes 14 de julio.

Koldo argumenta su petición porque en el procedimiento ‘DP 100/2021′, que se sigue en otro Juzgado de Instrucción de la Audiencia, se han encontrado conversaciones de WhatsApp entre un ex capitán del Grupo de Fuentes Humanas de la UCO, Juan Vicente Bonilla, con uno de sus confidentes, un empresario que está imputado en una de las múltiples causas de fraude al IVA en el sector de los hidrocarburos. Bonilla dejó la UCO y el 31 de octubre de 2023 fue nombrado Gerente de Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Las conversaciones entre Bonilla y su confidente, iniciadas en abril de 2021, relatan como el segundo le contó al agente que podría tener información sobre Koldo. Bonilla, gracias a su garganta profunda, fue el primer funcionario policial que identificó a “Koldo el del PSOE”. “Buenos días. Muy estimulante lo que nos contaste. Ve manteniéndome informado pq sería gozoso un achuchón de este tipo, que nuestras hostias siempre se las llevan los mismos tontos y habría que cambiar de bando de vez en cuando y yo creo que es el momento idóneo (sic)”, señaló Bonilla a su confidente cuando este le empezó a hablar de Koldo.

Lo que quieren decir estas líneas es que la UCO, según Bonilla, ya estaba cansada de emprender investigaciones que salpicaban a políticos del PP (véase operaciones Púnica y Lezo) y que estaría bien “cambiar de bando” e investigar al PSOE. “Que nuestras hostias siempre se las llevan los mismos tontos”. Meses después, casualmente, el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid (controlado por Ayuso) presentó en marzo de 2022 una detallada denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción tras recopilar información de varios contratos adjudicados por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. En octubre de 2022, la Fiscalía dictaminó que algunos de esos contratos revestían indicios de delito, los relativos a una empresa concreta cuyos hilos conducían a Koldo.

Todos estos mensajes entre Bonilla y su confidente, más de 6.000, están incluidas en la causa ‘DP 100/2021’ (el ‘caso Gaslow’). Este caso ha derivado en una pieza separada en la que está imputado otro capitán de la UCO, Juan Sánchez Yepes, que ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en la que denuncia a varios compañeros por fabricar pruebas y cobrar mordidas de empresarios del sector. Entre ellos, el capitán Bonilla. El juez, no obstante, no le ha creído. Pero todos estos mensajes sirven para que la defensa de Koldo inicie una nueva estrategia e intente anular su causa.

“El principio de Legalidad y Prohibición de las ‘Causas Generales’ exige que toda actuación de los poderes públicos esté previamente habilitada por una ley, lo que significa que la investigación penal debe estar dirigida a la averiguación de un hecho concreto que revista caracteres de delito. Las investigaciones prospectivas, también conocidas como ‘expediciones de pesca’ (fishing expeditions) o ‘causas generales’, son aquellas que se inician sin un indicio sólido de la comisión de un delito específico y sin la existencia de un sospechoso determinado, con la única finalidad de ‘a ver qué se encuentra’”, señala la defensa de Koldo, que cree que los mensajes de Bonilla y su confidente evidencian que todo fue una investigación prospectiva.

La defensa de Koldo solicita al juez que libre un oficio a la Dirección General de la Guardia Civil “a fin de que, por conducto de su Departamento de Asuntos Internos o el órgano funcionalmente competente, emita informe de auditoría detallado en el que se consigne”: Las fechas precisas en que se produjeron visualizaciones o accesos a las bases de datos policiales bajo su gestión, así como a cualesquiera otras fuentes de información manejadas por dicho Cuerpo (incluyendo, a título enunciativo y no exhaustivo, el Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana SIGO, el Sistema de Registro de Investigaciones del CITCO y el SINVES-Aquila), en relación con los datos concernientes a D. Koldo García, D. Joseba García y Dª Patricia Uriz Uriarte.

También solicita la identificación de los agentes que efectuaron dichas visualizaciones o accesos. Esta información “deberá extenderse, asimismo, a la trazabilidad de los accesos relativos a registros mercantiles, datos catastrales, información de cuentas bancarias y cualesquiera otros datos a los que los funcionarios de la Guardia Civil tengan acceso en el ejercicio de sus funciones”.