El Pleno del ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) aprueba exigir el cierre del centro para migrantes: el conflicto se politiza y divide al municipio

El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado este martes una moción que exige el cierre inmediato del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), instalado desde noviembre de 2023 en el interior del acuartelamiento Primo de Rivera. La propuesta, presentada conjuntamente por el Partido Popular y Vox, ha salido adelante con mayoría absoluta, en medio de una creciente crispación social y política en torno al centro y sus residentes.

La alcaldesa de la ciudad, Judith Piquet (PP), defendió la medida afirmando que “no se trata de racismo, sino de sentido común”. Durante su intervención, aseguró que el centro fue concebido inicialmente para albergar a un centenar de personas, pero ha llegado a acoger a más de 1.700 en algunos momentos. “El Gobierno nos ha engañado y ha abandonado a los vecinos”, sentenció.

En paralelo, el Pleno aprobó también la reprobación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por sus declaraciones en las que relacionó la oposición al CAED con actitudes racistas. El portavoz popular, Gustavo Severien, calificó sus palabras como “ofensivas” y “falsas”, y reclamó al Gobierno central un informe completo sobre el impacto del centro en la seguridad y los servicios municipales.

La controversia en torno al CAED no es nueva. El centro fue abierto en noviembre de 2023 por el Ministerio de Inclusión como una medida de emergencia ante la llegada masiva de migrantes a Canarias. Fue instalado en el cuartel Primo de Rivera con carácter temporal, pero desde su inicio generó inquietud en parte del vecindario. Según la alcaldesa, el Gobierno aseguró que no superaría las 100 plazas, una cifra que en la práctica se multiplicó por más de diez.

Diversas asociaciones vecinales, como las de Ciudad 10 y Parque del Ángel, han denunciado desde hace meses una “falta total de información” por parte de las autoridades, así como la ausencia de un plan de integración o medidas de refuerzo en seguridad y limpieza. Aunque la mayoría ha evitado asociar su malestar con un rechazo a los migrantes, sí han apuntado a una “sensación de inseguridad” creciente, sobre todo entre mujeres y menores.

El punto de inflexión llegó el pasado 28 de junio, cuando una joven de 21 años denunció una violación presuntamente cometida por un residente del centro, de nacionalidad maliense. Aunque la investigación sigue en curso, el caso fue rápidamente aprovechado por partidos de extrema derecha y grupos ultras para alimentar un discurso de criminalización. Desde entonces, Alcalá ha vivido varias protestas de tinte xenófobo, algunas con lemas como “Alcalá blanca” o “Negros al cementerio”, y cánticos franquistas.

A raíz del caso, se han producido dos manifestaciones. La primera, autorizada, acabó con altercados en el centro urbano. La segunda, no autorizada por la Delegación del Gobierno, se celebró frente al centro y terminó con enfrentamientos con la Policía Nacional y cuatro detenidos. En ambas se ha constatado la presencia de grupos de ultraderecha organizados.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, también se sumó a las críticas, exigiendo el cierre no solo del CAED de Alcalá, sino de todos los centros similares en la Comunidad de Madrid. En declaraciones recogidas por El País, acusó al Gobierno de Sánchez de “crear guetos” y de “reventar la convivencia”. Además, anunció su intención de llevar el caso ante la Justicia y las instituciones europeas.

La moción del PP y Vox fue contestada con dureza por los grupos de izquierda. Rosa Romero, portavoz de Más Madrid Alcalá, acusó al equipo de Gobierno de “instrumentalizar el miedo” y no condenar otras agresiones sexuales ocurridas en la ciudad. “Ustedes solo hablan de la violencia cuando el sospechoso es migrante”, reprochó. En la misma línea, el portavoz socialista y exalcalde, Javier Rodríguez Palacios, denunció que se está “revictimizando a las mujeres” y “criminalizando a colectivos enteros por delitos individuales”.

Antes del inicio del debate, dos representantes vecinales de zonas cercanas al centro expusieron su malestar por la situación. Desde la Mancomunidad del Parque del Ángel, se denunció la “falta de transparencia” en la gestión del CAED y la “sensación de inseguridad creciente”. Otra portavoz, del barrio Ciudad 10, explicó que los vecinos “no pueden más” y aseguró que la presencia de personas ociosas en las calles genera miedo entre mujeres y menores. Ambas defendieron que su postura no es racista, sino fruto de una “preocupación legítima”, como recoge Dream Alcalá.

Por su parte, el colectivo Alcalá Acoge, que trabaja con migrantes y realiza labores de acompañamiento, protestó contra el cierre del CAED. Unos 25 voluntarios accedieron al Salón de Plenos con pancartas y gritos, y fueron expulsados por la Policía Local. Tres de ellos fueron identificados. Más tarde, continuaron la protesta a las puertas del Ayuntamiento, donde se les unieron más ciudadanos.

La polémica por el CAED de Alcalá se ha proyectado a nivel regional y nacional. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exigió recientemente el cierre de todos los centros de emergencia similares en la región, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de “dejar crecer la tensión migratoria para reventar el país”. Además, Ayuso advirtió que llevará el caso a los tribunales y a la Unión Europea si no se toman medidas inmediatas.

La moción aprobada por el Ayuntamiento exige al Gobierno que reubique a los migrantes de forma “digna y adecuada”, y que compense al municipio por los perjuicios sufridos. No obstante, el cierre del centro no depende directamente del consistorio, sino del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que por ahora no se ha pronunciado oficialmente.

El futuro del CAED en Alcalá sigue, por tanto, en el aire. Pero lo que está claro es que el caso ha abierto una brecha profunda entre vecinos, partidos y administraciones, y ha situado a la ciudad complutense en el centro del debate nacional sobre migración, seguridad y convivencia.