Una pareja pone en venta su apartamento y recibe una factura de 7.000 euros por el anuncio: la confusa letra pequeña de los contratos inmobiliarios

Una pareja de Pordenone, Italia, habló con un agente inmobiliario sobre su interés de vender el piso en el que vivían, sin saber todo lo que se les iba a venir encima. Casi al instante de hablar con la inmobiliaria sobre la publicación del anuncio, recibieron una factura de 7.000 euros de la que no sabían nada.

Todo comenzó cuando la pareja, situada en el exterior de su vivienda, fue abordada por el profesional. El agente se presentó de manera amigable, con una conversación desenfadada, lanzando preguntas sobre los inmuebles que estaban a la venta en las inmediaciones.

Durante la charla, les ofreció una tasación gratuita del piso de los propietarios, describiéndola como un procedimiento informal, sin obligaciones ni costes. La propuesta, en apariencia inofensiva, convenció a los dueños, que aceptaron tener una cita y firmar unos papeles que, a primera vista, parecían solo autorizaciones para la valoración.

Según publicó Il Gazzettino, los propietarios no se imaginaban que habían suscrito un contrato de exclusividad, válido durante un año y con una tarifa de 7.000 euros más IVA. El contrato contenía una cláusula determinante: la cuantía debía abonarse, aunque la operación de venta no llegase a concretarse. Bastaba con que la agencia hubiera iniciado labores de promoción y búsqueda de clientes, hecho que desencadenaba la obligación de pago.

Al comprender lo que significaban aquellas firmas, la pareja intentó rescindir el trato. Llamaron a la agencia para cancelar la cita con el fotógrafo, encargado de preparar el anuncio. Pero el agente inmobiliario comunicó que el acuerdo ya era plenamente vinculante y que no admitirían ninguna cancelación.

Ante esto, los afectados enviaron formalmente su solicitud de desistimiento, exigiendo que se les concediera el plazo de 14 días que establece el Código de Consumo italiano para los contratos celebrados fuera de establecimientos comerciales. No recibieron respuesta a su reclamación. Al mismo tiempo, la presión aumentó: el agente insistió en la obligación de abonar una penalización equivalente al 70% de la comisión pactada, además del IVA, sumando una cifra de alto impacto económico para los propietarios.

La asociación Adoc, que defiende a los consumidores ante este tipo de prácticas, recibió la denuncia y actuó como mediador entre las partes, lo que permitió detener la escalada del conflicto. Según datos recopilados por la organización, se han detectado múltiples casos similares en los últimos meses. La letra pequeña de los denominados “mandatos de venta” incluye condiciones que, en la práctica, dificultan a los propietarios retirarse o reconsiderar el acuerdo antes de vender la vivienda.

Este tipo de conflictos no solo afecta a quienes venden una propiedad. También se han identificado incidentes graves entre compradores o potenciales inquilinos. En otro caso similar y muy reciente, otra joven pareja que buscaba piso en alquiler en la misma provincia cayó en una estafa por internet.

La pareja publicó un anuncio en redes sociales y fue contactada por una supuesta intermediaria que les ofreció detalles verosímiles sobre una vivienda, incluidos tickets de aparcamiento y planos. Tras intercambiar mensajes y realizar transferencias por más de 1.200 euros, la sospechosa dejó de responder, desactivó los números y eliminó sus perfiles, y se comprobó que en la dirección proporcionada no existía ningún inmueble disponible.