Sánchez y la Generalitat catalana avanzan hoy hacia la financiación singular y anunciarán nuevas medidas para reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña

El Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern catalán prevén un impulso este lunes hacia la financiación singular que pactaron hace un año el PSC y ERC a cambio del apoyo de los republicanos a la investidura de Salvador Illa. A las 12:00 horas se reúnen una Comisión Bilateral en el Palau de la Generalitat para alcanzar un acuerdo en la gestión tributaria del IRPF. En concreto, ambas instituciones esperan llegar a un acuerdo y anunciar nuevas medidas para fortalecer la estructura y funciones de la Agencia Tributaria Catalana, que progresivamente deberá asumir responsabilidades propias de la Agencia Estatal.

A día de hoy, la Hacienda catalana cuenta con 839 empleados, una cifra que dista notablemente de los aproximadamente 3.800 efectivos con los que opera la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la región. En mayo se anunció la incorporación de 200 personas más, aunque el propio Illa reconoció que será necesario cuadruplicar la plantilla para asumir plenamente la gestión de todos los impuestos de la región. Solo el 34,2% del personal actual corresponde a cuerpos especializados en gestión e inspección, lo que evidencia la necesidad de ampliar la estructura si la Generalitat busca hacerse cargo de todas las funciones tributarias previstas en el nuevo modelo.

El modelo de financiación singular figura como uno de los principales compromisos electorales de ERC. De hecho, En un principio se acordó mantener esta reunión antes del 30 de junio, pero los republicanos aceptaron posponer la fecha de la reunión bilateral dos semanas más allá del límite inicial, mostrando así flexibilidad para avanzar en las negociaciones. La propuesta contempla que la Generalitat tenga capacidad plena para gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los tributos soportados en Cataluña. Asimismo, el acuerdo estipula que la solidaridad con otras comunidades se organice en base al principio de ordinalidad, aunque no define porcentajes concretos. Se prevé, además, un aumento considerable de la capacidad normativa catalana en coordinación con el Estado y la Unión Europea.

Mientras que ERC sostiene que el modelo se equipara a un concierto económico, esta terminología jamás ha sido adoptada por los socialistas ni figura en el pacto de investidura. Según informó EFE, los republicanos no se opondrán a que el régimen singular catalán pueda extenderse a otras comunidades, siguiendo la lógica empleada previamente en temas como la condonación parcial de la deuda autonómica con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Lo que ahora se negocia supone el traslado de lo acordado entre partidos a acciones asumidas por los ejecutivos correspondientes. No obstante, la reforma definitiva del sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace más de una década, requerirá su formalización en organismos multilaterales.

El siguiente paso para poner en marcha la financiación singular será la obtención del aval del Congreso de los Diputados, algo ineludible porque el acuerdo PSC-ERC implica modificar tres normativas: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la ley que regula la financiación de las autonomías de régimen común y la Ley de cesión de tributos. Según fuentes presentes en las negociaciones citadas por EFE, el PSOE y ERC tienen previsto presentar una proposición de ley conjunta durante este mes de julio, aunque el texto definitivo aún está en fase de redacción.

El contexto parlamentario para esta iniciativa se plantea especialmente complejo debido a la fragmentación de apoyos: los cambios en la postura del grupo de Sumar, la oposición del bloque de Podemos, y la falta de garantía del voto afirmativo por parte de Junts conforman, en palabras del líder republicano Oriol Junqueras, una mayoría “compleja” y “variada”. Además, algunas voces dentro de ERC han expresado reproches a la anterior dirección del partido por no haber registrado en su momento la proposición de ley necesaria, tal como ocurrió con la ley de amnistía.

La ATC, creada en enero de 2008 en virtud del Estatut, está lejos aún de equipararse en tamaño y atribuciones a la AEAT en el ámbito catalán, aunque ha ido incrementando de forma paulatina sus responsabilidades. Actualmente —además de gestionar tributos como Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y tasas propias como la turística, el impuesto sobre el juego, de emisiones contaminantes de vehículos, viviendas vacías o bebidas azucaradas—, la ATC comparte la gestión del impuesto de matriculación con el Estado desde febrero pasado.

Esta experiencia piloto se diseñó para ensayar futuros traspasos de competencias tributarias, apostando por una implementación gradual y eficiente basada en la capacidad operativa demostrada por la agencia española. Así, tanto la Generalitat como el Gobierno central apuestan por una evolución progresiva en el traspaso y gestión de las competencias tributarias en Cataluña, en un proceso en el que el refuerzo estructural y la definición jurídica serán claves durante los próximos años.