La demolición del edificio Venus en Barcelona: “Es la expropiación más grande que se ha hecho nunca en un solo edificio”

El proceso de realojo de los habitantes del bloque Venus, situado en el barrio de La Mina en Sant Adrià de Besòs, avanza a pequeños pasos tras más de dos décadas de espera. Pese a que la demolición se plantea como una oportunidad para “recuperar la dignidad de las familias”, en palabras de Paco Vargas, concejal de La Mina, el procedimiento enfrenta una dilatada lista de obstáculos, que incluyen casos de realojo paralizados, vecinos amedrentados por la administración y una demanda colectiva aún pendiente de resolución.

La operación, que prevé expropiar y desalojar a 244 familias antes del derribo del edificio en 2028, se perfila según los responsables como “la expropiación más grande que se ha hecho nunca en un solo edificio”. Así lo recoge la cobertura de 3cat.

Según la información del medio catalán, el derribo del bloque Venus lleva pendiente desde 2002, cuando se aprobó el Plan de Transformación Social y Urbanística de La Mina. Desde entonces, la mayoría de sus habitantes ha visto cómo el proceso se retrasaba año tras año.

“Antes de Navidad, nada. Antes de no sé qué, nada. Y así, esperando, esperando, hasta que llegó el día. Bueno, todavía no ha llegado el día. Yo, hasta que no firme y me den mi llave, no ha llegado el día”, relató con resignación Dolores, vecina del edificio, que finalmente firmó el cambio de vivienda junto a su marido Juan tras un año de incertidumbre y trámites pospuestos.

Tal como recoge el reportaje “Huir de Venus”, emitido por el programa 30 minuts, la mudanza de las primeras familias empezó a materializarse a finales de la pasada primavera. Además de los problemas administrativos, muchos habitantes del Venus temen quedarse en un limbo habitacional, ya que menos de la mitad tiene derecho a realojo.

El edificio no presenta defectos estructurales ni problemas graves de construcción. Sebastià Jornet, arquitecto y director del Plan de Transformación Urbanística de La Mina, explicó a 3cat que los bloques “estaban muy bien construidos, que la estructura era muy sólida”. Incluso añadió que, en caso de terremoto en el área metropolitana, “caerían el 70% de los edificios, pero los bloques de La Mina quedarían en pie”.

La verdadera razón del derribo reside en factores sociales: “Hay una concentración de marginalidad y narcotráfico, pero, al mismo tiempo, allí viven familias trabajadoras, honradas y honestas”, puntualizó el experto.

José Mansilla, antropólogo social, sostiene que el barrio “ha sido el gran olvidado de Barcelona”, afirmando: “Tenemos este lugar que puede servir para muchas cosas: como para esconder la realidad social que no nos gusta”.

De acuerdo con el plan diseñado por el gobierno, únicamente 105 de las 244 familias residentes cumplen los requisitos para el realojo. El Consorcio de La Mina exige acreditar la propiedad o una titularidad de alquiler previa a 2001. Aquellos que lo logran pueden elegir entre recibir una indemnización de 100.000 euros o mudarse a otro piso proporcionado por la administración.

La compra de pisos de segunda mano se ha convertido en la principal vía para reubicar a quienes escogen esta última opción. Por ahora, el consorcio ha adquirido 37 viviendas y prevé llegar a cerca de 90 a lo largo de 2025. Es el caso de María Amaya, que aguarda ilusionada el traslado a un piso situado a apenas dos minutos del Venus: “Ojalá Dios me lo dé pronto para irme de aquí ya”, relató al medio.

Para quienes optan por la compensación económica, el proceso avanza con mayor agilidad: 23 familias ya han cobrado la indemnización, y se espera que unas 40 más la reciban en el transcurso de 2025.

Un grupo elevado de residentes queda fuera del plan de realojo por cuestiones legales. Muchos ocupan sus viviendas a través de traspasos informales, sin notario ni contrato homologado. Para estos vecinos, la administración estudia soluciones de alquiler social, “porque todas las familias del bloque se consideran vulnerables”, según explican desde 3cat.

Estos contratiempos ralentizan el calendario de realojos previsto. El Consorcio de la La Mina enfrenta una situación compleja, pues la regularización y protección de las familias, parte esencial del proyecto, choca frontalmente con la precariedad documental en la que viven numerosos vecinos.

La tardanza en el proceso ha llevado a cerca de cuarenta vecinos, liderados por Paqui Jiménez, a interponer una demanda contra el Consorcio de La Mina por daño patrimonial. Además de denunciar la “inacción de los diferentes gobiernos”, reclaman una compensación de 10.000 euros por cada año de retraso en el derribo desde 2010, una cifra que alcanzaría actualmente los 150.000 euros para cada denunciante.

Sin embargo, la administración exige la retirada de la demanda como condición para acogerse al plan de expropiación. Esto ha generado situaciones de máxima tensión, como la vivida por Rosalía Malagón, vecina que rechaza esta exigencia: “Eso es un chantaje. Si derriban el edificio, estaré dentro de casa porque yo no retiraré la demanda”. Añade con firmeza: “He sufrido mucho aquí. Me quedaré aunque tenga que salir con los pies por delante”.

El conflicto puede suponer un bloqueo del plan, como admitió Filo Cañete, alcaldesa de Sant Adrià de Besòs y vicepresidenta del Consorcio: “Con que solo una persona diga ‘no salgo de aquí’, y la justicia le dé la razón, no podremos derribar el bloque. Quedará perpetuo”. Insiste en la necesidad de pactar: “Debemos llegar a un acuerdo y que todo el mundo salga convencido de que ha logrado la mejor oferta que la administración puede hacer”.