Una anciana desahuciada en Barcelona regresa a su barrio después de que una propietaria le ofrezca un piso por 650 euros: “No me lo creo”

“Mira que he vivido la posguerra y he trabajado después muchos años... Lo que he pasado estos dos últimos no se lo deseo a nadie”, decía Josefa Viu para el medio Tot Barcelona.

A sus 80 años, Pepi, como la conocen en su barrio, ha vivido muchas dificultades. El pasado 2 de junio, esta vecina de Sants fue desahuciada de su piso de toda la vida, en el que había vivido durante más de una década. La propiedad se negó a renovarle el contrato, primero alegando la intención de venderlo, y más tarde asegurando que lo necesitaban para un familiar.

Ese día, Pepi se despidió entre lágrimas: “Me gustaría quedarme en Sants, es mi barrio”. Lo dijo al medio anteriormente citado mientras decenas de vecinos cortaban la calle durante más de una hora para apoyarla.

Con una pensión de poco más de 800 euros, resultado de más de 45 años cotizados, no encontraba ningún piso que pudiera permitirse. La respuesta institucional fue reubicarla temporalmente en un hostal en la calle Balmes, a casi cuatro kilómetros de su antiguo hogar. Allí pasó cerca de mes y medio. Todo parecía indicar que su regreso a Sants no sería fácil… hasta que una propietaria, conmovida por su historia, le ofreció una vivienda.

La misma semana del desahucio, el Grupo de Vivienda de Sants —la entidad que la acompañó durante todo el proceso— recibió un par de mensajes clave. Dos propietarias ofrecían pisos que se ajustaban al perfil que buscaba la mujer: alquiler de máximo 800 euros, preferiblemente dos habitaciones, ascensor por sus problemas de movilidad y una ducha accesible. Una de las opciones quedó descartada por precio, pero la otra resultó ser la buena.

La propietaria del piso vivía en el extranjero y se había enterado del caso de Pepi por los medios. Aunque tenía otras personas interesadas, quiso conocerla antes de decidir. La reunión fue todo un éxito. El Grupo de Vivienda decidió mantener el proceso en secreto hasta estar seguros para no ilusionarla en vano. Días después, la propietaria comunicó su decisión: Pepi sería la nueva inquilina.

El contrato, firmado recientemente, es de cinco años prorrogables otros cinco. El precio: 650 euros. “Cuando me lo dijeron no me lo creía, y aún ahora me cuesta asimilarlo”, cuenta Pepi a Tot Barcelona. “Tenía esperanzas de que alguien saliera con un poco de corazón, pero su empatía me sorprendió. Nunca me había encontrado con una propietaria así”.

El nuevo piso está muy cerca del anterior. El viernes pasado, Pepi pasaba su primera noche allí. Algunos miembros del Grupo de Vivienda todavía le echaban una mano con los últimos detalles. Ya solo queda recuperar las pertenencias que guardó en un trastero municipal mientras vivía en el hostal.

“Estoy muy contenta. Puedo volver a comprar en el mismo supermercado, pasar por la plaza… Todo el mundo se ha alegrado mucho. Ya me siento como en casa”, cuenta con una sonrisa al medio anteriormente nombrado. Agradece profundamente la ayuda recibida, especialmente de la gente del barrio, que buscó al colectivo de vivienda.

Sobre la propietaria, desde la entidad explican que ha preferido mantenerse en el anonimato. No quiere aparecer públicamente porque considera que su gesto no es nada extraordinario. “Está muy en contra de la especulación inmobiliaria”, apuntan desde el colectivo. Y añaden que casos así no son habituales: “Encontrarse con una arrendadora así no suele pasar. Pero con Pepi, ha pasado”.

Lo que le había ofrecido el Ayuntamiento hasta ese momento era inscribirse en el sorteo público de pisos protegidos de la Isla Acero, en la Marina del Prat Vermell. Aunque se prevé que la adjudicación se haga en el último trimestre de este año, la entrega de llaves no sería efectiva hasta principios de 2026. Eso habría supuesto casi un año más en un alojamiento de emergencia, lejos de su entorno habitual.

La situación de Pepi no es una excepción. Según datos del Grupo de Trabajo de Servicios Sociales del Consejo Municipal de Bienestar Social, un 74% de las personas en alojamientos de emergencia superan los seis meses de estancia. En muchos casos, se alarga a más de un año, incluso dos o tres. En abril de 2024, el número de personas esperando una plaza llegaba a 48 cada mes.

La Sindicatura de Greuges ya advirtió hace poco más de un mes sobre la necesidad de reformar el modelo actual de atención temporal a personas vulnerables, al considerar que se está convirtiendo en una solución insuficiente y demasiado prolongada en el tiempo.

Ahora, Pepi podrá celebrar su 81 cumpleaños este agosto desde un nuevo lugar al que, aunque no sea el de antes, puede seguir llamando hogar. Su mensaje final, dirigido a los propietarios: “A los que estén en la misma situación, les diría que fueran más humanos. Lo que he pasado estos dos años no se lo deseo a nadie”.