Los padres de un niño quemado por ácido en un tobogán culpan al supermercado que vendió el producto: lo adquirieron dos menores

La tragedia que envolvió a una familia de Toulouse, en Francia, resurge con fuerza en la agenda judicial francesa después de que los padres de un niño de dos años, víctima de quemaduras de tercer grado provocadas por un producto corrosivo, emprendieran acciones legales contra la cadena de supermercados Aldi, según recoge el medio Midi Libre. El pequeño requirió varias operaciones de injerto de piel y atravesó un proceso de recuperación extremadamente doloroso, tanto física como emocionalmente.

Hace algo más de un año, dos preadolescentes, entonces de 11 y 12 años, adquirieron en un establecimiento de la firma un desatascador químico y lo vertieron sobre un tobogán de un parque. El pequeño Waïl, al utilizar esta instalación en el parque, sufrió graves heridas en las piernas al entrar en contacto con la sustancia.

Dos días después de concluir el proceso penal contra los menores, la familia del niño ha decidido llevar el caso a la vía civil, señalando a la empresa por permitir la venta de un producto claramente peligroso a menores de edad.

La noticia fue desvelada por medios como Ici Occitanie y varios diarios nacionales, que ponen el acento en la ofensiva legal impulsada por Pierre Debuisson, reconocido abogado responsable de sentencias destacadas como la del caso Buitoni contra Nestlé. Según la acusación, existen elementos suficientes para responsabilizar a Aldi de los hechos, alegando que la tienda incurrió en una grave negligencia comercial y moral al no impedir la operación.

De acuerdo con los medios franceses, la familia presentará su demanda en el tribunal de París reclamando un millón de euros en concepto de daños y perjuicios. El argumento central radica en que el supermercado incumplió la normativa que prohíbe la venta de sustancias corrosivas a menores y actuó sin el control necesario, permitiendo un acceso inadecuado a productos químicos industriales.

Esta falta de precaución resultó decisiva para que los adolescentes no pudieran perpetrar el incidente, con las consecuencias físicas y psicológicas que siguen afectando a Waïl. El abogado ha hecho hincapié en la “falta moral” de Aldi, además de la vulneración clara de la legislación vigente.

Hasta ahora, representantes de la compañía no han realizado declaraciones públicas, aunque se espera que estén llamados a declarar durante este verano, conforme avance la investigación judicial. El caso pone de manifiesto los riesgos de una distribución sin controles efectivos de artículos con potencial lesivo, y reabre el debate sobre las obligaciones del sector en la protección de colectivos vulnerables.

La familia, a través de su letrado, justifica la indemnización reclamada precisamente en la magnitud del calvario sufrido, relatando que el niño padeció dolor de forma persistente durante semanas tras el accidente y que su recuperación sigue en curso.

En lo penal, la Justicia francesa ha declarado a los dos adolescentes “culpables” de los hechos, aunque exentos de responsabilidad penal dada su edad, de acuerdo con la legislación vigente. Sin embargo, la instrucción continúa en el ámbito civil, con la citación de ambos jóvenes para junio de 2026 y la vista de las reclamaciones patrimoniales de la familia contra Aldi.