Alcohol, óxido nitroso y fiestas hasta las 9 de la mañana: un pueblo se ve desbordado por las fiestas masivas en una casa rural turística

La vida cotidiana en Dhuisy, un pequeño municipio de la Seine-et-Marne con apenas 300 habitantes, ha dado un giro brusco en los últimos meses. El origen del conflicto reside en la celebración de fiestas privadas en una vivienda de alquiler, publicitada en portales como Leboncoin y GrandGîtes, que ha alterado por completo la tranquilidad habitual del pueblo.

Desde mediados de 2023, la situación se ha vuelto insostenible para los vecinos, que denuncian el aumento de altercados y molestias a raíz de estas reuniones nocturnas, organizadas de forma reiterada y ajenas al espíritu de convivencia que define a la comunidad, según ha señalado el medio francés La Dépêche.

La movilización vecinal ha culminado en la creación del colectivo ‘Sauvons Dhuisy’, impulsado para canalizar el malestar generalizado y servir de interlocutor ante las administraciones. La alcaldesa, Isabelle Faoucher, ha respaldado públicamente a los afectados, insistiendo en que el fenómeno trasciende una simple cuestión de convivencia y amenaza con degradar el clima social del municipio.

Las celebraciones se caracterizan por la llegada masiva de jóvenes durante la madrugada, numerosos vehículos saturando las calles y comportamientos que, según el testimonio de la alcaldesa, incluyen consumo abusivo de alcohol, gritos y basura acumulada en espacios públicos. Entre los residuos más habituales destacan las botellas de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”, que es consumido por sus efectos euforizantes y desechado sin miramientos en el entorno.

De acuerdo con el medio francés, la vivienda protagonista de la polémica logró eludir la vigilancia de plataformas habituales como Airbnb y Abritel tras múltiples denuncias colectivas y por parte del propio Consistorio. Sin embargo, la oferta persiste en Leboncoin, donde la tarifa por noche asciende a 600 euros, según relatan fuentes municipales.

Las imágenes facilitadas por la alcaldesa muestran grandes concentraciones de automóviles aparcados al azar, lo que evidencia la magnitud del fenómeno y sus consecuencias en la accesibilidad urbana y la seguridad vial del municipio.

Más allá del bullicio, la situación ha derivado en incidentes preocupantes entre residentes y el propietario de la vivienda en alquiler. Algunos vecinos, como Michel, han intentado negociar con los organizadores para moderar el volumen, pero estos intentos han desembocado en enfrentamientos personales.

Este francés, uno de los principales afectados por la localización de la casa, ha relatado cómo tras pedir tranquilidad fue objeto de un altercado con el dueño de la propiedad, que habría llegado a las manos y provocado una denuncia formal en comisaría. Este incidente no es un hecho aislado: se han documentado amenazas similares a otros residentes, incluidas advertencias intimidatorias por teléfono, lo que refuerza la percepción de que el conflicto supera los límites de una disputa barrial habitual.

La respuesta municipal y la iniciativa ciudadana han cristalizado en la recogida de firmas, cuyo objetivo es elevar la presión social y mediática ante las instituciones para exigir soluciones concretas y preservar la calidad de vida. La alcaldesa, en sintonía con los vecinos, ha subrayado la imperiosa necesidad de un marco legal más estricto en torno a las plataformas de alquiler vacacional, especialmente en entornos rurales donde los desequilibrios sociales y urbanísticos pueden desbordar fácilmente la capacidad de respuesta institucional.