España no es país de funcionarios: solo hay un 15% y son la mitad que en países del norte de Europa, pero gastamos más en salarios

No, España no es país de funcionarios. La percepción de que el sector público español concentra una gran masa laboral se aleja de los datos. El empleo público en España, lejos de situarse entre los más numerosos de Europa, resulta ser menor en proporción a la mayoría de los países del entorno, especialmente cuando la comparación se dirige a los países nórdicos. En cambio, el gasto destinado a mantener este aparato público alcanza niveles elevados en relación con la media de la OCDE.

Veamos los datos. Por un lado, España tiene un 15,35% menos de empleados públicos (funcionarios o no) respecto al total del empleo, tres puntos por debajo de la media de la OCDE y casi la mitad que los países del norte de Europa. Y sin embargo, tiene un gasto público en salarios de empleados públicos un 18% superior a la media ponderada, según los datos del informe Government at a Glance de 2025 de la OCDE. Esta paradoja invita a repasar las cifras y las tendencias recientes para comprender cómo se estructura el empleo público en España y por qué, a pesar de tener menos funcionarios que sus vecinos del norte, el Estado gasta más en su personal.

El contraste se acentúa si se observa el caso de los países nórdicos, la región europea que lleva la delantera tanto en porcentaje de empleo público como en solidez de los servicios estatales universales. Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia lideran la clasificación. Por ejemplo, el empleo público representa casi un tercio del total en Noruega (30,1%), Suecia (28,2%), Dinamarca (27,3%) y Finlandia (25,2%). Incluso la barrera del 30% resulta una referencia habitual para los países de esta región, lo que significa que allí hay, en términos relativos, el doble de funcionarios que en España.

Estas diferencias pueden explicarse, en parte, por las particularidades de cada sistema nacional. Según el análisis de la OCDE, “en algunos países, la mayoría de los profesionales sanitarios, docentes y de emergencias son empleados públicos, mientras que en otros estos roles los ocupan mayormente trabajadores del sector privado o de organizaciones no lucrativas, pero operando dentro de sistemas financiados públicamente”. Este matiz resulta decisivo para entender no solo la cantidad, sino también la naturaleza de los puestos de trabajo que integran la función pública en cada rincón de Europa.

La diferencia numérica subraya que España cuenta con aproximadamente la mitad de empleados públicos que los países nórdicos. Estos contrastes no solo se traducen en los servicios diseñados o la extensión del Estado de Bienestar, también reflejan decisiones históricas y marcos normativos muy diferenciados. El caso de España muestra una inclinación menor a absorber determinados colectivos laborales (como el personal sanitario o educativo) en la nómina estatal, lo que modera las cifras en relación con los países del norte europeo.

A pesar de la estabilidad general en la estructura del empleo público, han tenido lugar leves movimientos en los últimos años, marcados en parte por las crisis y recuperaciones económicas que atraviesan todo el mundo desarrollado. De acuerdo con la estadística comparada de la OCDE, “la proporción del empleo público sobre la totalidad del empleo ha permanecido relativamente estable”, aunque entre 2019 y 2023 experimentó una ligera subida: “En 2023 el empleo público promedio fue del 18,4% sobre el empleo total en los países OCDE, una subida de 0,3 puntos porcentuales respecto de 2019″. En este periodo, hubo incrementos notables en algunos países, como “Letonia (+4,5 puntos), Estonia (+1,4 puntos) y el Reino Unido (+1,1 puntos)”, mientras que en otros, como Lituania, Francia y Hungría, la tendencia fue a la baja.

En el caso español, el cambio ha sido sutil y su posición relativa no ha variado de forma sustancial. El crecimiento medio anual del empleo público en el conjunto de la OCDE entre 2019 y 2023 fue del 1,6%, ligeramente superior al registrado en el empleo total (1,1%). “El incremento global de la presencia del funcionariado en la región se debe a que el empleo público creció a mayor ritmo que el empleo total”, apunta el informe. De todos modos, la brecha entre países se mantiene, ya que en los dos tercios de los miembros de la OCDE el empleo estatal creció más rápido que el empleo privado, mientras que en el tercio restante cayó en proporción. En países como España, la tendencia no fue de incremento extraordinario, sino de mantenimiento o ligera variación, por lo que el fenómeno de convergencia hacia los niveles del norte de Europa no se ha producido, ni es previsible a corto plazo.

A pesar de la reducida presencia de funcionarios en comparación con los países del norte, la estructura del gasto público en España mantiene algunos rasgos distintivos. El análisis de la OCDE aporta que “la segunda mayor categoría del gasto público en 2023 fue la compensación de los empleados públicos, con una media del 20,6% del gasto total en los países OCDE”. Así, España figura entre los países donde el peso del gasto destinado a los empleados públicos es superior a la proporción de empleados públicos en la estadística total.

Este fenómeno puede atribuirse a las particularidades salariales, a la distribución de competencias institucionales y, en parte, a la estructura de los servicios públicos. Aunque el número de empleados públicos en España no alcance las cuotas que registran Noruega, Dinamarca o Suecia, “el gasto en salarios públicos resulta significativo y, en ocasiones, superior al de algunos países del entorno que manejan plantillas más amplias”, apunta el informe de la OCDE. Es decir, hay menos funcionarios pero gastamos más que en otros países.

El texto añade que “las disparidades pueden explicarse por la diferencia en el tamaño de los servicios públicos, la forma en la cual se definen los puestos estatales o el lugar que ocupa el sector público en la atención a la ciudadanía”. Hay países con plantillas mucho más numerosas y un desarrollo extensivo del Estado de Bienestar, pero con gastos unitarios moderados; y otros, como España, donde la plantilla es más limitada pero el desembolso total —y especialmente la proporción sobre el total del presupuesto— permanece en niveles notables.