El Gobierno de la Región de Murcia ha dado marcha atrás en menos de tres días a un plan para adquirir viviendas destinadas a la acogida de menores migrantes no acompañados. Esta decisión, tomada tras el ultimátum de Vox en plena negociación por los presupuestos académicos y comunicada por la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha generado una ola de preocupación por parte de organizaciones sociales, que denuncian una “falta de responsabilidad institucional”.
“Esta medida implica un retroceso significativo en la garantía de los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, especialmente en un contexto de creciente necesidad de protección y estabilidad”, señalan fapmi-ECPAT España y la Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM) en una nota de prensa a la que ha tenido acceso Infobae España.
Ambas entidades advierten que la renuncia al plan no solo deja en el aire el destino de más de un centenar de menores, sino que agudiza la precariedad estructural de los recursos de acogida en la región.
Un giro político tras las amenazas de Vox
La orden fue aprobada a comienzos de julio y autorizaba a la Conserjería de Política Social la compra de viviendas mediante fondos del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del proyecto “ModernizAcción”, enfocado en mejorar las infraestructuras residenciales para la infancia migrante.
Sin embargo, el 1 de julio, el líder del partido ultraderechista, Santiago Abascal, publicó un mensaje en la red social X exigiendo su retirada inmediata: “Si esto no es inmediatamente retirado, Murcia no tendrá presupuestos... o tendrá que aprobarlos con el PSOE”.
José Ángel Antelo, presidente provincial del partido, añadió que “el PP debe salir y decir claramente que pondrá en marcha las políticas para devolver a los menas a sus países de origen”. Horas después, Conchita Ruiz respondió por la misma vía: “La Comunidad revoca la orden por la que se contemplaba la adquisición de viviendas para la acogida de menores extranjeros no acompañados. Rectificar es de sabios. No volverá a suceder”.
Una red de acogida desbordada que afronta la fuga de sus profesionales
Durante 2024, la Región de Murcia atendió a 741 menores extranjeros no acompañados. En marzo de 2025, las 649 plazas residenciales estaban ocupadas. El reparto estatal prevé la llegada de 133 menores adicionales este año.
Sin embargo, con el cierre inminente del centro de acogida de Santa Cruz (donde residen 60 menores) y la retirada del plan para ampliar los recursos, las organizaciones alertan de una sobreocupación crítica. Según la propia consejera de Política Social, la red regional de acogida de menores está sobrepasada en un 220%.
“La decisión tomada deshumaniza a estas personas menores de edad y las deja en una situación de total incertidumbre. La falta de información clara sobre su reubicación compromete, en definitiva, los principios básicos de protección, entre ellos, el interés superior del niño y la niña”, denunciaron fapmi-ECPAT España y AMAIM.
“Además, esta renuncia agrava una problemática estructural ya existente: la propia inestabilidad del sistema de protección a la infancia migrante”, advierten. “Más allá de las ‘plazas’ o ‘cupos’ hablamos de personas menores de edad con historias de vida, derechos y necesidades específicas a las que estamos obligados y obligadas a proteger”, insisten.
“La infancia migrante no es colectivo peligroso, es un grupo en situación especialmente vulnerable que requiere de protección, acompañamiento y también oportunidades”, subrayan fapmi-ECPAT España y AMAIM.
La precariedad afecta igualmente a los equipos técnicos y educativos. La “falta de estabilidad a nivel institucional y de respaldo a largo plazo” está provocando una “fuga” de profesionales que compromete la continuidad y calidad de la atención. “Es urgente garantizar la estabilidad y calidad de los recursos destinados a estas personas menores de edad”, reclaman.
Finalmente, ambas asociaciones hacen un llamamiento a la “responsabilidad institucional” y exigen que las políticas de acogida se diseñen desde una “perspectiva de derechos”, poniendo en el centro el bienestar de niños y adolescentes. “Los derechos de la infancia y la adolescencia no pueden quedar supeditados a intereses coyunturales”, sentencian.
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