La batalla del exgigante de los hidrocarburos Biomar Oil para que el Gobierno le justifique cómo ha calculado su multa de 218 millones: ni un juez ha conseguido que lo expliquen

Biomar Oil, una operadora que se especializó en la compraventa de hidrocarburos, ha iniciado su particular cruzada contra el ministerio de Transición Ecológica. Hay mucho en juego. Nada más y nada menos que una sanción de 218 millones de euros. Biomar Oil no está de acuerdo con los motivos de su sanción ni está de acuerdo cómo se calculó la misma. Dos batallas en una. En las dos ha acudido a los tribunales.

En la primera ha conseguido que el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid haya imputado al subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles del Ministerio de Transición Ecológica, José Luis Cabo, por un presunto delito de prevaricación. En la segunda, la batalla se perfila más ardua y todo indica que puedo acabar en el Supremo. Biomar Oil ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que este requiera al ministerio cómo se calcula la sanción que les ha impuesto y que ha obligado a esta empresa a acudir al concurso de acreedores. El TSJM lo ha intentado. Solicitó al ministerio la información en cinco ocasiones, apercibiendo incluso con multar a los funcionarios que no cooperaban. Pero el intento se ha quedado en eso. En un intento. Nunca hubo respuesta por parte de la Administración y el TSJM ha entendido que ya había preguntado bastante y ha acabado desestimando la petición de Biomar Oil.

Contextualicemos. Biomar Oil irrumpió con fuerza en el mercado de los combustibles en 2021 como proveedor a nivel mayorista de unas 2.500 gasolineras alternativas a los grandes grupos, donde destacan las cadenas low cost. Su facturación se disparó hasta los 1.000 millones anuales después de que ampliara el negocio y se lanzara a la compra de combustibles refinados fuera de España que traía por barco para posteriormente venderlos en el mercado nacional. Las empresas que comercializan con gasolina o diésel al por mayor tienen en España la obligación de sumar una parte de combustibles de origen renovable a su producto final. En 2022 (año que nos interesa), el peso de estos ‘bios’ debía alcanzar, al menos, un 10,5% de las ventas totales. La medida es clave para cumplir los objetivos europeos de penetración de energía verde en el transporte y, por ende, de descarbonización.

Aquellas empresas que no hayan podido cumplir o acreditar que han alcanzado ese porcentaje de ‘bios’ pueden ser penalizadas. No se trata de un delito fiscal, sino de una falta administrativa. Y es que las operadoras deben registrar esos certificados ‘bios’ en el Sistema de Certificación de Biocarburantes (Sicbios), que gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica. En el ejercicio 2022, Biomar Oil debería haber tramitado 149.359 certificados definitivos de biocarburantes para alcanzar su obligación en el citado año. Las consecuencias fueron contundentes. El ministerio cuantificó una deuda al fondo de pagos compensatorios de 218,28 millones de euros por el déficit de certificados. Además, a Biomar Oil se le retiró la licencia para operar en octubre de 2024.

Biomar Oil siempre ha defendido que hubo un fallo en el sistema Sicbios que impidió que las certificaciones se registraran. Además, la consultora que contrató para hacerlo se equivocó y registró las de otra empresa totalmente distinta. Biomar Oil denunció al ministerio. Su querella relata que la empresa subió sistemáticamente a la plataforma Sicbios todos los documentos que se les requirieron para evidenciar que cumplieron con el mínimo ‘verde’ exigido, pero los archivos se eliminaron de forma sorpresiva. De momento, Biomar Oil ha conseguido que el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid impute por prevaricación al subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles del Ministerio de Transición Ecológica, José Luis Cabo. La querella fue interpuesta el 20 de junio de 2024, un mes después de que la secretaría de Estado de Energía dictara una resolución, firmada por Cabo, que obligaba a Biomar Oil a abonar la cantidad de 218.283.762 euros de pagos compensatorios.

La segunda batalla se libra en otro tribunal, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Biomar quería conocer de qué forma el ministerio había calculado la sanción que se impone por cada certificado que no es emitido, una sanción que se eleva a 1.623 euros por cada certificado (cinco veces más que lo que cuesta registrarlo) y que ha conllevado que la operadora tenga que asumir un pago de 218 millones de euros. Biomar recurrió primero al ministerio y le hizo una consulta al amparo de la ‘Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno’. La respuesta fue “que la información solicitada corresponde a un informe interno, por lo que no constituye trámites del procedimiento y da lugar a que la solicitud de acceso a la información presentada quede inadmitida”.

El siguiente paso fue recurrir al TSJM; que hasta en cinco ocasiones (3 de noviembre de 2023, 11 de enero, 12 de febrero, 18 de abril y 28 de mayo de 2024) instó al ministerio de Transición Ecológica a que remitiese la documentación solicitada, algo que nunca sucedió. De hecho, en la última de ellas la Sala amenazó a los funcionarios con una multa de entre 300 a 1.200 euros si no se entregaba la documentación. “Adviértase también a la Administración demandada que la multa será reiterada cada 20 días hasta el cumplimiento de lo ordenado”, señaló el tribunal. De nada sirvió.

Pero a finales de marzo de este año, el TSJM decidió sorpresivamente desestimar el recurso presentado por Biomar para intentar conseguir la documentación del ministerio. No ha habido infracción del artículo 18.1.b) de la ‘Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno’, “dado que lo relevante sería el contenido material de la información, no su calificación”. Es decir, que el tribunal renunció a que el ministerio aportase la resolución que fija la cuantía de este tipo de sanciones. Tampoco hubo desviación de poder. “El Ministerio debe dar explicaciones a la justicia, porque la justicia se las está pidiendo. El siguiente paso será presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo”, explica un portavoz de Biomar Oil.