Las personas dependientes tienen que esperar 342 días para recibir atención, 8 más que en 2024: 286.000 están pendientes de algún procedimiento

El sistema de la dependencia atiende a más de 1,6 millones de personas, lo que significa que el 3,5% de la población española requiere ayuda para desarrollar las tareas habituales del día a día, pero aún hay 286.861 personas en listas de espera pendientes de algún procedimiento y el tiempo para recibir atención ha aumentado hasta los 342 días. Así lo revela el último informe del Observatorio de la Dependencia publicado este lunes por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que recoge el balance de la aplicación del sistema por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas durante el primer semestre de 2025.

El informe destaca que, aunque el número de personas atendidas sigue aumentando, se consolida una tendencia hacia la prestación de servicios de “bajo coste”, de forma que en el último semestre han descendido las plazas residenciales (2.093) y las de centros de día (1.424). Además, critica la asociación en un comunicado, “decenas de miles de personas están esperando durante meses una respuesta de la Administración”. En concreto, de esas 286.861 personas en listas de espera, 136.009 están pendientes de valoración y 123.857 permanecen a la espera de que se les elabore el PIA (el reconocimiento de la prestación o servicio que les corresponde), mientras que otras 26.995 que sí se les ha aprobado el PIA, se encuentran a la espera de recibir el servicio.

La asociación también lamenta que el tiempo medio de espera para la tramitación de un expediente se sitúe en 342 días, ocho días más que en 2024, lo que “supera ampliamente el plazo legal de 180 días”. De seguir a ese ritmo, denuncian, “se necesitarían 94 años para lograr la plena atención a todas las personas dependientes”.

La entidad atribuye los retrasos en la atención a los "recortes en la financiación y a la complejidad burocrática", pues la mayoría de las comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de la prestación o servicio), lo que ralentiza el acceso a las prestaciones, y en algunos casos, cuando se resuelve el expediente, la situación de la persona ha cambiado y es necesario reiniciar el proceso.

El informe, que detalla que dos tercios de las personas en lista de espera se concentran en Cataluña (77.745), Andalucía (50.303), Comunidad Valenciana (33.115) y Canarias (28.867), identifica grandes diferencias entre comunidades autónomas en cuanto a cobertura, modelos de gestión y tiempos de tramitación. Así, solo Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco, Castilla y León y Ceuta resuelven expedientes en menos de seis meses. Andalucía, Canarias y Murcia superan los 12 meses de espera, con tiempos de 574, 521 y 564 días respectivamente, mientras que otras siete comunidades, además de Ceuta y Melilla, han aumentado el número de personas en el limbo de la dependencia este año, destacando Canarias (+44,2%), Castilla-La Mancha (+40%) y Madrid (+31,6%).

Canarias (37,8%), Murcia (21,9%) y Cataluña (19,3%) presentan los mayores porcentajes de personas esperando algún trámite, mientras que Galicia, Cantabria y Navarra tienen los menores porcentajes.

Del total de 1.689.695 personas con dependencia reconocida, a fecha de 30 de junio, el 62% son mujeres y el 38% hombres. Además, el 75% de las personas dependientes reconocidas tienen más de 65 años y el 53% supera los 80 años. El informe también subraya que alrededor del 45% de las personas desatendidas presentan grados II o III, lo que implica necesidades de apoyo extenso y continuado.

Según el informe, a lo largo de 2025 el número de personas con derecho reconocido en espera de atención aumentó en 8.406, situando a 150.852 personas en el denominado “limbo de la dependencia”, es decir, con derecho reconocido pero sin recibir atención.

Por otro lado, en los primeros cinco meses del año, fallecieron 8.004 personas en la lista de espera de la dependencia: 3.960 pendientes de resolución de grado y 4.044 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de dependencia. Esto equivale, recuerda la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, a una muerte cada 15 minutos entre quienes esperan atención.

La asociación también considera “insuficientes” las prestaciones económicas por cuidados familiares, cuyo importe medio mensual es de 264 euros, un monto que varía según el grado de dependencia: 169 euros para grado I, 277 euros para grado II y 385 euros para grado III. Además, añaden, las prestaciones para servicios como la atención residencial “quedan lejos de cubrir el gasto real: la ayuda varía entre 542 y 579 euros al mes, mientras que el coste suele triplicarse”, lo que obliga a las familias a asumir una parte importante por su cuenta.

Para la ayuda a domicilio, se conceden de media 36 horas mensuales, tiempo que también consideran insuficiente para quienes necesitan acompañamiento continuo. Por grados, se asignan 18 horas para el grado I, 40 para el grado II y 61 para el grado III.

El informe también denuncia que el Ministerio de Derechos Sociales “no cumple con el punto 5 del Pacto de Estado por el Sistema de Atención a la Dependencia”, que exige transparencia en la información. La asociación acusa al departamento que lidera Pablo Bustinduy de “no facilitar datos o de manipularlos para ocultar la falta de financiación y el incumplimiento de los objetivos del Plan de Choque”, por lo que reclama una regulación que asegure el acceso a los servicios mediante libre elección y un control público adecuado, así como transparencia en los datos del Sistema de Información del SAAD.

Insisten también en la necesidad de incrementar la financiación estatal y de simplificar los procedimientos administrativos para garantizar el acceso efectivo a los derechos reconocidos en la Ley de Dependencia, aprobada en 2006.