Un hombre puja por una granja con tradición familiar, pero se ve obligado a abandonar por presiones y amenazas: “No puede aguantar más amenazas”

El jubilado, que pretendía iniciar una nueva vida rural, no sabía que el nieto de los que fueron dueños de la granja también pujó por ella. Desde los sindicatos agrícolas no sentó bien que alguien externo quisiera hacerse con la propiedad

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Un hombre compra la granja
Un hombre compra la granja de sus abuelos para retomar su explotación, pero se ve obligado a abandonarla por la presión de los vecinos. (Montaje Infobae España/Canva)

El sueño de Lucas Wafflart de continuar con la tradición agrícola de su familia acabó convirtiéndose en una pesadilla. Tras adquirir la granja de sus abuelos, ubicada en Mauvezin-sur-Gupie (Lot-et-Garonne), el joven tuvo que abandonar el proyecto por la fuerte presión que recibía de su entorno y por las persistentes amenazas que hicieron inviable que se quedara.

La granja, en situación de liquidación judicial, salió a subasta el pasado 19 de junio. Lucas, con el apoyo de la Sociedad de Ordenación y Establecimiento Rural (SAFER), la Cámara de Agricultura departamental y del sindicato Coordination Rurale (CR), presentó la primera oferta para recuperar la explotación familiar. La puja, de 10.045 euros, fue aceptada, lo que le hizo pensar en un futuro cercano vinculado al campo, una vez terminara sus estudios en agricultura.

La puja del jubilado desata la presión social y las amenazas en redes

A los pocos días, la historia dio un giro inesperado. Un comerciante jubilado de Marmande realizó una nueva oferta por 11.050 euros, superando la propuesta inicial. El letrado del pensionista, Maître Alexandre Novion, declaró: “Cuando superó la oferta del comprador, desconocía por completo la situación de estas personas. No sabía que una persona joven quería hacerse cargo de la propiedad. Se va a ir enterando poco a poco”. Novion señaló que su cliente creía estar accediendo a una buena oportunidad, sin conocer los detalles de la situación familiar.

La respuesta de CR fue inmediata y contundente. Según recoge la información publicada por FranceInfo, el sindicato agrícola manifestó en una carta abierta al prefecto del departamento, emitida el 3 de julio, que ejercería una “fuerte presión sobre el terreno” si la granja no quedaba en manos de Lucas. Y cumplieron esa amenaza. Los mensajes en redes sociales y las comunicaciones directas contra el jubilado adquirieron un carácter hostil.

“Mi cliente es objeto de toda una serie de insultos muy violentos en las redes sociales, que sin duda no son culpa de la familia del joven”, lamentó Novion. “No pudo aguantar más amenazas, este torbellino en el que le han metido. Le molesta mucho que le hayan arrastrado por el fango”, matizó el letrado.

El conflicto escala hasta la justicia y el jubilado se plantea renunciar

La estrategia de presión alteró profundamente los planes del jubilado, quien, abrumado por la tensión, manifestó su intención de dar marcha atrás en el proceso. “Está muy disgustado, triste y perturbado por el hecho de que le tomen por una especie de aprovechado, de saqueador. A la vista de lo que ahora sabe, no quiere llegar hasta el final, porque es contrario a sus principios morales. Quiere rendirse”, destacó su abogado.

Imágenes de decenas de agricultores, quienes han protestado este jueves frente al Ministerio de Agricultura. Varios tractores han llegado hasta el ministerio portando sus carteles reivindicativos (Europa PressI

El debate sobre la titularidad de la granja desbordó a todo el círculo familiar y llegó a los tribunales. En un comunicado conjunto publicado el 4 de julio, el Primer Presidente del Tribunal de Apelación de Agen y el Fiscal hicieron un recordatorio expreso: toda subasta pública debe regirse por la normativa vigente, sin coacciones ni amenazas que condicionen la libertad de puja. “El hecho, en una subasta pública, de obstaculizar o perturbar la libertad de las pujas o licitaciones, mediante violencia, agresiones o amenazas, es una infracción penal castigada con seis meses de prisión y una multa de 22.500 euros”, advirtieron los magistrados.

El pensionista, hasta hace poco dispuesto a iniciar una nueva vida rural, ahora sopesa recurrir a la justicia ante la fiscalía por la presión y los ataques recibidos: “No descarta presentar una denuncia ante el fiscal por violencia, amenazas y puesta en peligro de terceros”, precisó Maître Novion.

Mientras tanto, el sindicato considera que su actuación ha protegido el relevo generacional en el campo. La copresidenta del sindicato, Karine Duc, defendió los métodos empleados: “Este caso es simbólico de los temas por los que intentamos luchar, a saber, la renovación generacional, la instalación de jóvenes agricultores y las dificultades financieras a las que se enfrentan los agricultores. Nos esforzamos por apoyar a todos los que acuden a nosotros en busca de ayuda”.