Feijóo y Puigdemont rebajan el tono por primera vez tras años de ataques mutuos: la posible moción de censura a Sánchez reordena el tablero político

Las últimas 72 horas han puesto patas arriba un tablero político al que apenas le quedaban fichas por mover. El jueves, en la primera sesión pública del XXI Congreso Nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo lograba que los barones aceptasen suavizar la enmienda del líder catalán Alejandro Fernández que prohibía cualquier pacto con fuerzas “que incluyan entre sus objetivos subvertir el orden constitucional”. El texto final ya no cierra la puerta a acuerdos con Junts per Catalunya, siempre que se respeten la Constitución y las leyes, y libera así al presidente popular para tantear apoyos externos en la Cámara Baja. La maniobra, leída en clave interna como la última bala para desbancar a Pedro Sánchez, culminó la reelección de Feijóo con un 99,24 % de respaldo y el ascenso de su hombre de confianza, Miguel Tellado, a la secretaría general del PP.

En el propio congreso popular, el presidente de la mesa y alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, fue quien puso voz al nuevo paisaje de alianzas con una claridad meridiana. A su llegada al recinto sostuvo que el PP “no le ve problema” a sellar un acuerdo con Junts para una moción de censura “que permita convocar elecciones o bajar impuestos”, insistiendo en que la aritmética obliga a “hablar con todo el mundo” cuando el objetivo es desalojar a Pedro Sánchez del poder. Pero acto seguido marcó una línea roja tajante: “la obligación de dialogar con todas las formaciones excluye a la CUP y, sobre todo, a EH Bildu”, formación a la que afeó no haber condenado la violencia y situarse fuera del marco constitucional.

El movimiento popular llegaba tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, que ha disparado la presión sobre el presidente del Gobierno y alimentado las llamadas de la oposición a presentar una moción de censura. En ese clima, Feijóo evitó nombrar a Carles Puigdemont en su discurso inaugural, pero nadie dudó de que la frase “no seré como él; si hago lo que hace él, echadme” apuntaba a Sánchez y, de forma tangencial, al expresident y líder de Junts. A la misma hora, desde Waterloo, Puigdemont replicaba en la red social X llamando “traicionero” a Feijóo por “conspirar con terceros países” para torpedear la oficialidad del catalán en la UE, y se preguntaba si el PP está incurriendo en “desobediencia, rebelión o delito de traición”.

La dialéctica hiriente entre ambos dirigentes no es nueva. En pleno otoño de 2017, con Cataluña intervenida vía artículo 155, Feijóo —entonces presidente de la Xunta— acusó a Puigdemont de ser “el presidente autonómico más irresponsable de la historia” y de “engañar a sus ciudadanos”. Aquella línea de fuego se mantuvo viva durante años: en agosto de 2024, ya como líder nacional del PP, calificó de “humillación insoportable” que el expresident se mostrara libre en un mitin sin ser detenido; en marzo de 2025 volvió a recordarle sus “cuentas pendientes con la justicia española” durante una visita al Mobile World Congress. El último episodio lo protagonizó a principios de julio, cuando reclamó la puesta en marcha de “un nuevo 155 sanitario” si Puigdemont intentaba entrar en España sin entregarse.

El giro discursivo se produjo el 25 de octubre de 2023 en Barcelona. Ante empresarios y cuadros del PP catalán, Feijóo sorprendió al declarar su “respeto” por Puigdemont, admitir “contactos indirectos” con él y subrayar que, a diferencia de otros interlocutores, “no nos ha mentido” sobre sus exigencias. La frase abrió una grieta con el PP de Cataluña —entonces pilotado también por Fernández— y marcó la transición del líder gallego de un frente judicial a una aproximación pragmática en clave de aritmética parlamentaria.

Asimismo, todavía retumba en el Parlamento la decisión de la Sala Segunda de mantener vigente la orden de detención internacional por malversación contra Puigdemont, a pesar de la ley de amnistía. Feijóo celebró el fallo y lo usó para acusar a Sánchez de “engañar” al expresident, que “se dejó engañar” por querer borrar los delitos del ‘procés’ de un plumazo. En Waterloo, la reacción fue comedida, pero la defensa jurídica de Junts asume que una eventual vuelta a España sigue condicionada a la última palabra de Luxemburgo.

Si Feijóo le llamó “prófugo” o “irresponsable”, Puigdemont devolvió cada golpe con igual intensidad. A finales de 2023 lo tildó de “delegado colonial” y le acusó de “arroparse con la ultraderecha” tras pactar gobiernos autonómicos con Vox. Pero su dardo más grueso llegó este 27 de mayo. El líder de Junts denunció que el PP “tramita con embajadas afines” frenar la oficialidad del catalán y deslizó que tal injerencia podría configurarse como un delito de traición al Estado. El texto en X acumuló más de tres millones de visualizaciones y cerró con un desafío fiscal: “Resten lo que quieran de la oficialidad; el déficit fiscal seguirá en los 20.000 millones”.

La cuestión lingüística no es un mero símbolo: forma parte de la lista de 14 peticiones que Junts entregó al PSOE —y que ahora mantendría al PP— para desbloquear votaciones en el Congreso. Incluye, además, la vigencia plena de la ley de amnistía, la transferencia integral de Rodalies y el reconocimiento del derecho a decidir. Feijóo ya ha tachado por dos veces la amnistía de “chapuza legal” y ha anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional y ante el TJUE, pese a que la medida es piedra angular para Junts.

Para prosperar, una moción de censura necesita 176 votos. El PP cuenta con 137 escaños; Vox, que exige la iniciativa para “desalojar a este Gobierno criminal”, aporta 33; Junts, siete, sería la pieza que cierra el candado. Pero la ecuación tropieza con dos disonancias: Vox advierte de que no renunciará a su agenda cultural y migratoria, mientras los de Puigdemont rechazan compartir mesa con la ultraderecha. ERC, PNV y Podemos descartan, de momento, sumarse a un movimiento que acabe con un Ejecutivo progresista. Y Feijóo se reserva la moción como ultimátum, consciente de que un fracaso reforzaría paradójicamente a Sánchez.

En Cataluña, Alejandro Fernández mantiene su enmienda de veto como bandera ideológica. Aunque suavizada, funcionará como recordatorio constante de que cualquier pacto con Junts debe salvar el orgullo de la filial catalana y el trauma del ‘procés’. Fuentes populares admiten que, para blindar el acuerdo interno, se incluyó en la ponencia una subida de penas por malversación, guiño a las bases más duras y aviso implícito a los beneficiarios de la amnistía.

Desde Bruselas se insiste en que “todos los partidos son iguales ante las condiciones técnicas” y que el PP no recibirá rebajas frente a lo que se exigió al PSOE. Si Feijóo quiere hablar de moción deberá desplazarse a Waterloo con plena capacidad de decisión y aceptar mediación internacional, según el equipo de Jordi Turull. La fórmula replica los encuentros Suiza–Eslovenia que el socialismo avaló y que ahora el PP critica, pero sin ese marco Junts no se sienta.

El partido independentista vive, además, su propio debate interno. El sector institucional, liderado por Josep Rius, ve en la caída de Sánchez la oportunidad de reactivar la confrontación con el Estado con un PP “menos talentoso en el diálogo y más dependiente de los votos de Vox”. La línea más pragmática, con Míriam Nogueras al frente en el Congreso, prefiere prolongar la legislatura y exprimir cada real decreto a cambio de contrapartidas concretas.

Con el congreso popular clausurado este domingo y el arranque del periodo ordinario del Congreso a la vuelta de la esquina, Feijóo enfrenta la decisión de transformar sus puentes en números o quedarse en la dialéctica de la denuncia. Tellado ensaya contactos discretos con minoritarios, Vox mantiene el pulso, Junts calibra el precio y el ala dura del PP observa el reloj impaciente. Sobre esa cuerda floja, el líder popular insiste en que Puigdemont es “sincero” y “previsible” a la hora de negociar, mientras el expresident le recuerda cada día su pasado de insultos y amenazas de arresto. Por ahora ambos mantienen las formas —y los reproches en “modo pausa”— a la espera de comprobar si la aritmética puede convertir el arriesgado borrón de estos días en una alianza parlamentaria que desaloje a Sánchez.