La alcaldesa del PP que se sienta en el banquillo por el fallido pelotazo de 118 pisos de una universidad: “Nos denunciaron por odio caciquil”

La Justicia es lenta, pero inexorable. La Sección de lo Penal número 16 de la Audiencia Provincial de Madrid está celebrando estos días el juicio que sienta en el banquillo a la actual alcaldesa del municipio madrileño de Hoyo de Manzanares, Victoria Barderas (del PP). No está sola. La acompañan su predecesor en la alcaldía, Ramón Regueiras (hoy responsable del polideportivo del pueblo), otros siete exconcejales, y dos técnicos del Consistorio. Todos están acusados de prevaricación urbanística.

Barderas, en conversación telefónica con Infobae España, señala “que todo esto es absurdo y espero que la Audiencia nos absuelva y archive. Llevamos nueve años penando con este asunto. Cuando sucedieron los hechos yo era concejala de Cultura. Ni siquiera estaba en la Junta de Gobierno. Nos denunciaron dos concejales que salieron mal del PP y crearon un partido local. Nos denunciaron por odio caciquil. No hay nada. La Fiscalía no acusa. Solo una asociación ecologista”.

“El asunto” tiene su miga. La universidad Antonio de Nebrija, privada, tiene su campus en Hoyo de Manzanares. En marzo de 2001 consiguió que se aprobara el plan parcial S-49 Campus de la Berzosa, que prevé la construcción de 118 viviendas. En realidad, el problema no está en los pisos, sino en la parcela que se iba a utilizar para construir un acceso directo a la nueva zona universitaria de las viviendas y que es imprescindible para evitar que afecte al tráfico de la urbanización La Berzosa. Este acceso uniría la vía de servicio de la A-6 y la nueva zona residencial.

La universidad presentó en noviembre de 2013 un proyecto para segregar una parcela que tiene de 2.379 metros cuadrados en el número 1 de la avenida de Asturias, en la urbanización La Berzosa. Esta segregación era imprescindible para ceder parte del suelo Al ayuntamiento. Es decir, dividir esta parcela en dos. En la parcela resultante de la segregación, de 849 metros cuadrados, estaba previsto construir una carretera que comunicase la vía de servicio de la A-6 y el futuro ámbito S-49, donde la universidad quería levantar las 118 viviendas. Pero los concejales de Unidos por Hoyo, un partido independiente, denunciaron esta operación. “Porque era ilegal. Así de simple. Al segregar la parcela incumplían las normas urbanísticas del pueblo, porque esa parcela de 2.379 metros no podía perder 849 metros. Los denunciados lo sabían y aun así, lo hicieron”, señala Javier de Orduña, entonces concejal de la oposición y hoy testigo en el juicio. “Las que eran concejalas de Urbanismo y Medio Ambiente eran arquitectas. Conocían perfectamente que lo que se aprobaba era ilegal”, insiste De Orduña.

La Fiscalía de Medio Ambiente se sumó a la tesis de los denunciantes y en noviembre de 2016 empezó a investigar. “Los representantes denunciados eran plenamente conscientes de que la actuación urbanística era ilegal, y no obstante promovieron su aprobación, contribuyendo a la decisión del ayuntamiento”, señaló entonces. De hecho, cuando la universidad presentó la inscripción en el Registro de la Propiedad, como promotora de la segregación de la parcela, la registradora que tenía que oficializar el trámite se negó a hacerlo “al apreciar claramente que el Ayuntamiento está autorizando una segregación que incumple el planeamiento municipal, admitiéndolo expresamente”.

La negativa de la registradora tuvo sus consecuencias, recuerdan desde Ecologistas en Acción, la única acusación que queda en el caso. Porque esa negativa a registrar la finca segregada fue recurrida ante su superior, el director de los Registros y el Notariado, que revocó el 29 de julio de 2016 la resolución de la registradora, “dando por bueno que la parcela pudiera devenir en fuera de ordenación. Esto provocó un conflicto dentro de la Fiscalía de Madrid, ya que el fiscal decano de medio ambiente de Madrid quería citar como investigado al director de los Registros y el Notariado”, señalan desde Ecologistas en Acción.

Al final, el director de los Registros y el Notariado acabó reconociendo el error y entendió que la registradora de la zona tenía razón y la finca segregada no se podía inscribir. También entró en liza la Comunidad de Madrid, entonces gobernada por Cristina Cifuentes. La Dirección General de Urbanismo dictó en mayo de 2016 que el proyecto promovido por la universidad era inviable, ya que la modificación suponía dejar fuera de ordenación una parte de la parcela. Todo este lío también tuvo víctimas colaterales. El fiscal César Estirado de Cabo fue apartado del caso. Estaba dispuesto a acusar.

La instrucción se prolongó en el tiempo, muchos años. Al final, la fiscal que terminó el caso ha decidido no acusar. Tampoco los denunciantes, el partido Unidos por Hoyo. “Ya no estamos en política. Si perdemos tenemos que pagar las costas, que pueden ser elevadas. Por eso nos retiramos”, señala De Orduña. Los únicos que han seguido acusando ha sido Ecologistas en Acción. “Porque creemos que nuestra actuación es correcta. El Juzgado de Instrucción dictó el sobreseimiento y archivo del caso por dos ocasiones. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid revocó las resoluciones del Juzgado. Además, varios de los imputados nos presentaron una querella por supuesta denuncia falsa. Obviamente, se archivó”, señala el portavoz de Ecologistas en Acción.

Ecologistas pide un año y medio de prisión y nueve años de inhabilitación para el exalcalde José Ramón Regueiras; para la actual alcaldesa Victoria Barderas (entonces concejala de Cultura); para María Belén Gómez Gómez (exconcejala de Urbanismo); para Mónica Díaz Jiménez (exconcejala de Medioambiente), y a los ex ediles Juan de Lózar, Ana María Lorenzo, Elena Talavera (esta última era de Ciudadanos), Daniel Morera y Susana Segovia. Los únicos que siguen hoy en el Consistorio son Daniel Morera (como asesor) y Ana María Lorenzo (que ha dejado el PP y es concejala no adscrita).

Todos estaban en la Junta de Gobierno y en el Pleno, dos órganos donde se aprobaron la segregación (que no cumplía con la ley) y la posterior concesión de la licencia. También se pide prisión e inhabilitación para un ex técnico municipal y el letrado del consistorio. Ecologistas ha defendido en el juicio que la Junta de gobierno local y después el Pleno (aquí con los votos de PP y Ciudadanos) aprobaron la segregación presentada por la universidad y la posterior modificación puntual de las normas subsidiarias del municipio sabiendo que vulneraba varios artículos de la Ley del Suelo de 2001 y la Ley de Rehabilitación Urbana de 2015.

“Confiamos en que todo se archive. Además, el Ayuntamiento terminó dando marcha atrás en esta segregación de la parcela. ¿Qué pasará ahora cuando todo se archive? Que los abogados de los acusados, todos exconcejales, pasarán la minuta al Ayuntamiento, y esta broma le costará dinero al Consistorio. Todo por el odio y la venganza de los del partido local", concluye la alcaldesa Barderas. “Todo lo hicieron mal. Hasta el acceso de la carretera medía 12 metros. Y esa distancia también era ilegal”, responde De Orduña. ¿Qué pasa con el proyecto de las 118 viviendas? Los terrenos donde se querían construir limitan además con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Un portavoz de la universidad se limita a decir que el centro “no tiene previsto pronunciarse sobre este asunto. La institución mantiene su compromiso con la legalidad y la transparencia, y expresa su respeto absoluto por los procesos judiciales en curso”.