
El 3 de julio de 2021, Samuel Luiz, de 24 años, se encontraba de fiesta con sus amigos en la zona del paseo marítimo de A Coruña. Iban de bar en bar y sobre las 02:57 de la mañana se encontraba tomando el aire y respondiendo a una llamada telefónica.
En el mismo lugar se encontraba Diego Montaña, que al verle con el móvil se pensó que le estaba grabando. “Deja de grabar, a ver si te voy a matar, maricón”, fueron las palabras que le dijo antes de iniciar un ataque sin ningún tipo de provocación contra Samuel.
Puñetazos, patadas y todo tipo de golpes, principalmente en las zonas de la cabeza y cara, con una violencia desmesurada y acompañados de insultos como “maricón de mierda”. Al ataque se unió rápidamente un amigo del agresor, Alejandro Freire ‘Yumba’, que, atacándole por la espalda, le rodeó con fuerza el cuello con su brazo.
En cuestión de segundos, se fueron adhiriendo al ataque otros amigos y conocidos de los autores que se encontraban en el lugar. Kaio Amaral Silva le propinó al menos una patada y Alejandro Míguez, aunque no le golpeó, si participó impidiendo que pudiera escapar (La participación de este último fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero se está a la espera de la respuesta del Tribunal Supremo sobre el tema).
De esta manera, Samuel estuvo ese tiempo totalmente indefenso y desvalido frente al elevado número de personas que lo agredían y rodeaban. A pesar de esta situación, en un momento logró incorporarse e intentó abandonar el lugar ayudado por dos ciudadanos senegaleses, únicas personas de la zona que le auxiliaron. Los tres fueron perseguidos por el grupo agresor unos 150 metros, hasta que la víctima cayó al suelo desplomada e inconsciente. Samuel había fallecido.
“Teníamos que defender los derechos de la comunidad LGTBIQ+”
Estos hechos causaron gran conmoción en Galicia y en la sociedad española en general. Ana G. Fernández, presidenta de la asociación Alas A Coruña, acusación particular en el caso, explica a Infobae España que lo primero que sintió fue “incredulidad”. “Los primeros momentos eran de no entender nada, pensé que era una burrada que se había inventado alguien en Twitter”, pero mientras avanzaba la mañana se dio cuenta de que si era real.
“No sé ni siquiera describir el sentimiento, porque es algo que te golpea tan fuerte, no entiendes que algo así pueda pasar, ya no en el mundo, en tu ciudad”, añade.
Sin embargo, se pusieron a trabajar desde el primer momento, “para ver que había pasado, acercarnos y ofrecer nuestra ayuda a las personas que lo pudieran necesitar y sobre todo tener claro que había más o menos ocurrido para para poder reaccionar y poner todos nuestros recursos a disposición de quién nos pudiera necesitar".
Una de las primeras medidas que tomaron a los pocos días fue posicionarse como acusación popular, una acción que en ese momento no sabían exactamente “dónde se metían”, pero que vieron necesaria en una organización como la suya: “Teníamos que estar ahí para defender los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y la dignidad de la víctima”.
“La homofobia queda probada en sede judicial”
Así comenzó el 16 de octubre de 2024 el juicio por esta causa contra los cuatro acusados y la novia del principal agresor, que acabó siendo absuelta. Un litigo que se alargó durante un mes y en el que tuvieron que intervenir hasta 40 testigos.
La presidenta de Alas A Coruña lo recuerda como muy “duro”, pero el trabajo llevó a que la sentencia final impusiera 24 años de cárcel al principal acusado, Diego Montaña; 20 años para Alejandro Freire ‘Yumba’; 20 años y 6 meses para Kaio Amaral Silva, también por el robo del móvil de la víctima; y 10 años para Alejandro Míguez, como cómplice. Esta última condena fue más tarde revocada por el TSJ de Galicia, al entender que no había indicios suficientes que apuntaran a su participación en la agresión.

Quitando este último punto, este fallo supuso una gran victoria, ya que se acreditó la existencia de homofobia en el crimen. El escrito describe que el ataque se produjo debido a la “animadversión hacia la condición sexual homosexual que le atribuyó” el primer atacante y al que se sumaron el resto después.
“La homofobia queda acreditada en sede judicial” fue la primera reacción por parte de la asociación Alas A Coruña. Su presidenta indica ahora a este periódico que la sentencia supuso “una cierta tranquilidad y satisfacción porque se consiguió demostrar el objetivo principal: que era un delito con un componente de LGTBI-fobia”.
“‘Maricón de mierda’ no es una expresión más”
“Creo que es importante para la propia comunidad LGTBIQ+ ver que esto se reconoce, porque es una pequeñísima manera de reparar un poquitito tantos años de desconfianza en el sistema judicial, que muchas veces veíamos y seguimos viendo a día de hoy que no se nos reconoce la violencia que sufrimos en esas instancias”, saca como conclusión del fallo.
Agrega que “lo positivo de todo esto, si es que lo hay, es ver como desde el principio hubo mucho debate público con gente que defendía que ‘maricón de mierda’ era un insulto más. Sin embargo, llegamos al juicio y un jurado popular reconoció que evidentemente no es una expresión más, que las palabras importan mucho, que lo que te gritan cuando te apalean importa mucho”.

“A Samuel le podrían haber llamado muchas otras cosas, pero decidieron utilizar el adjetivo que mejor concordaba con lo que ellos pensaban que era, porque no seguía una norma establecida de masculinidad, de comportamiento, de lo que fuera”, denuncia.
“Tenemos que mirar nuestra culpa”
Fernández concluye que lo que se ve en este caso es que “ese caminar de la sociedad también está reflejado en cómo la Justicia o como nuestras leyes van recogiendo esa evolución hacia una sociedad más progresista, más abierta, más libre, más igualitaria”.
“Yo creo que sobre todo lo que tiene que salir de aquí es el trabajar con toda la población en general, pero sobre todo también con la gente más joven para educar en que este tipo de comportamientos violentos no tienen sentido”, añade.

Sin embargo, también advierte que “tenemos que mirar nuestra culpa”, porque existe “una responsabilidad que tiene la institución educativa y en cómo nos educan también fuera de ella, sobre todo en las nuevas generaciones”. “No es normal que un grupo de personas tan jóvenes pueda desplegar un nivel de violencia semejante contra un igual”, finaliza.
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