Compran un terreno, lo dividen en cuatro parcelas y se instalan para vivir en él con sus caravanas: ahora deben desalojarlo porque no tenían permiso de uso residencial

En la última resolución de un polémico conflicto urbanístico, la inspectora urbanística Elizabeth Pleasant ha determinado que la vivienda de una traveller family ubicada en la finca Staalcot Farm (cerca de la villa de Pulborough, Inglaterra), no se ajusta al “carácter rural de la zona”.

Tal y como ha informado la BBC, los propietarios, que forman parte de la comunidad traveller -un término utilizado en el Reino Unido que engloba a diversos grupos de poblaciones nómadas o seminómadas- deberán desalojar y restaurar el terreno tras perder el recurso presentado ante el Ayuntamiento del Distrito de Horsham.

El desacuerdo surgió en enero de este año, cuando Tony Castle, William Hughes y Benjamin Keet compraron un terreno a las afueras de la villa inglesa y lo dividieron en cuatro parcelas. Allí, instalaron varias caravanas, remolques, y tanques de residuos, pese a que el permiso urbanístico había sido denegado.

El Ayuntamiento argumentó que el asentamiento “perjudicaba el carácter rural de la zona”, ordenando la retirada de las caravanas y el reacondicionamiento del terreno en el plazo de seis meses. Según la información publicada en la BBC, la policía acudió tras ciertos enfrentamientos entre las familias nómadas y el resto de vecinos, aunque sin llegar a tomar medidas adicionales.

Ante la orden municipal, los propietarios defendieron su derecho a permanecer. Alegaron que el enclave no estaba expuesto ni a la carretera ni a otras viviendas. Además, subrayaron que no existían otras alternativas disponibles donde la familia pudiera residir.

El proyecto de los propietarios contemplaba para cada parcela una casa móvil, una caravana remolcable y un pequeño almacén. No obstante, el dictamen de la inspectora coincidió con el del Ayuntamiento: “El perjuicio se produce por la magnitud y el diseño de la propuesta en un entorno rural y junto a un camino de uso público”, destacó Pleasant, según recoge la BBC.

Pese a denegar el recurso, Pleasant reconoció los problemas estructurales para las familias nómadas: “La falta de una reserva quinquenal de sitios disponibles para la comunidad ‘traveller’ por parte del ayuntamiento es un argumento de peso a favor del recurso”, señaló, subrayando que “sería lo mejor para los intereses de los menores que viven en la parcela permitir el recurso, y este factor, junto con la ausencia de alojamiento alternativo, suma argumentos de gran peso”.

Sin embargo, la inspectora concluyó: “Los efectos negativos que he identificado al conceder el permiso urbanístico superan claramente a los beneficios”. A modo de alivio, fijó un plazo más amplio para el desalojo, superior a los seis meses iniciales, tras considerar que ese periodo no sería suficiente para que los ocupantes hallaran una alternativa habitacional.

Además, la inspectora sugirió que podría ser admisible, en el futuro, otra solicitud urbanística menos invasiva en la zona: “Una propuesta más pequeña y bien diseñada podría tener un impacto menor en el carácter y la apariencia de la zona, y un plazo más largo podría ofrecer al solicitante la oportunidad de plantear un proyecto alternativo”, indicó.

Por su parte, en declaraciones recogidas por la BBC, el Ayuntamiento del Distrito de Horsham informó: “Por ahora no podemos hacer comentarios ya que debemos estudiar en detalle el contenido del informe de la resolución antes de decidir los próximos pasos”.