2.500 euros por 4 días de trabajo al mes: el organismo que causa polémica en el Parlamento francés por su bajo rendimiento

El Consejo Económico, Social y Ambiental (CESE), tercera cámara de la República con función consultiva, ha sido duramente señalado por un informe parlamentario. Este organismo tiene una función de asesoramiento y diseño de políticas en materias económicas, sociales y medioambientales.

Este miércoles dos de julio, el Parlamento francés ha emitido un informe donde critica al CESE por el “insuficiente compromiso de sus miembros” y la “baja producción de publicaciones”. Distintas personalidades políticas han suscrito lo relatado en el escrito considerando que no cumplen con su responsabilidad.

En un comunicado de prensa, el CESE reconoce la posibilidad de mejora en los aspectos que indica el informe, asegurando que existen proyectos en marcha en esta dirección. También admite la necesidad de reforzar su función consultiva y su capacidad de ser escuchado por el gobierno y el parlamento.

Daniel Labaronne, diputado de Renacimiento, partido de Emmanuel Macron, afirmó ante la comisión que por un salario de 2.500 € netos al mes, los asesores del CESE solo debían trabajar cuatro días al mes. Ha sido una de las figuras más críticas, expresando su descontento por la preferencia por temas ambientales frente a los asuntos económicos y sociales.

El diputado añadió que el trabajo de estos asesores se basa en recomendaciones propias y no en recomendaciones de parlamentarios o del gobierno. El informe asegura que “solo se habían organizado seis audiencias para elaborar un estudio sobre salud ocupacional”, lo que Labaronne considera insuficiente.

El informe sugiere "reducir el número de excusas permitidas para la ausencia de un miembro a una reunión" y “establecer que la remuneración de los miembros aumente, hasta un límite, cuanto mayor sea su asistencia a las reuniones”. De esta forma, el Parlamento francés pone de manifiesto su visión negativa sobre este órgano.

El CESE está formado por 175 consejeros, distribuidos entre 52 representantes de los trabajadores, 45 de empresas, 45 de asociaciones y 26 de entidades dedicadas a la protección ambiental. La normativa permite que los ciudadanos se dirijan a este consejo a través de una petición respaldada por 150.000 firmas.

El informe recomienda que la institución continúe promoviendo su plataforma para la presentación de solicitudes y la recolección de firmas. El documento también plantea la publicación de sus cuentas, cuyo presupuesto previsto para 2025 es de 34,4 millones de euros. También propone suprimir los 12 días de permiso que reciben los 154 empleados de la institución, quienes perciben una media de 5.678 euros brutos al mes.

Por otro lado, el CESE será evaluado en un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, que se espera se haga público antes del receso de verano, a finales de julio. Un informe provisional de observación del Tribunal, que permaneció sin publicación oficial pero fue dado a conocer en marzo por el periódico francés Le Canard enchaîné, critica la falta de información financiera.

De esta manera, un organismo con más de 70 años de historia atraviesa un momento de dudas sobre su legitimidad y funcionamiento. El CESE tendrá que replantear sus funciones y formas de control sobre los componentes y trabajadores.