
A más de 4.000 metros bajo el nivel del mar, en una extensión del Atlántico situada a la altura de Galicia, pero a unos 600 kilómetros mar adentro, un equipo científico francés ha identificado ya más de 2.000 bidones con desechos radiactivos en el lecho marino. Esta cifra representa solo una fracción del estimado total: más de 200.000 barriles arrojados por varios países europeos entre las décadas de 1940 y 1980 en un área aproximada de 10.000 kilómetros cuadrados, lo que constituye uno de los mayores vertederos submarinos de residuos nucleares en el mundo. Según ha informado la Agencia EFE, la misión busca no solo localizar estos residuos sino también estudiar los posibles efectos sobre las aguas y la biodiversidad de la zona.
La campaña de exploración, denominada Nodssum y dirigida por el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia, zarpó el pasado 15 de junio desde Brest con el barco oceanográfico L’Atalante hacia el punto donde han reposado durante décadas los bidones. “Hemos cartografiado ya más de 120 kilómetros cuadrados, que es una parte muy pequeña con respecto a los 10.000 kilómetros cuadrados de la zona, pero ya nos da algo representativo. Hemos identificado 2.000 barriles”, ha explicado el geólogo marino Javier Escartín, uno de los coordinadores de la expedición.
La existencia de estos residuos no es una novedad para la comunidad científica internacional y las autoridades marítimas. Sin embargo, nunca antes se había realizado un estudio de mapeo preciso con tecnología avanzada para ubicar la localización exacta de los barriles y analizar en detalle su impacto en el ecosistema marino.
Para lograr esta labor, el equipo emplea el robot submarino UlyX, dotado de sonar para detectar objetos sumergidos en el fondo oceánico. Este aparato ha permitido identificar con nitidez la presencia de los barriles a más de 4.000 metros de profundidad, donde yacen desde hace más de 40 años. Paralelamente, los investigadores extraen muestras de sedimentos, agua y peces para analizar en laboratorio y determinar el grado de influencia de estos residuos en su entorno.
Por el momento, los avances preliminares son prudentes: no se han detectado índices preocupantes de radioactividad en el ambiente, según ha indicado Escartín. “No hemos detectado nada alarmante a bordo con los aparatos de radioprotección, porque los niveles de presencia de radionucleido son bajos”, ha subrayado el científico.
Incertidumbre sobre su contenido
Con todo, existe incertidumbre sobre el contenido exacto de los barriles. Escartín ha señalado que no se trata de reactores ni de barras de uranio. “Probablemente es el material de laboratorio, de oficina y demás relacionado con el inicio del desarrollo de la energía nuclear civil”, ha detallado. Además, el investigador ha asegurado también que este tipo de residuos, considerado de baja y media actividad, actualmente se almacena en tierra firme en repositorios adecuados, pero durante décadas se arrojó al mar en contenedores de cemento.
La campaña francesa, coordinada por Escartín y el físico Patrick Chardon, incluye la participación de equipos del Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar y de la Agencia de Seguridad Nuclear y Radioprotección Francesa. El objetivo es arrojar luz sobre una práctica que era legal y habitual en Europa hasta finales del siglo XX, pero sobre la que pesan todavía importantes lagunas de conocimiento científico y falta de información sistemática sobre los posibles riesgos para la salud y el medioambiente.
La magnitud del vertido y la ausencia histórica de un seguimiento exhaustivo han llamado la atención pública e institucional en España. En 1982, el buque Sirius de Greenpeace y varias embarcaciones gallegas intentaron detener una descarga de residuos por parte de naves holandesas. Una década más tarde, el Convenio OSPAR prohibió de manera definitiva los vertidos de residuos nucleares en el Atlántico Nordeste.
En la actualidad, la misión francesa mantiene contacto permanente con el comité de radioactividad del OSPAR y con la Comisión Europea para facilitar el seguimiento de la investigación, según ha detallado EFE. La proximidad del vertedero a la costa de Galicia ha generado inquietud institucional, con eurodiputados del BNG y el PP trasladando preguntas formales a Bruselas, y la Xunta de Galicia solicitando información al Gobierno central.
El Consejo de Seguridad Nacional (CSN), organismo público encargado de la vigilancia nuclear en España, ha informado a la administración gallega que “los resultados de las medidas y de los análisis realizados hasta la fecha no han identificado niveles significativos de radiactividad en la costa gallega ni cantábrica”. Según el CSN, “todos los resultados son inferiores a los límites establecidos en la normativa española y de la Unión Europea”. Además, el organismo ha subrayado que España no realizó vertidos en la fosa atlántica y “no tiene responsabilidad alguna sobre los mismos ni sobre su estado”.
*Noticia elaborada con información de EFE
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