Sumar pide al PSOE expropiar los beneficios adquiridos a través de la corrupción, ampliar las penas y extender la inhabilitación para los condenados

Sumar ha presentado en su reunión con el PSOE una batería de medidas para “resetear” la legislatura. Tras la entrada en prisión de Santos Cerdán por su presunta implicación en el caso Koldo, para los de Yolanda Díaz resulta imprescindible dar un nuevo impulso legislativo que combine acciones contundentes frente a la corrupción con una agenda social ambiciosa, capaz de revertir los recortes y revitalizar las instituciones.

El texto, de acuerdo con lo reportado por la propia coalición, fundamenta su propuesta en la necesidad de restaurar la confianza ciudadana tras el escándalo de corrupción que sacude al PSOE y garantizar la limpieza democrática. Entre los ejes principales se encuentran medidas ejemplares para acabar con la corrupción y mecanismos dirigidos a fortalecer los derechos sociales, feministas y ecológicos refrendados por la mayoría progresista en julio de 2023.

En el apartado dedicado a políticas anticorrupción, el documento desglosa una batería de iniciativas orientadas a garantizar que tanto los corruptos como los corruptores asuman la carga total de sus delitos, sean responsables de los perjuicios económicos y materiales que generen, y retribuyan los derechos lesionados. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la prohibición durante 20 años para que empresas condenadas por corrupción o sus directivos participen en concursos públicos. Esta restricción se extendería a entidades vinculadas de manera directa o indirecta, grupos de empresas y Uniones Temporales de Empresas (UTE) que incluyan a sociedades condenadas.

La creación de una nueva Agencia Independiente contra la Corrupción dotada de capacidades para investigación, sanción, colaboración con la fiscalía y recepción de denuncias anónimas representa otro de los compromisos diferenciales. Sumar indica que esta medida sigue las recomendaciones de organismos internacionales como el GRECO y la Comisión Europea. A ello se sumaría una ley de expropiación de bienes obtenidos a través de actividades corruptas, que focaliza la persecución no solo en los individuos, sino en el entramado empresarial involucrado.

Los de Yolanda Díaz piden la celebración de un pleno monográfico sobre la corrupción en el que deba comparecer el presidente del Gobierno para depurar responsabilidades políticas. Además, plantea ampliar y homogeneizar los tipos penales de corrupción, endurecer las penas asociadas a cohecho, delitos fiscales y la pasividad institucional ante estos hechos, así como extender la inhabilitación a cargos públicos hasta por 30 años para condenados por corrupción.

Otra propuesta relevante aboga por tipificar el delito de enriquecimiento ilícito injustificado de funcionarios públicos, reduciendo el umbral mínimo de enriquecimiento a 50.000 euros y reformando el artículo pertinente del Código Penal. La concesión de indultos a condenados por corrupción quedaría expresamente prohibida, mientras que la reforma procesal buscaría agilizar las investigaciones para evitar retrasos en la administración de justicia.

Sumar propone también que los partidos políticos asuman el pago de multas y costas judiciales derivadas de delitos de corrupción cometidos por sus miembros, lo que, según detalla la formación, fortalecería el deber interno de vigilancia y reduciría la tolerancia hacia comportamientos corruptos. El fortalecimiento de la Oficina de Conflictos de Intereses y del Consejo de Transparencia apunta a mejorar su independencia y capacidad para prevenir influencias indebidas.

Una comisión de investigación sobre el denominado caso Ábalos-Santos Cerdán también aparece como un elemento clave, con el compromiso de impedir que ningún gran partido pueda bloquear el proceso de depuración de responsabilidades. Cabe destacar que esta ya es una de las medidas puestas en marcha por el PSOE. Al mismo tiempo, se contempla un aumento en el número de jueces, magistrados y fiscales especializados en delitos de corrupción, así como la dotación de más recursos a la Fiscalía Anticorrupción y a las unidades policiales relacionadas.

Respecto a la transparencia y control de grupos de interés, Sumar plantea la tramitación de una Ley de Transparencia e Integridad para regular la actividad de los lobbies y la tipificación de infracciones por parte de los grupos parlamentarios. Esta normativa incluiría competencias específicas dirigidas a luchar contra la corrupción desde los ministerios, junto con campañas informativas y de sensibilización. Además, la formación reclama la puesta en marcha inmediata de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, destinada a salvaguardar a quienes denuncian estas prácticas.

En materia de política social, Sumar rechaza cualquier incremento adicional en el presupuesto militar, defendiendo que estos recursos se destinen al llamado “giro social” de la legislatura. En el ámbito de la vivienda, el documento subraya la urgencia de leyes para extender los contratos de alquiler, establecer la duración indefinida de estos acuerdos con actualizaciones vinculadas a la inflación y salvaguardias para los propietarios en caso de impago o necesidades de uso propio. El grupo parlamentario ha propuesto también acelerar la legislación sobre alquileres de temporada y de habitaciones, con mayor protección para los inquilinos, medidas para evitar subidas encubiertas y cláusulas abusivas, así como un impuesto especial para las adquisiciones inmobiliarias por parte de grandes inversores.

La plataforma liderada por Yolanda Díaz ha exigido prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas por parte de empresas o personas que no vayan a residir por al menos cinco años en dicha vivienda. Además, los alquileres turísticos en estas áreas quedarían vetados, en un intento de contener la subida desorbitada de los precios, especialmente en ciudades como Palma, Barcelona y Madrid.

En lo que respecta a inversión pública, Sumar ha pedido que se destine anualmente el 1% del Producto Interior Bruto al Plan Estatal de Vivienda 2026-2029, señalando que las promociones se realizarán principalmente a través de empresas públicas.

En relación con las políticas de dependencia, el texto enfatiza la necesidad de continuar el incremento presupuestario para garantizar la financiación estatal de hasta el 50% del sistema y afrontar las nuevas obligaciones surgidas con la aprobación de la Ley 3/2024 sobre la atención a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades graves.

Con el fin de asegurar el derecho de las familias a cuidar, Sumar ha propuesto la aprobación “antes de verano” de un Real Decreto Ley con medidas inmediatas: remunerar 4 de las 8 semanas de permisos parentales, ampliar los permisos por nacimiento de las 16 a las 20 semanas, y equiparar a las familias monomarentales en derechos, reconociendo 34 semanas de permiso por nacimiento. Estas reformas responderían también a alertas de la Comisión Europea y el Tribunal Constitucional respecto a la discriminación de ciertos colectivos y la falta de retribución en los permisos.

El impacto económico estimado por Sumar para estas nuevas medidas incluye un coste de 336 millones de euros por cada semana remunerada de permiso parental, 237 millones por cada semana adicional de permiso por nacimiento y 7,5 millones por semana para duplicar los permisos de familias monoparentales. El documento señala que la deuda del Estado de bienestar con las familias españolas no es solo económica, sino también de tiempo para poder atender las necesidades de cuidados.

Finalmente, la formación ha incluido activar la prestación universal por crianza, comenzando por los tramos de edad más temprana para, paulatinamente, extender el derecho hasta los 18 años. El plan incluye extender la deducción por maternidad de 100 euros hasta los 6 años de edad, así como equiparar el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) y simplificar los trámites de acceso, eliminando la necesidad de solicitar previamente el Ingreso Mínimo Vital. El coste estimado para ampliar la prestación por crianza hasta los 6 años asciende a 990 millones de euros.

Todas las medidas contenidas en el documento de Sumar para la negociación con el PSOE buscan, según indicó la propia plataforma, consolidar una hoja de ruta que combine reformas estructurales en la lucha anticorrupción con una agenda social robusta, enfocada en responder a las necesidades urgentes de la población y reforzar la legitimidad de las instituciones democráticas en el Estado.