Félix Bolaños rebate los datos de seguimiento de la huelga de jueces y fiscales y asegura que el apoyo “podría estar” en un 28%

El ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido entrevistado este miércoles en el programa Hoy por Hoy de La Ser y ha asegurado que, según los datos que les proporcionan los propios letrados de la Administración de Justicia, el seguimiento de la huelga de jueces y fiscales en su primer día “podría estar” en un 28,75 %. Una cifra muy diferente al 75 % que defendieron ayer las asociaciones convocantes.

“Cualquier parecido de esta cifra a la realidad es pura coincidencia, igual que los motivos de la huelga”, ha respondido tras ser preguntado por la cifra presentada por los convocantes y ha continuado explicando que esta “llamada huelga no tiene ninguna base legal”.

Ha explicado que al final la huelga conlleva “un derecho y una obligación”. “Se tiene el derecho a no trabajar, pero a la vez el deber de no cobrar” y en este caso no están pudiendo llevar a cabo lo segundo porque ni las asociaciones, ni el CGPJ, ni la Fiscalía General del Estado han aportado datos del seguimiento.

“Para el Ministerio ahora el seguimiento es de cero personas”, ha relatado, ya que el pasado lunes pidieron que se les aportara esta cifra cada día de huelga antes de las 14:00 para quitarles esos días de sueldo al ser el Ministerio la entidad pagadora. “Ni el comité de huelga está en huelga”, ha bromeado.

La huelga ha sido convocada por todas las asociaciones, excepto las progresistas: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-.

La razón detrás de esta convocatoria está en conseguir parar las las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía. Según fuentes del Ministerio de Justicia, con estas se busca que la Justicia “entre en el Siglo XXI”.

Sin embargo, las asociaciones “consideran que la reforma contiene medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responder el cambio a una verdadera demanda social y no contribuir a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho”.

“Asimismo, tras analizar el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con la idea de preparar la futura atribución a los fiscales de la instrucción de los delitos, las asociaciones consideran que el mismo supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas. Sostienen que se da incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del Fiscal General del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora”, añaden.

Por ello, “las asociaciones firmantes piden la retirada de este anteproyecto, a fin de comenzar a construir un Estatuto que dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal”.

Sin embargo, no todos los jueces están a favor de esta huelga y la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha explicado, a través de su portavoz, Edmundo Rodríguez Achútegui, las razones por las que han decidido no sumarse.

“Jueces y jueces para la democracia no va a participar en la huelga que han convocado otras asociaciones judiciales en protesta por el proyecto de Ley de impulso de la Carrera judicial y Fiscal”, ya que, aunque, el proyecto previene “disposiciones que pueden ser criticables”, como la “forma en que está prevista la estabilización de la judicatura interina”, tiene otras beneficiosas.

“Creemos que es un acierto regular las becas para evitar que dependan de la voluntad de concederla cada gobierno o que se recupere una prueba práctica para el ingreso de la cuerda en la carrera judicial, como es un dictamen que permita conocer no solo los conocimientos memorísticos, sino también la capacidad de argumentación y de motivación de quien quiere ser juez”, agrega en un comunicado publicado en redes sociales.

Continúa explicando que “por otro lado, estamos de acuerdo con que el Centro de Estudios Jurídicos facilite a las personas que están opositando una forma de enseñanza pública el acceso a la carrera judicial y también que se supriman las fases de sustitución y refuerzo”, por lo que aunque es un proyecto “con todas las críticas que pueda merecer, en ningún caso quiebra el Estado de Derecho ni supone una afectación de la independencia judicial”.

“Respetamos el derecho de huelga de las personas que lo ejerciten, pero no compartimos que esté en peligro el Estado de Derecho o la independencia judicial”, finaliza.