El intento de desalojo este 2 de julio de dos fincas municipales del barrio de Vallcarca, en Barcelona, ha quedado suspendido después de que centenares de personas se concentraran desde primeras horas de la mañana en apoyo a las 40 personas, 13 de ellas menores, que residen en estos inmuebles.
Según el medio Eldiario.es, desde antes de las 7, la Avenida Vallcarca 83 ha sido escenario de una movilización ruidosa y festiva en un ambiente teñido de tensión ante la inminente expulsión. El Consistorio sostiene que los edificios presentan riesgo grave para sus habitantes y asegura que no admiten uso residencial. Desde el movimiento Som Barri lo niegan, apuntando que “el desalojo no responde a la seguridad, sino a intereses urbanísticos” y que los residentes han mantenido las viviendas en buen estado.
¿Opción? El derribo
El Ayuntamiento ha enviado una comitiva de técnicos municipales para solicitar el desalojo administrativo voluntario y verificar la situación de ocupación. Al constatar que las viviendas siguen habitadas, el próximo paso consistirá en pedir una orden judicial para proceder a la expulsión efectiva de los inquilinos. Mientras tanto, la avenida permanece cortada y el ambiente se ha tornado festivo tras superarse los momentos de mayor tensión, con música, pancartas y una fiesta de la espuma para los asistentes.
Desde el Ayuntamiento se insiste en que la única alternativa viable pasa por el derribo, alegando motivos de seguridad y riesgo para los ocupantes por tratarse de “infravivienda”, de acuerdo con la información recogida por elPeriódico.
Paralelamente, la vía judicial sigue su curso en todos los bloques afectados. En el caso de la nave de Farigola 3, un juzgado ha suspendido cautelarmente el desalojo, decisión que el Consistorio prevé recurrir. Por otro lado, para los inmuebles de avenida Vallcarca 83 y 87bis, ya se han tumbado medidas similares. El Ayuntamiento ha confirmado al medio catalán que solicitará la autorización judicial necesaria para la ejecución forzosa de los desalojos en Vallcarca y mantiene su compromiso de buscar soluciones sociales y habitacionales para las familias, con especial atención a la infancia.
Presión social ante la amenaza de expulsión
Este miércoles vencía el plazo establecido por el Ayuntamiento de Barcelona para el desalojo de los residentes de tres inmuebles de titularidad municipal, viviendas que fueron expropiadas en 2015 y ocupadas por personas vulnerables. Según denunciaba la asociación Som Barri, se trata de un “macrodesahucio” con el que el consistorio dirigido por el socialista Jaume Collboni “dejará a 40 personas en la calle”.
Los vecinos y activistas han intentado buscar alternativas al desahucio masivo de las familias afectadas en las últimas semanas ante el temor a perder su casa, aunque solo algunos pudieron encontrar refugio con conocidos o en otras viviendas ocupadas. La mayoría, no obstante, lamenta no tener otro lugar al que ir: “No tenemos a dónde ir”, ha recogido el medio de las familias.
Estas familias con menores a su cargo vivían previamente en asentamientos y optaron por ocupar estas viviendas después de que permanecieran vacías durante años, explica a Infobae España Aran Llivina, una de las portavoces de Som Barri, quien indica que en el contexto de la actual crisis habitacional en Barcelona “no puede ser que haya pisos vacíos”.
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