Más pesadillas para el PSOE: la UCO prepara nuevos informes sobre los patrimonios de Cerdán y Ábalos, el de un ministro y el de la actual presidenta del Congreso

El Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene mucho trabajo por delante. Prepara varios informes (que algunos puede derivar ya en septiembre al Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional) que supondrán un nuevo terremoto en las filas socialistas y que, según vaticinan algunas voces dentro del partido, pueden conllevar que los aliados parlamentarios de Pedro Sánchez le quiten ya definitivamente el apoyo y el presidente se vea obligado a afrontar una moción de confianza o unas elecciones adelantadas. Informes que harán una radiografía concreta del patrimonio de los principales investigados, “con grandes sorpresas y muy exhaustivos”, señalan fuentes de la UCO de alto nivel, y otros informes que implican a un ministro en ejercicio y a la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El auto del Tribunal Supremo que mandó este lunes a prisión a Santos Cerdán revela que los investigadores de la UCO está ahora buscando el presunto “botín” que se llevó la trama durante años, una trama que estuvo liderada, según los indicios que ahora obran en poder del juez, por el propio Cerdán, que era quien recibía las mordidas de las constructoras y quien las repartía entre José Luis Ábalos y Koldo García, y seguramente más personas.

La Guardia Civil ha identificado, de momento, a la empresa Acciona Construcción como la principal beneficiada de contratos amañados. La compañía liderada por la familia Entrecanales fue una de las grandes licitadoras del Ministerio de Transportes, con adjudicaciones valoradas en 537.271.005 de euros. Los audios intervenidos a Koldo García (el juez tira por tierra la teoría conspirativa en su auto de que este no es un agente encubierto que ha trabajado durante años en secreto para perjudicar al PSOE) señalan que Ábalos y Koldo “habrían percibido como indebido premio económico la cantidad de 550.000 euros, siendo adeudados todavía, otros 450.000 igualmente comprometidos. Un millón en total, en términos aproximados”.

Pero los investigadores están convencidos de que hay más. De que tiene que haber más. Por el periodo analizado y por el número de obras investigadas. Este “botín indiciariamente obtenido (en el entorno de un millón de euros) representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas. En efecto, si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un uno por ciento del valor de las adjudicaciones, dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros”, señala el juez.

Pero el 1% es una comisión muy baja, “en términos comparativos con otras operaciones semejantes (no infrecuentes, por desgracia, en procedimientos judiciales de parecida naturaleza)”, señala el juez. Fuentes de la UCO recuerdan que en otras operaciones se han encontrado con comisiones del 3%, del 10% y algunas incluso superiores, “varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía” a los principales implicados en esta trama: Cerdán, Ábalos y Koldo. “Ello refuerza así, siempre en los términos indiciarios tantas veces señalados, la idea de que más personas, físicas o jurídicas, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones”.

Por eso, la UCO ya está trabajando en varios informes sobre el patrimonio de los principales implicados. El juez les ha pedido que comprueben los datos de 521 cuentas bancarias en 35 entidades, algunas en el extranjero. La información que reclama el magistrado tiene que ver con los titulares y movimientos, entre otros, de dichas cuentas desde el 1 de enero de 2014. Nada más y nada menos que una década. Un trabajo ingente que va a llevar tiempo y recursos a los investigadores, sobre todo cuando hay comisiones rogatorias de por medio. Ábalos y Cerdán aseguran que su patrimonio no ha crecido durante los años que se han dedicado a la política, pero los audios son claros y explícitos: se habla en ellos de repartos de comisiones. Y otras personas han declarado en el mismo sentido.

El trío que suponen Santos-Ábalos-Koldo son una de las derivadas más mediáticas y con más calado político del caso que comenzó con el empresario y conseguidor Víctor de Aldama. Al fin y al cabo, Santos y Ábalos han sido secretarios de Organización del PSOE con Sánchez y el PP, acusación popular en la instrucción, cree que en la pirámide de esta “organización criminal” (en palabras del juez) está el propio Sánchez. Veremos si el caso se queda “en unos pocos, pero importantes, golfos que amañaron obras y se repartieron la pasta”, explica un dirigente del PSOE madrileño, o escala aún más y se prueba una presunta financiación irregular del partido. Los investigadores están aún lejos de este punto.

Pero las declaraciones de Aldama (que le sacaron de prisión) van más allá y han provocado que la UCO también esté trabajando en dos nuevas líneas de investigación. En la primera la protagonista es Francina Armengol, actual presidenta del Congreso y ex presidenta del Gobierno balear. Se analiza la compraventa de material sanitario durante la pandemia. Todo el proceso de contratación de 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones destinados al Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salud), mascarillas que no pudieron ser usadas porque llegaron en mal estado. “Este informe está bien trabajado y documentado”, señalan las fuentes de la UCO antes consultadas, que aventuran que supondrá que el juez de la Audiencia tenga que tramitar una exposición razonada al Supremo para la posible imputación de Armengol.

La UCO también trabaja en otro informe que salpica al ministro Ángel Víctor Torres, actual titular de Política Territorial y Memoria Democrática, también por la compra de mascarillas (Torres era entonces presidente de Canarias). Aldama le acusó en sede judicial de pedir una comisión de 50.000 euros, más de lo pactado inicialmente por la trama. La UCO ya maneja algunos mensajes incriminatorios contra él. Torres ha reiterado su inocencia y ha podido aportar algunas pruebas que desmienten lo dicho por Aldama. La Guardia Civil también quiere plasmar en ese informe las posibles irregularidades de la adjudicación de las obras de una sede de la Agencia Tributaria de Canarias a una de las empresas de la trama: Levantina, Ingeniería y Construcción. Obras que costaron 6,4 millones de euros.