Hoy entra el vigor el registro del alquiler para “acabar con los pisos turísticos ilegales”: oleada de peticiones para adaptarse a esta medida

Los ministros Isabel Rodríguez y Pablo Bustinduy han defendido la importancia de esta ley

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Fachada de un edificio con
Fachada de un edificio con un cartel de 'Se Alquila'. (Jesús Hellín / Europa Press)

Llegan los números de registro del alquiler para quedarse. En plena batalla por fomentar la vivienda residencial y regular los pisos turísticos, el Gobierno ha desarrollado una nueva medida. Hoy, martes 1 de julio, todos los propietarios que deseen alquilar su vivienda con fines turísticos deberán contar con este permiso.

El Gobierno prevé que esta iniciativa refuerce la confianza de los consumidores, reduzca el riesgo de fraudes y contribuya a una mayor profesionalización del sector. La Ventanilla Única Digital de Arrendamientos facilitará a las autoridades herramientas más sólidas para detectar conductas irregulares, sancionar la evasión fiscal y actuar sobre viviendas que operan al margen de la legalidad.

A quién afecta y cómo solicitarlo

La normativa abarca todos los alquileres de corta duración, tanto de naturaleza turística como de temporada, incluyendo aquellos motivados por desplazamientos laborales, razones médicas o estudios. También se extiende a embarcaciones que se ofrezcan por ocio, aunque excluye a servicios a los hoteles, apartahoteles, albergues, campings y parkings de caravanas.

El código distinguirá entre modalidades, como alquiler por habitaciones o por vivienda completa, así como otros alojamientos de corta duración que impliquen una compensación económica. Para obtener el Número de Registro de Alquiler (NRA) en España, debes acceder a la sede electrónica del Colegio de Registradores de la Propiedad.

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Las solicitudes para obtener el número de registro del alquiler de corta duración se han disparado en los últimos días. Según el Ministerio de Vivienda, las solicitudes superaban este lunes las 215.438. Cualquier dueño que desee alquilar deberá unirse a esta enorme lista si quiere no incurrir en una ilegalidad.

De las más de 200.000 solicitudes, de momento poco más de 94.000 han recibido la autorización. La mitad se encuentran revisándose por el Colegio de Registradores, que tiene un plazo de 15 días, y 15.575 han sido revocadas. El Ministerio recuerda que este código será obligatorio a partir de mañana para poder operar en plataformas.

“Acabar con los pisos turísticos ilegales”

Con esta medida, España implementa la normativa europea sobre alquileres de corta duración, cuya aplicación definitiva comienza este martes tras un periodo transitorio de seis meses en el que los alojamientos han podido realizar su registro de manera escalonada.

El Ministerio de Vivienda ha asegurado que España ha sido el primer país de la Unión Europea (UE) en aplicar la normativa comunitaria referente a los alquileres de corta duración. De esta forma, el Gobierno trata de impulsar su lucha en favor de los alquileres para residentes accesibles, buscando aumentar la oferta.

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La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido la necesidad de regular estos alojamientos. Ha afirmado que “acabar con los pisos turísticos ilegales que expulsan a las familias de sus barrios” es clave, al igual que terminar con el fraude en los alquileres de temporada que se utilizan para “especular” con el precio de la vivienda.

Por su parte, en una entrevista en la cadena SER, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha dirigido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para pedirle que aplique la ley y contribuya a cerrar los pisos turísticos ilegales ubicados en la capital.

“El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid tienen que dejar de mirar hacia otra parte y tienen que asumir que su obligación legal es defender el derecho constitucional a la vivienda y no a los ‘fondos buitre’ que quieren lucrarse a costa de él”, ha afirmado el ministro.

La aplicación de esta medida coincide con el reciente anuncio del "Plan Reside" que se desarrollará en Madrid. Se anunció con la intención de regular el alquiler y fomentar los pisos residenciales en el centro, pero Bustinduy considera que favorece “un modelo de grandes negocios” que permite “comprar edificios enteros y expulsar a los vecinos”.