El Gobierno prohibirá la publicidad de combustibles fósiles y de los vehículos que generen más emisiones: “El 1% de la población en España contamina más que 12 millones de personas”

El Gobierno ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que introduce nuevas prohibiciones en la publicidad de productos y servicios con alto impacto ambiental.

Las medidas más relevantes, aprobadas en primera vuelta por el Consejo de Ministros, incluyen el veto a la publicidad de vuelos cortos dentro de la península cuando exista alternativa menos contaminante, la prohibición de anuncios de combustibles fósiles y la restricción en la promoción de vehículos propulsados únicamente por estos combustibles.

El texto tiene como finalidad principal fomentar decisiones de consumo más sostenibles y proteger tanto los derechos de los consumidores como el entorno frente a prácticas comerciales perjudiciales.

Según adelantó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el nuevo marco legal responde a la necesidad de “reforzar la protección de las personas consumidoras y del medio ambiente con medidas que promueven el consumo consciente y responsable, y la promoción de la reparación de bienes”. El texto entra ahora en fase de consulta pública, antes de iniciar su tramitación parlamentaria definitiva.

La disposición más significativa veta cualquier tipo de publicidad de productos energéticos basados exclusivamente en derivados fósiles, excluyendo al gas, siempre que el anuncio parta de empresas del sector del carbón o el petróleo.

Esta restricción, según explica el Ejecutivo, busca “reducir la presencia de productos o servicios basados en energías fósiles, como la gasolina, que contribuyen a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire”. De esta forma, se prohíbe la promoción de vehículos propulsados exclusivamente por combustibles fósiles, considerados como los más contaminantes del parque móvil.

Además, la norma restringe la publicidad de los vuelos peninsulares siempre que exista una alternativa de transporte más sostenible y cuya diferencia de duración no sea superior a dos horas y media respecto al trayecto original. Así, se trata de “desincentivar el uso de aviones en itinerarios internos que pueden realizarse en tren u otros medios menos contaminantes”, señala el Ministerio.

Asimismo, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha querido destacar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que “en España, el 1 % de la población contamina más que 12 millones de personas”, poniendo así el foco en que la “responsabilidad de la transición ecológica no puede recaer en la suma de responsabilidades individuales”, sino que hay que “responsabilizar al sistema económico en su conjunto”, siendo este anteproyecto de ley “un primer paso en esa dirección”.

La ley incluye, asimismo, la regulación de la “publicidad del miedo”, aquella que emplea escenarios extremos o poco probables para inducir al consumo mediante la generación de ansiedad o urgencia. El texto aprobado establece la obligación de aportar información cuantitativa o estadística válida para que los consumidores puedan valorar objetivamente el riesgo presentado.

De forma paralela, el anteproyecto avanza sobre la lucha contra el greenwashing o ‘ecopostureo’. El Ministerio subraya que la ley prohibirá “las afirmaciones genéricas y no comprobables sobre sostenibilidad” en el etiquetado o la promoción de productos, como las expresiones “respetuoso con el medio ambiente”, “verde” o “biodegradable” si carecen de aval científico.

El objetivo pasa por impedir que las empresas promocionen productos como ecológicos sin pruebas verificables y evitar el registro de marcas o razones sociales que induzcan a error sobre su verdadero impacto ambiental.

Frente a la obsolescencia programada, el texto contempla incentivos a la reparación de productos durante el período de garantía, que podrá ampliarse en doce meses más si el consumidor elige reparar en vez de sustituir.

En rueda de prensa, el ministro ha subrayado que el anteproyecto recoge “el derecho a reparar”. Así, la ley obligará a que durante los dos primeros años tras la garantía legal, fabricantes, comercializadores o importadores costeen el 20 % de las reparaciones, porcentaje que descenderá al 10 % el tercer año y al 5 % el cuarto.

Igualmente, las empresas no podrán ocultar información sobre actualizaciones de software que perjudiquen el funcionamiento de dispositivos digitales ni hacer pasar por obligatorias mejoras que solo aumenten la funcionalidad sin comprometer la seguridad o durabilidad.

En el área del consumo cultural y deportivo, el anteproyecto respalda la protección de los compradores mediante la prohibición de la reventa de entradas cuando el precio supere el Índice de Precios al Consumo (IPC) respecto al original, sumándose esto a la prohibición previa de uso de bots en la compra masiva para revender entradas.

La ley también aborda la práctica de la reduflación, que consiste en reducir el contenido de un envase o el número de unidades sin modificar el precio ni advertirlo claramente. Las empresas tendrán un plazo máximo de 90 días para informar de manera legible y visible de cualquier cambio en cantidad o características del producto que se mantenga a precio igual o mayor.

Durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Consumo Sostenible, el ministro Pablo Bustinduy ha anunciado que propondrá además “un paquete fiscal que garantice que quienes más contaminan, que son los ricos, paguen lo que les corresponde”.

El texto pasa ahora a audiencia pública, tras la cual será revisado de nuevo por el Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso para su aprobación final.