El Gobierno destinará 40.000 viviendas del banco malo a alquiler asequible y 2.400 suelos para aumentar el parque público

El Gobierno ha dado luz verde este martes a una de sus medidas más ambiciosas en materia de vivienda social. El Consejo de Ministros ha aprobado el traspaso de 40.000 viviendas y 2.400 suelos de propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), con el fin de alimentar la futura empresa pública de vivienda en alquiler asequible. La operación, valorada en 5.900 millones de euros según el mercado, se enmarca en el plan estatal para aumentar la oferta de vivienda pública en España y hacer frente así a la escasez y el encarecimiento del alquiler.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, fue la encargada de detallar el alcance de la iniciativa. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Rodríguez subrayó que esta incorporación se realizará “mediante una donación progresiva” y que la oferta total no solo estará compuesta por las 40.000 viviendas existentes, sino también por la capacidad edificatoria de los 2.400 suelos, en los que está previsto construir 55.000 viviendas adicionales.

Según los planes del Ejecutivo, los inmuebles transferidos a la nueva empresa pública deberán destinarse al alquiler asequible, con precios situados por debajo de los valores de mercado. El criterio será que en ningún caso el gasto en vivienda supere el 30% de los ingresos de las familias beneficiadas, uno de los umbrales internacionales para definir el acceso a vivienda digna y sostenible.

Este anuncio forma parte del paquete de doce medidas presentadas por el presidente Pedro Sánchez a comienzos de año, orientadas a abaratar el acceso a la vivienda y a reforzar el alcance del parque público. Sánchez indicó entonces que 13.000 de estas viviendas podrían habilitarse de forma inmediata, mientras que la incorporación del resto se realizará de manera progresiva a medida que se adapten los inmuebles y se complete su traspaso formal.

Actualmente, la Sareb dispone de alrededor de 37.000 viviendas en cartera, cifra que se completará con los lotes autorizados para la cesión a la empresa estatal. Según explicó la ministra, para ejecutar la operación se habilitará a la empresa pública el uso de hasta 593 millones de euros destinados a la adecuación y reforma de las viviendas, con el objetivo de que todas reúnan las condiciones de habitabilidad y seguridad exigidas por la normativa.

La localización de los inmuebles será clave para responder a la demanda real de la sociedad. El Ejecutivo ha priorizado la selección de viviendas en municipios de más de 5.000 habitantes, o bien en aquellos de menor tamaño que en la última década hayan crecido en población al menos un 5%. Este criterio busca situar la mayor parte del parque en zonas en expansión y con mayor presión sobre el alquiler.

De igual modo, el plan estatal contempla dar prioridad a las áreas declaradas como zonas tensionadas, donde la demanda de alquiler a precios razonables supera de forma significativa la oferta y provoca un fuerte impacto en la economía de los hogares. Casos singulares, como la Comunidad Valenciana tras la DANA sufrida en octubre, también han sido considerados dentro de las zonas a priorizar para evitar situaciones de exclusión residencial.

Las viviendas seleccionadas mantienen unos requisitos técnicos específicos: deberán carecer de patologías estructurales, ser conformes a la legislación urbanística vigente y cumple con las condiciones adecuadas de habitabilidad. Se incluyen viviendas de hasta 85 metros cuadrados útiles y, en el caso de superficies mayores, hasta 150 metros cuadrados, siempre que su valor de tasación no exceda en un 40% el promedio de precio por metro cuadrado para vivienda libre en su ubicación.

El Gobierno defiende que esta medida da respuesta a un doble objetivo. Por un lado, representa una “reparación” de las consecuencias de la crisis financiera de la pasada década, cuando muchos de estos activos procedían de procesos de desahucio para costear el rescate de entidades bancarias. Por otro, supone una apuesta decidida por aumentar el stock de vivienda pública y reforzar la protección social, “una diferencia clave entre la política de salvar bancos y la de salvar familias”, afirmó Isabel Rodríguez.

Con este giro normativo, el Ejecutivo aspira a situar a España en la media europea de vivienda pública, actualmente muy por debajo de otros países comunitarios, y a limitar progresivamente la presión de los precios del alquiler en las zonas más tensionadas. El nuevo parque se explotará con alquileres limitados y controlados, destinados especialmente a jóvenes, familias y colectivos en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa se articula además con otras reformas ya anunciadas para impulsar la vivienda asequible y protegida, movilizar suelo público y atraer inversión para ampliar la oferta social. El traslado masivo de inmuebles de la Sareb a la nueva empresa pública de vivienda constituye el núcleo de este plan y marca, según el Gobierno, un punto de inflexión para la política del alquiler a precios razonables en España.