Multa de 300.000 euros al clan empresarial de los Fernández-Fermoselle por envenenar varios árboles protegidos para construir en la urbanización más lujosa de Madrid

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gobernado por el PP, ha sancionado con 402.000 euros a una promotora, Balboa Properties, por envenenar varios árboles en una finca de su propiedad en la lujosa urbanización de La Finca. Balboa Properties es una promotora creada en junio de 2018 y representada por Alfonso Fernández-Fermoselle, miembro de una destacada saga de empresarios inmobiliarios de Valladolid, un clan que llegó a ocupar en el pasado un puesto en las listas de las grandes fortunas de España. Según ha podido saber Infobae España, Balboa Properties ha decidido asumir la multa (y aprovechar el descuento del 40% por pronto pago) y ya ha abonado 153.600 euros, más otros 146.393 en concepto de indemnización de daños. En total, 299.993 euros.

El padre de los Fernández-Fermoselle (son cuatro hermanos) fue un destacado empresario que creó el Grupo Parquesol en 1987, una importante inmobiliaria de Valladolid. En 1998 murió el fundador, Marcos Fernández Fernández, y el negocio fue heredado por sus hijos: Marcos, Alfonso, María Cristina y Ángel. En abril de 2006, en el pico de la burbuja inmobiliaria (y dos años antes de la crisis del sector), colocaron la firma en Bolsa con una capitalización de algo más de 900 millones de euros. Tres meses después del exitoso debut bursátil, los cuatro hermanos decidieron traspasar su empresa de toda la vida a Constructora San José, del empresario gallego Jacinto Rey. La operación les reportó cerca de 1.000 millones de euros. Ahora gestionan sus negocios a través de Naropa Capital, de la que depende Balboa Properties.

Este diario ha intentado hablar con Alfonso Fernández-Fermoselle, pero no ha recibido respuesta. Sobre todo, para conocer su versión de cómo se envenenaron los ejemplares que le impedían construir en la parcela que Balboa Properties ha adquirido en la avenida de Los Lagos de La Finca, donde las viviendas valen varios millones de euros.

Toda esta historia comienza en julio de 2024, cuando el Ayuntamiento de Pozuelo recibe una denuncia por posible envenenamiento de árboles. Detrás de la denuncia estaba un vecino: el golfista Ignacio Garrido, hijo del mítico jugador Antonio Garrido. Destacó en la década de los 90 y a principios de los 2000. En su palmarés hay dos torneos del ‘DP World Tour’, el Open de Alemania y el prestigioso ‘BMW PGA Championship’, la Ryder Cup de 1997 que lideró Severiano Ballesteros y que ganó el equipo europeo, además de numerosas presencias en los grandes del golf mundial (Masters de Augusta, US Open, la PGA...). Hoy dirige Grantia Capital, una gestora de fondos de inversión y carteras.

Muestras de pesticidas

En agosto de 2024, tras la denuncia, el Consistorio pozoleño dirigido por Paloma Tejero contrató a una empresa para que realizara analíticas para identificar si se habían utilizado pesticidas en esa parcela, ya que había indicios de que diez árboles podrían haber siso envenenados. Los resultados llegaron en pocos días. Los análisis reflejaron el uso de Carfentrazona Etil (SP) y Acetamiprid; sustancias utilizadas respectivamente como herbicida e insecticida. Balboa Properties tiró entonces balones fuera. La empresa aseguró al Ayuntamiento que no había encargado ningún trabajo de mantenimiento en su finca, de 3.047 metros cuadrados de superficie.

Pero los técnicos municipales lo tenían claro. “Se puede concluir que se ha producido un envenenamiento en diez árboles de un rodal, de una edad aproximada de 50 años, con una afección en la copa estimada de un 50 a un 60% de la masa foliar mediante fumigación con Carfentrazona Etil (SP), cuya utilización comercial es como herbicida”, rezaban sus conclusiones. Siete de los 10 ejemplares estaban incluidos en el ‘Catálogo de arbolado a conservar y trasplantar en el ámbito del Plan Parcial de Somosaguas Sur’. La infracción, por tanto, está incluida dentro de las tipificadas en la ‘Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid’.

Pero el Ayuntamiento de Pozuelo no fue el único que investigó. Otra denuncia había llegado al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. El trabajo de los agentes acabó en la Fiscalía Provincial de Madrid (Sección de Medio Ambiente). No fue hasta enero de 2025 cuando el Ayuntamiento abrió expediente sancionador contra la empresa Balboa Properties por envenenar diez árboles, siete de ellos protegidos. Todos eran pinos. Pozuelo calificó la infracción de muy grave y fijó una multa de 256.000 euros, más 146.393,73 euros en concepto de indemnización por el daño causado por el envenenamiento de los ejemplares.

Pero, como marca la normativa, el Ayuntamiento suspendió el procedimiento sancionador porque la Fiscalía tenía otra investigación abierta, “dado que los hechos probados pueden revestir apariencia de ilícito penal”. En marzo de 2025, el ministerio público determinó que no había delito, por lo que archivó el caso y comunicó al Consistorio que podía alzar la suspensión de su expediente sancionador y proseguir con el trámite de la multa por la vía administrativa. La empresa de la familia Fernández-Fermoselle decidió no hacer más ruido y ha pagado multa (con el 40% de descuento), más los daños, un total de 300.000 euros.

25 expedientes de talas ilegales

Heliodoro Cobaleda, portavoz del PSOE en Pozuelo, cree que la empresa Balboa no ha hecho mal negocio. “Esta vez los arboricidas de Pozuelo envenenan 10 árboles de 50 años. Algunos de ellos especialmente protegidos. Pagan la sanción y a construir sin problema porque el valor de la sanción no afecta al pelotazo que darán, como ya ha pasado en otras ocasiones. Y es vergonzoso, hay que decirlo de nuevo. Llevamos alrededor de 25 expedientes de talas ilegales de arbolado en los últimos cuatro años y más de 500 árboles talados ilegalmente. No pasa nada. Los promotores o los nuevos propietarios de parcelas pagan, porque las sanciones en muchos casos, pudiendo ser mayores para de verdad disuadir de las talas, no lo son, ¡y a construir!“.

Los socialistas piden más mano dura en las sanciones, más control y vigilancia, y más concienciación de los servicios ambientales que presta el arbolado en la ciudad. ”¡Es tremendamente doloroso que se permita que pase esto y mañana el promotor pueda construir como si no hubiera pasado nada!”.