La ley de matrimonio igualitario en España cumple 20 años entre avances y la preocupación por el auge conservador

La aprobación en España del matrimonio igualitario en 2005 marcó un hito importante, tanto para el colectivo LGTBIQ+ como para la sociedad en general, ya que posicionó al país entre los primeros del mundo en reconocer este derecho. Un paso histórico que permitió ampliar el matrimonio y la adopción a las parejas del mismo sexo, además de que contribuyó a visibilizar y normalizar la diversidad. A día de hoy, el matrimonio homosexual es una realidad en 39 países del mundo, siendo Tailandia el último en aprobado en enero de este año, pero aún son muchas las personas LGTBI+ que continúan enfrentando discriminación, violencia y obstáculos legales para ejercer plenamente sus derechos civiles y familiares, e incluso en más de 60 naciones la homosexualidad sigue penalizada.

Fue el 30 de junio de 2005 cuando España aprobó la ley de matrimonio homosexual, convirtiéndose en el cuarto país del mundo en hacerlo, después de Países Bajos, Bélgica y Canadá, si bien la norma entró en vigor el 3 de julio, siendo la tercera en aplicarse. Y a pesar de que la protección de estos derechos sigue siendo un desafío, 20 años después de su aprobación en el Congreso, un nuevo informe de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) revela que cerca del 80% de la ciudadanía considera esta medida como un avance positivo para el conjunto social, además de que el 70 % expresa orgullo por el papel pionero de España en políticas de igualdad para el colectivo.

Según el informe, basado en los datos de una encuesta a nivel estatal realizada por 40db y elaborado en colaboración con la Universidad de Salamanca, el 67% de las personas LGTBI+ afirma que casarse les hace sentirse más protegidas, el 72% considera el matrimonio igualitario una conquista favorable para la sociedad, el 70% lo define como una reivindicación política, y el 71% lo ve como una oportunidad para construir una nueva familia elegida.

No obstante, la encuesta también revela un dato preocupante y es que el 74% de las personas LGTBI+ cree que sus derechos podrían peligrar si un gobierno ultraconservador accede al poder. “Lo que se ha conquistado con tanto esfuerzo podría perderse si llegaran a gobernar”, ha señalado en un comunicado Paula Iglesias, presidenta de la federación.

Este temor se refiere especialmente “al matrimonio igualitario, al reconocimiento de las familias y de las personas trans”, pues ya hay países como Hungría y Polonia, recuerdan desde la organización, donde sus gobiernos de extrema derecha han promovido políticas que dificultan la visibilidad y protección de las personas LGTBIQ+, con leyes que restringen la información sobre diversidad sexual en escuelas y medios y que limitan los derechos de adopción. En el caso de Hungría, el Gobierno ultraderechista de Viktor Orban llegó incluso a prohibir la marcha del Orgullo LGTBIQ+, pero este 28 de julio decenas de miles de personas se echaron a la calle para recorrer las calles de Budapest, por lo que terminó convirtiéndose en la marcha más multitudinaria de la historia del país.

“Cuando el odio entra en las instituciones, nuestros derechos son los primeros en ser atacados, tal y como lo hemos visto en países como Hungría o Polonia, y ahora también en varias de nuestras regiones, como la Comunidad Valenciana o la Comunidad de Madrid”, ha advertido Iglesias. La activista se refiere a las reformas impulsadas por el Gobierno de PP y Vox en la Comunidad Valenciana para modificar la ley LGTBI autonómica, recortando recursos para campañas de sensibilización y eliminando algunos protocolos específicos de atención a personas trans en centros educativos y sanitarios, mientras que en la Comunidad de Madrid el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso también ha planteado recortes en su ley LGTBI.

Por todo ello, la federación ha lanzado la campaña ‘Con Orgullo, sí quiero’ para poner en valor la importancia política, histórica y emocional del matrimonio igualitario y alertar al mismo tiempo del “riesgo de retrocesos reales en derechos fundamentales“. “Esta campaña no es solo una celebración, sino también un recordatorio de que ningún derecho está garantizado para siempre. Por eso decimos, con orgullo y con determinación, ‘sí quiero’ a seguir defendiendo nuestras vidas, nuestras familias y nuestra dignidad”, concluyen.