Semana clave en el culebrón BBVA-Sabadell-Gobierno. A principios de estos días, el grupo que preside Carlos Torres planea reunir a su consejo de administración para decidir si finalmente sigue adelante con su oferta pública de adquisición (opa) sobre el Banco Sabadell o si da marcha atrás y se retira del proceso.
El problema es que el Gobierno, que ha dado luz verde a la oferta pública de adquisición, ha impuesto una condición que ha dinamitado las relaciones. Este condicionante consiste en que ambas entidades conserven sus personalidades jurídicas y patrimonios separados durante un periodo de tres años, lo que limitaría los ahorros que las entidades financieras esperaban lograr con la operación.
La entidad bancaria considera que el plazo es excesivo. Por su lado, el Ejecutivo ha defendido que es el tiempo necesario para observar el funcionamiento de la colaboración antes de conceder la absorción definitiva. La vía judicial, la mirada de Bruselas y los nuevos cálculos son algunos de los factores que determinarán el resultado final, ya que BBVA baraja también la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo, según han informado a EFE fuentes próximas al proceso.
Por su lado, Sabadell se mostró contrario a unirse a BBVA en un principio, lo que hizo que BBVA optase por la opa hostil. Este tipo de oferta se caracteriza porque se lanza sin el consentimiento o la aprobación del consejo de administración de la empresa que se quiere adquirir, buscando negociar y convencer directamente a los accionistas.
“Tres años es una eternidad”
Carlos Torres, presidente de BBVA, y su equipo directivo están analizando de forma urgente un escenario complejo: recurrir estas condiciones ante el Tribunal Supremo y enfrentarse directamente al Gobierno, o desistir de la operación y explorar otras alternativas distintas a Sabadell en el mercado europeo para crecer y enfrentar la creciente competencia global.
Aunque BBVA aceptó la posibilidad de mantener las dos marcas separadas durante un tiempo, no esperaba que fuera el Gobierno el que lo exigiera, ni un periodo de tres años. La decisión del Consejo de Ministros tiene varias consecuencias negativas, según BBVA, como las dificultades para ahorrar gastos en tecnología o administración, evitando cuadros de personal duplicado, algo que sí ocurre en otras fusiones del mercado. Por ello, desde la entidad bancaria han asegurado que “tres años es una eternidad”.
Intereses de todas las partes
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido esta semana pasada la decisión del Gobierno: afirma que lograría el “equilibrio” entre hacer crecer a ambas entidades y “la protección de los criterios de interés general”.
El ministro ha explicado que es fundamental que la gestión del banco catalán, aunque se convierta en un filial de BBVA, siga siendo autónoma. Así, puede garantizar que habrá un “mantenimiento de la plantilla”, protegiendo a los trabajadores, y que “no habrá un deterioro” en el funcionamiento del banco.
La decisión del Gobierno se tomó después de realizar una consulta pública sobre el impacto de la operación, convocada de forma inesperada por el Ministerio de Economía. El ministro detalló que “un 41% de los participantes consideró que no existen razones de interés general que pudieran verse comprometidas”, mientras que solo un 47% consideraba que había ciertas razones, pero no suficientes como para intervenir.
“Lo que vamos buscando es que la actuación de manera autónoma de las dos entidades consiga maximizar el valor de cada entidad por separado”, ha sentenciado. Desde el Ejecutivo, aseguran que han permitido que se llegue al siguiente paso, que consiste en la decisión por parte de los accionistas, cumpliendo con el método que beneficia a todas las partes implicadas, incluido el propio banco BBVA. Si el banco no desiste, en las próximas jornadas tendrá que seguir avanzando y actualizando la previsión de sinergias y el impacto de la condición impuesta por el Gobierno con el objetivo de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto de la operación.
*Con información de EFE
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