¿Y si España se sale de la OTAN para no pagar el 5% en Defensa? El Artículo 13 de la Alianza lo permite, pero quedaría desprotegida

España ha firmado junto a los otros 31 países aliados la nueva declaración de la OTAN, que eleva el objetivo de gasto militar hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB). El compromiso, de carácter vinculante y sin margen para excepciones formales, introduce sin embargo ciertas ambigüedades en su redacción, lo que abre la puerta a diferentes interpretaciones por parte de los Estados miembros. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se agarra precisamente a ese resquicio para defender que España no rebasará el 2,1% del PIB en inversión en Defensa.

Desde Moncloa se insiste en que el texto firmado no impone ese 5% como exigencia inmediata ni fija plazos concretos. El presidente del Gobierno sostiene que ese margen de flexibilidad permite a España cumplir con los objetivos aliados sin necesidad de incrementar el presupuesto actual. Esta interpretación, sin embargo, ha provocado fricciones en el seno de la Alianza Atlántica, especialmente con Estados Unidos, principal impulsor del aumento del gasto y uno de los países más beligerantes respecto a los compromisos presupuestarios comunes.

La Administración estadounidense ya ha hecho saber su incomodidad con la postura del Gobierno español. Desde Washington consideran que el 5% es un mandato claro y que cualquier desviación supone un incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre los aliados. La OTAN, por su parte, ha reiterado que el nuevo umbral debe ser el horizonte compartido por todos los miembros, sin salvedades ni condiciones particulares.

Ante las presiones, el Ejecutivo español evita comprometerse más allá del porcentaje ya anunciado y aprobado. La línea oficial es que los objetivos estratégicos de la OTAN pueden alcanzarse con el 2,1%, una cifra que sitúa a España entre los países con menor proporción de gasto en Defensa dentro de la organización.

La posibilidad legal existe. Así lo establece el artículo 13 del Tratado del Atlántico Norte, en vigor desde 1949, que contempla que cualquier Estado miembro puede abandonar la organización si lo comunica formalmente al Gobierno de Estados Unidos, que actúa como depositario del tratado. La condición para activar esa salida es haber transcurrido un mínimo de veinte años desde la adhesión, umbral que España cumple desde hace décadas tras su incorporación en 1982.

Una vez presentada la notificación, el proceso de retirada no es inmediato. Debe pasar un año para que la decisión surta efecto, durante el cual el país continúa siendo miembro de pleno derecho. El experto Manuel Ruiz Robles, exintegrante de la Unión Militar Democrática, recuerda que no existe “ningún impedimento legal” para ello. En declaraciones a Canal Red, sostiene que en el caso español bastaría con “voluntad política y una mayoría parlamentaria”. Según él, un apoyo sólido del bloque de investidura permitiría activar esa opción.

La salida de España de la OTAN, aunque jurídicamente posible, entrañaría consecuencias políticas y estratégicas de gran calado. La más evidente sería la pérdida del paraguas defensivo que suponen los artículos 3 y 5 del tratado, que garantizan la asistencia militar conjunta en caso de ataque a un miembro de la organización.

Desde un punto de vista diplomático, la decisión debilitaría considerablemente la posición internacional de España y podría afectar su papel en el seno de la Unión Europea, además de dañar las relaciones bilaterales con Estados Unidos. También quedarían comprometidos los canales de cooperación en inteligencia, seguridad cibernética y desarrollo de tecnologías militares compartidas. La ruptura implicaría asumir de forma independiente capacidades estratégicas propias, con un coste económico y operativo notable.