Filesa, el ‘caso Roldán’ o los GAL: cuando Felipe González se resistió a adelantar las elecciones pese a los múltiples escándalos de corrupción que le acorralaron

Felipe González dio un paso más esta semana en su batalla contra Pedro Sánchez. El expresidente del Gobierno y ex secretario general socialista exigió al jefe del Ejecutivo que, como mínimo, “convoque elecciones y dé paso a otro candidato” tras el escándalo de corrupción que salpica al PSOE, con los dos últimos secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, implicados en el supuesto cobro de comisiones en el marco del caso Koldo. En este contexto, el exdirigente sevillano criticó la versión oficial del partido, que separa la presunta trama de mordidas de la actuación del Ejecutivo, a pesar de que esta se desarrolló en los márgenes del Ministerio de Transportes, con José Luis Ábalos al frente. “Esto no es un problema del partido, es un problema del Gobierno”, dijo en una entrevista en Más de Uno.

Asimismo, preguntado por el tiempo político que le queda a Pedro Sánchez, el expresidente del Gobierno y exlíder socialista subrayó que el actual jefe del Ejecutivo y máximo dirigente del partido de la rosa “ya no tiene vida política”. “Poder no tiene ninguno, todo el poder lo tienen los bilduetarras, Puigdemont, por cómo se han cambiado los delitos para ajustarlos a los delincuentes. Sánchez tiene cero poder, cero”, agregó en el programa radiofónico de Onda Cero.

Sin embargo, el clima político actual es muy similar al vivido en los últimos años del mandato de Felipe González, con el aliciente de la grave situación económica que atravesaba el país en aquellos momentos. Pese a sus duras declaraciones, el dirigente sevillano tampoco se aplicó estos consejos hace más de 30 años. Más allá del proceso de modernización impulsado desde el Gobierno (encadenó cuatro legislaturas, desde 1982 hasta 1996), González también se vio envuelto en múltiples casos de corrupción, y aunque estos le acorralaron en sus últimos años en la Moncloa, el dirigente sevillano se resistió a adelantar elecciones.

González sobrevivió en su última legislatura en minoría parlamentaria, sostenido por Convergència i Unió (el partido de Jordi Pujol) y el PNV. De hecho, más allá de los adelantos técnicos efectuados en los tres primeros mandatos, el expresidente del Gobierno decidió anticipar la cita con las urnas en 1996 (un año y medio antes), tras la retirada del apoyo de las formaciones nacionalistas, que propició el rechazo a los Presupuestos de aquel curso.

Mucho antes de ese episodio, Felipe González enfrentó a lo largo de sus mandatos una serie de escándalos de corrupción que involucraron a altos cargos de su administración, organismos bajo su designación y al propio Partido Socialista Obrero Español. Estos casos, que marcaron la vida política española en las décadas de los 80 y 90, pusieron en entredicho la integridad de las instituciones y dejaron una huella en el historial de sus gobiernos.

El primer gran escándalo que sacudió el entorno de Felipe González fue el conocido como caso Juan Guerra, centrado en el hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que forzó la dimisión del exnúmero dos. Este episodio abrió la puerta a una sucesión de investigaciones y procesos judiciales de gran calado: el caso Filesa, relacionado con la financiación ilegal del partido; el caso Ibercorp, que implicó al entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, en operaciones financieras irregulares; el caso Luis Roldán, que destapó el robo de fondos públicos y la posterior fuga del director de la Guardia Civil, un episodio que conmocionó a la opinión pública y evidenció la falta de controles internos en las instituciones; o las escuchas ilegales del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa) a políticos, empresarios y periodistas.

Sin duda, uno de los episodios más oscuros de la etapa de González al frente del Ejecutivo fue el caso de los Grupos Armados de Liberación (GAL). Este grupo parapolicial, financiado con fondos públicos, se creó con el objetivo de combatir a la organización terrorista ETA y eliminar su refugio en territorio francés. Entre 1983 y 1987, altos cargos del Ministerio del Interior promovieron, financiaron y protegieron las actividades de los GAL, que acabaron con la vida de 27 personas. El caso más emblemático fue el de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, quienes fueron secuestrados, torturados, asesinados y enterrados con cal viva en octubre de 1983.

Las investigaciones judiciales sobre los GAL condujeron a la condena de figuras de primer nivel, como el ministro José Barrionuevo y su secretario de Estado, Rafael Vera. También resultaron condenados el inspector de la Policía Nacional, José Amedo, y el comandante de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, así como los gobernadores civiles de Vizcaya y Guipúzcoa. Felipe González tuvo que declarar como testigo en el caso del secuestro de Segundo Marey, un vendedor de mobiliario de oficina. A pesar de la gravedad de los hechos, el presidente no realizó autocrítica pública y, en un gesto que generó controversia, acudió a la prisión para abrazar a Barrionuevo y Vera en el momento de su ingreso.

En cuanto al caso Filesa, supuso un golpe devastador para la credibilidad del PSOE. El 29 de mayo de 1991, varios medios de comunicación informaron sobre la existencia de una trama de financiación irregular del partido a través de las empresas Filesa, Malesa y Time Export. “Me enteré, efectivamente, el día que apareció en los medios de comunicación. Y me enteré con sorpresa y con incredulidad, y todavía mantengo la posición de esperar y ver qué es lo que los tribunales deciden. Quizá la incompatibilidad que yo me planteé a mí mismo de dedicar un enorme esfuerzo a las tareas de Gobierno me hizo estar más distanciado de las tareas específicas de partido”, justificó entonces González.

Como Sánchez con el caso Koldo (a diferencia de Filesa, la supuesta trama de mordidas a cambio de contratos de obra pública no compromete, por ahora, la financiación del partido), González acotó el caso de corrupción a dos representantes socialistas y presumió de haber adoptado medidas. “Somos el único partido que ha adoptado decisiones sobre responsabilidades políticas al margen de los procedimientos judiciales”. “El partido abordó el asunto cuando apareció en los medios de comunicación, y, a petición propia, suspendió en sus funciones tanto al que era responsable de administración del partido, como al que era responsable de administración del grupo parlamentario”.

Entre 1988 y 1990, estas sociedades recibieron cientos de millones de pesetas en concepto de estudios de asesoramiento para bancos y empresas, unos informes que nunca se realizaron. Los fondos obtenidos se destinaron, presuntamente, para sufragar el coste del referéndum de la OTAN en 1986 y la campaña electoral del PSOE en 1989. Entre los implicados en la trama se encontraban el senador socialista y diputado autonómico, Josep María Sala; el diputado por Barcelona, Carlos Navarro; y el responsable de finanzas del partido, Guillermo Galeote.

La investigación judicial dio lugar a una escena entonces inédita, que se repitió el pasado viernes con la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz para clonar el correo corporativo de Santos Cerdán. Hace 30 años, una comisión judicial y policial accedió a la sede socialista con el objetivo de incautar documentos contables que sirvieron como prueba en la investigación del caso Filesa. El 18 de noviembre de 1992, los agentes, tras la negativa del entonces secretario de Organización José María Benegas y del responsable de asuntos económicos Francisco Fernández Marugán a entregar la documentación solicitada, procedieron al registro de la secretaría de Administración e incautaron los documentos que consideraron oportunos. En 1993, los peritos de Hacienda entregaron al magistrado Marino Barbero un informe que confirmaba que Filesa había pagado a otras empresas por bienes y servicios cuyo destinatario era el PSOE, y que los trabajos por los que se contrató a la empresa nunca se realizaron. Este caso se saldó con condenas a importantes miembros de la formación.

Pese a los grandes avances sociales y económicos de su etapa en el Gobierno, la sucesión de escándalos de corrupción durante la última etapa de González en la Moncloa quedó asociada, para muchos, a la sombra persistente de la corrupción y el abuso de poder.