El país del que todos se quieren ir: más de un tercio de la población ha pedido la visa para marcharse por culpa del clima

En 2021, el ministro de Justicia de Tuvalu, Simon Kofe, se dirigía al mundo desde el mar. Metido hasta las rodillas, el político denunciaba la situación de su país: cada año, el agua se come más parte de su territorio e inunda lo que antes eran el hogar de sus miles de habitantes. Cuatro años después, nada ha cambiado y el mar sigue ahogando la pequeña isla del Pacífico Sur: según la ONU, el punto más alto de este país está a tan solo 4,6 metros sobre el nivel del mar y los científicos auguran que la mayor parte del territorio quedará sumergida para 2050.

La situación es trágica para sus apenas 10.000 habitantes y cada año el riesgo se vuelve mayor. Por ello, en 2024, Australia y Tuvalu firmaron la “Unión Falepili”, un acuerdo con el que se creó un visado especial para los ciudadanos de Tuvalu, que les permite trasladarse a Australia como refugiados climáticos.

Habilitado el pasado 16 de junio, el programa ha sido todo un éxito: más de 4.000 tuvaluanos han solicitado la primera visa climática del mundo, que les ofrecerá una residencia permanente e indefinida en Canberra, con posibilidad de viajar dentro y fuera del país.

La iniciativa no se extenderá a toda la ciudadanía. La visa se concederá a 280 solicitantes seleccionados por sorteo, que recibirán la residencia permanente, así como el derecho a trabajo, atención médica pública y acceso a la educación. Solicitar el visado cuesta cerca de 11 dólares y a diferencia de otros esquemas de visa para pueblos del Pacífico, no se requiere una oferta de trabajo en Australia.

La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, declaró que el proyecto Falepili Mobility Pathway representa una apuesta conjunta para garantizar el movimiento “con dignidad”, permitiendo a los ciudadanos de Tuvalu vivir, estudiar y trabajar en Australia a medida que se agravan los impactos climáticos.

El tratado bilateral también pretende garantizar el reconocimiento internacional continuo de Tuvalu como estado, incluso en el escenario hipotético de que su territorio físico quedara completamente sumergido. El texto del acuerdo respalda que la soberanía y los derechos de Tuvalu perdurarían pese a los daños ocasionados por la subida del nivel del mar. A raíz de la COP27 de 2022 en Egipto, el Gobierno de Tuvalu ha anunciado planes para “trasladar digitalmente” toda la nación: digitalizar su superficie, su historia y su administración pública, y mantener sus funciones institucionales en línea. Australia se ha comprometido a reconocer la llamada “soberanía digital” de Tuvalu, lo que según las autoridades buscará asegurar la continuidad de su identidad nacional y sus operaciones incluso ante la eventual desaparición física del territorio.

El cambio climático genera fenómenos meteorológicos extremos de forma cada vez más frecuente y catastróficas. Según ACNUR, cada año más de 20 millones de personas se desplazan a otro punto de su país debido a estos fenómenos adversos. Algunas incluso se ven forzadas a cruzar las fronteras, pero su realidad no está reconocida a nivel internacional.

En 2022, las catástrofes provocaron la cifra récord de 32,6 millones de desplazamientos, de los que el 98% fueron causados por peligros relacionados con el clima, según el Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Internacional (IDMC).

Sequías, inundaciones, huracanes y tifones seguirán produciéndose en los próximos años con mayor frecuencia y provocarán un aumento en el número de migrantes, pero la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 no reconoce esta realidad, aunque puede aplicarse cuando el riesgo de que una persona sufra persecución o violencia se ve incrementado por el cambio climático. Desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se aboga por reconocer a los migrantes climáticos, más que refugiados, al no considerar estos movimientos necesariamente forzosos y realizarse mayoritariamente en el interior de los países.