Las ayudas a los ciudadanos de 20 céntimos por litro de gasolina costaron caras a la economía española: 6.288 millones

El programa de ayudas estatales de 20 céntimos por litro de combustible dirigidas a los consumidores para paliar el encarecimiento energético derivado de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 ha representado un alto coste para la economía española, con un desembolso total de 6.288 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. Así lo recoge un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, en el que se analizan las consecuencias económicas y de gestión de esta medida extraordinaria.

De acuerdo con los datos recogidos en el informe de fiscalización, la decisión de implantar esta bonificación universal de 20 céntimos por litro para todos los consumidores, regulada a través del decreto ley 6/2022, supuso un compromiso presupuestario de gran magnitud en menos de un año, al aplicarse desde abril hasta diciembre de ese ejercicio. El Tribunal de Cuentas analiza en detalle la planificación, el control y la ejecución de la medida, con un foco especial en organismos como la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio de Consumo.

Uno de los puntos clave del documento, según recoge Europa Press, indica que la cobertura presupuestaria se articuló inicialmente sobre dotaciones consideradas simbólicas, por lo que resultó necesario ampliar los créditos en varias ocasiones a lo largo del periodo. La financiación adicional no siguió estrictamente lo estipulado en la Ley General de Presupuestos, incurriendo así en desviaciones sobre los procedimientos legales establecidos para la gestión de ayudas públicas.

El informe destaca la rapidez de la implantación de la bonificación y la ausencia de incidencias destacadas en la aplicación del descuento al consumidor, un logro atribuido al papel asumido por los suministradores minoristas de combustibles como colaboradores de la Administración General del Estado. El Tribunal de Cuentas subraya la importancia de la implicación por parte de todo el sector para posibilitar una respuesta efectiva y masiva en circunstancias excepcionales, aunque advierte que el diseño normativo presentaba lagunas, deficiencias y algunos controles de aplicación altamente compleja.

Entre las carencias detectadas figuran la gestión poco clara de los registros relativos a aditivos como AdBlue y la falta de claridad a la hora de excluir a determinados tipos de embarcaciones de recreo de la bonificación. Además, el reparto de competencias entre las diferentes entidades implicadas se consideró insuficiente, lo que repercutió en la calidad de la supervisión y fiscalización del procedimiento.

El caso de la Hacienda Foral de Navarra resulta especialmente significativo, ya que la AEAT incurrió en un abono excesivo de 7,7 millones de euros al no tener en cuenta anticipos pendientes de cancelación, según se cita en el informe. Por otra parte, se observan ambigüedades en la normativa concerniente a la cofinanciación por parte de operadores mayoristas, con un impacto presupuestario estimado en hasta 532 millones de euros que terminaron beneficiando a los consumidores finales por falta de directrices regulatorias claras.

El Tribunal de Cuentas detalla que la colaboración con el sector minorista fue determinante para asegurar que el descuento previsto en la normativa se trasladara al usuario sin retrasos ni reclamaciones de peso. No obstante, el diseño legal e institucional del programa se mostró insuficiente, con mecanismos de control que dificultaron la verificación de determinadas operaciones y un reparto de roles poco definido entre los organismos responsables.

El organismo destaca que se recurrió a la aprobación de créditos extraordinarios con financiación insuficiente respecto del coste real de la medida, una dinámica que obligó a posteriores ampliaciones para satisfacer la demanda efectiva de las ayudas. Esta gestión, alejada de los principios de previsibilidad presupuestaria exigidos por la legislación, compromete la trazabilidad y el control sobre el uso eficiente de los recursos públicos, según el análisis contenido en el informe.

El documento incide en que algunos controles normativos, como los relativos a productos específicos o el tratamiento de embarcaciones recreativas, resultaron de difícil ejecución y dejaron margen a la discrecionalidad o errores de interpretación durante la vigencia de la bonificación. El sistema de gestión de devoluciones tributarias empleado por la AEAT tampoco contó con la automatización necesaria, produciéndose registros manuales que el propio Tribunal de Cuentas recomienda reducir en el futuro.

Entre las recomendaciones propuestas en el informe figuran la mejora de los sistemas de información y control automático, la simplificación de mecanismos para evitar duplicidades o discrepancias en los datos recibidos por la Administración y una redefinición clara de las competencias de cada organismo responsable, para prevenir anomalías como la transferencia imprecisa detectada en Navarra o las incertidumbres en la atribución de la cofinanciación mayorista.

El balance presentado por el Tribunal de Cuentas subraya que la bonificación de 20 céntimos por litro, aunque efectiva en su implantación operativa gracias a la colaboración público-privada, generó una movilización de fondos públicos de gran tamaño en menos de un año, con desequilibrios estructurales, insuficiencias presupuestarias y lagunas regulatorias. El organismo urge a fortalecer la coordinación y la trazabilidad interinstitucional para futuras medidas extraordinarias, asegurando la transparencia, exactitud presupuestaria y eficiencia en la gestión de recursos de todos los ciudadanos.