La jueza ordena a la UCO investigar el caso de la pareja de Ayuso por posible corrupción en los negocios y administración desleal

La jueza encargada de la causa contra el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha decidido que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil participe en la investigación. La Fiscalía y el PSOE solicitaron la intervención de la unidad en este caso.

Según ha informado El Diario.es, la magistrada Inmaculada Iglesias justificó esta decisión debido a la complejidad de los hechos investigados y al carácter interprovincial de la presunta trama delictiva. El acusado se enfrenta a posibles delitos de administración ilegal y corrupción en los negocios.

Esta decisión llega en medio de la polémica que envuelve al Gobierno y la UCO, con acusaciones de interferencia política cruzadas con señalamientos a la unidad de la Guardia Civil de estar “al servicio de la derecha”. Ahora, será la pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño el próximo objetivo de la UCO.

La Fiscalía observa indicios de que Alberto González Amador habría realizado un pago encubierto, presentado como “comisión”, de 500.000 euros a la esposa del presidente de Quirón Prevención. Esta empresa forma parte de uno de los principales grupos de sanidad privada que obtiene anualmente contratos públicos por varios cientos de millones de euros de la Comunidad de Madrid.

El pago se efectuó a través de una compañía que, en el ejercicio anterior, no había superado los 30.000 euros en facturación y carecía tanto de patrimonio como de personal. Este pago hizo saltar las alertas por lo sospechoso de una cantidad desproporcionada.

Durante su comparecencia ante la jueza, González Amador argumentó que el pago de casi 500.000 euros por una sociedad con escasa actividad respondía al valor de su red de distribución y no suponía un soborno a un directivo de Quirón. Tras estas declaraciones, la magistrada resolvió la imputación de la farmacéutica Gloria Carrasco, esposa del mencionado directivo, quien defendió que la operación de venta fue “razonable”.

Este empresario está siendo investigado por presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. El primero de estos crímenes consiste en gestionar de manera perjudicial el patrimonio de una empresa, de forma que se busca el beneficio propio o de terceros implicados, y se causa daños económicos a la sociedad, socios o trabajadores de la compañía.

En cuanto al delito de corrupción en los negocios, el caso gira en torno a la supuesta entrega del medio millón de euros a la esposa del presidente de Quirón Prevención. Como la Fiscalía ha encontrado indicios de que dicho pago podría haber tenido como objetivo obtener ventajas en adjudicaciones o relaciones comerciales, lo que supone una conducta tipificada por la ley como soborno en el ámbito privado.

De esta manera, la UCO será la encargada de encontrar las pruebas que demuestren estos delitos o, por el contrario, no conseguir demostraciones que la jueza considere suficientes como para declararlo culpable. La magistrada Inmaculada Iglesias ha establecido esta orden con la intención de esclarecer los hechos.