El Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía: de la proclamación de independencia de 2017 a la eliminación de los delitos

“En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor”. Estas fueron las palabras de Pedro Sánchez cuando acordó la amnistía con los líderes de Junts y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Hoy, este proyecto se consolida como una realidad. El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la ley que anula los delitos cometidos durante el proceso independentista catalán.

Los seis votos a favor de la mayoría progresistas del órgano legislativo se impusieron a los cuatro conservadores. El tribunal ha considerado que se trata de “una mejora de la convivencia y la cohesión social”. Desde el momento en el que se propuso, oposición y Gobierno han tenido enfrentamientos en el Congreso sobre su legitimidad y objetivo.

El procés ha marcado una etapa política y social en España. La proclamación de independencia del pasado 2017 estuvo seguida de una serie de condenas, que llevaron a políticos a la cárcel o al exilio, con el caso de Carles Puigdemont, entonces president de la Generalitat, en Bruselas.

El pacto alcanzado por el PSOE y los partidos catalanes involucrados comenzó una serie de revisiones y análisis constitucionales. Pedro Sánchez llegó a este acuerdo al afirmar que “las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud”. Para lograr una nueva investidura necesitaba el apoyo de Junts y sentenció que podía “ayudar a superar la fractura”.

Un Tribunal Constitucional dividido ha llegado a la conclusión de que la ley de amnistía es constitucional. El organismo presidido por Cándido Conde-Pumpido ha rechazado la mayoría el recurso del PP contra la ley, que cuestionaba la legitimidad de proponer esta ley para llegar a un acuerdo político y sostenía la no aplicación de la orden de detención por terrorismo de la justicia europea.

La Fiscalía General del Estado calculó que podrían recibirla 486 personas, incluyendo a culpables de delitos que comenzaron en la consulta de 2014. La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, ha sido la encargada de elaborar el texto, donde señala que la amnistía puede ayudar a superar una crisis política.

El 1 de octubre de 2017 se celebró la crucial consulta independentista en Cataluña. Según los datos del Govern, 2,2 millones de personas, en torno a un 42% de la población, votó en el Referéndum del 1-0, alcanzando un 90% de síes. Este episodio siguió a la consulta popular del 9 de noviembre de 2014.

Los colegios electorales se convirtieron en focos de tensión. Policía Nacional y Guardia Civil se desplegaron aquella tarde, ante acusaciones a los Mossos D’Esquadra de pasividad. El clima de votación estuvo acompañado de algunas actitudes violentas con cargas policiales como respuesta. Esta situación desembocaría en reproches continuos durante años.

El Rey Felipe VI lanzó un mensaje donde llamó a asegurar el orden constitucional. El 10 de octubre Puigdemont asumió el “mandato de que Catalunya se convierta en un Estado independiente”. Sin embargo, la posibilidad de que el Gobierno del PP de Mariano Rajoy aplicara el artículo 155 aterraba al presidente. Este apartado de la Constitución permite al Gobierno Central asumir el control sobre una comunidad autónoma para reestablecer el orden.

Así, el 27 de octubre el Parlament, sin la presencia de Puigdemont, proclamó la independencia, lo que supuso la aplicación del 155. El presidente de la comunidad huyó a la capital de Bélgica, y la Fiscalía General del Estado se querelló contra Puigdemont y sus 13 consejeros por rebelión, sedición y malversación.

La jueza Lamela envía a prisión sin fianza al exvicepresidente Oriol Junqueras, líder de ERC, y a siete ‘exconsellers’ (Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquim Forn). Estos políticos y cientos de ciudadanos que acabaron con causas abiertas son los beneficiados por la ley de amnistía.